De acuerdo con lo dispuesto por la ley, la Corte Electoral publicó las rendiciones de cuentas que le entregaron los partidos sobre sus ingresos y egresos en las campañas del año pasado. La información sería un aporte a la transparencia y a la prevención de vínculos indeseables si hubiera garantías de su veracidad, pero esto, lamentablemente, no sucede. El sistema institucional hace como si controlara la financiación de los partidos, pero se limita a registrar y difundir lo que estos declaran.

Las normas vigentes permiten auditar las declaraciones con apoyo del Tribunal de Cuentas, siempre que la Corte Electoral lo decida. Sin poner en duda que los nueve integrantes de este organismo son personas honorables, cabe señalar que cuatro de ellas representan en forma explícita a los partidos, y las otras cinco son designadas mediante acuerdos en la Asamblea General. El pedido de ayuda al Tribunal de Cuentas debe aprobarse con seis votos a favor.

Además, como no se trata de un procedimiento sistemático, se supone que hay que plantear y discutir argumentos para llevarlo a cabo. La mera desconfianza puede caer mal en la corporación, a la que se le ha adjudicado una tarea bastante alejada de las que tiene tradicionalmente y del perfil de quienes la integran.

Insuficiente e incumplida

Si alguien recibe apoyos económicos prohibidos por la ley, es obvio que no registra formalmente el movimiento de dinero ni lo declara en su rendición de cuentas a la Corte Electoral. Y como parece por lo menos improbable que esta investigue las finanzas de los partidos, el resultado es que una eventual violación de la ley puede pasar inadvertida y quedar impune. Por otra parte, incluso las obligaciones cuyo cumplimiento se controla son violadas.

En 2017, durante el anterior período de gobierno del Frente Amplio, se presentó un proyecto sobre financiamiento de los partidos que fue aprobado con amplios acuerdos en el Senado, pero naufragó en la Cámara de Representantes por la disidencia del entonces diputado frenteamplista Darío Pérez. En 2019 se decidió retomar su tratamiento en el período siguiente, pero la iniciativa quedó a estudio de una comisión especial hasta 2023, cuando ya era inviable asignar recursos a tareas más eficaces de contralor. Sólo fue reactivada porque la cercanía de las elecciones puso en la agenda de urgencias partidarias el aumento del aporte estatal a las campañas y la cuestión de la publicidad gratuita en emisoras de radio y televisión.

La ley fue promulgada el 14 de junio de 2024, y entre otras novedades estableció que esas emisoras debían cobrarles las mismas tarifas a todos los partidos por su publicidad electoral. En febrero nos enteramos de que varias infringieron esa disposición, con grandes descuentos de hasta 56% o cobrando hasta 10% por encima de la tarifa declarada. Poco antes, los dueños de medios audiovisuales privados habían alegado que su precaria situación económica les impedía dedicar cinco minutos gratuitos por hora a la difusión de propuestas electorales, reclamando una compensación estatal por el uso del bien público que utilizan con fines de lucro.

En muchos otros casos no sabemos qué pasó, porque ni siquiera se realizaron las declaraciones juradas que la ley exige. Según informó la Corte Electoral en febrero, de los 11 lemas que participaron en las elecciones nacionales, sólo dos –los partidos Independiente y Por los Cambios Necesarios– le presentaron esas declaraciones, y el Tribunal de Cuentas registró que sólo 12 de 149 medios de comunicación le remitieron las suyas.

Ante este panorama, la Corte Electoral alegó que el cumplimiento de la ley había enfrentado “dificultades, en gran medida debido al escaso tiempo disponible para su preparación”, e instó a los omisos a “elevar sustancialmente el nivel de cumplimiento de la norma legal y garantizar la transparencia” en elecciones futuras.

Ahora que hay tiempo

Aun si todas las partes presentaran sus declaraciones y si la capacidad de verificarlas se potenciara, quedarían pendientes muchos asuntos de relevancia. Urge mejorar la prevención de aportes ilegales, y en especial la del realizado por organizaciones criminales para comprar complicidades. Hay que combatir en forma integral el financiamiento de los partidos con recursos estatales destinados a otros fines, como pasa cuando se utiliza a personas pasadas en comisión para tareas de campaña, o cuando se consiguen votos mediante contrataciones y otras “gauchadas” clientelistas.

Como estamos en el comienzo de un nuevo período de gobierno, cabe la esperanza de que estos y otros temas sean abordados por el Parlamento con tiempo y rigor. Sería muy malo que se esperara a la cercanía del próximo ciclo electoral para volver a legislar de apuro, y aún peor que se encarara el asunto en forma tardía, después de algún escándalo que desprestigiara en forma simultánea a los partidos y a quienes deben controlarlos.