El último ciclo electoral terminó el 11 de mayo con las departamentales, y el día anterior Pablo Mieres adelantó, en una columna publicada por el diario El País, algunas ideas para una reforma constitucional, con miras a modificar las reglas de juego definidas mediante la que se aprobó en 1996. Luego se sumaron otras propuestas lanzadas desde el Partido Colorado (PC), y la semana pasada, en Búsqueda, el politólogo Adolfo Garcé resumió estas iniciativas y lanzó algunas más. El tema aún no está instalado como prioridad en el sistema partidario, y no lo estará hasta que lo hagan suyo, desde las fuerzas políticas mayores, dirigentes de peso frenteamplistas y nacionalistas, pero ya es posible plantear algunas reflexiones sobre lo que vendrá.

Antecedentes

En 1996 se establecieron las internas para definir candidaturas únicas de cada partido a la presidencia de la República, la posibilidad del balotaje si ninguna de ellas logra la mayoría absoluta de los votantes, el fin de la acumulación por sublemas para la Cámara de Representantes y la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y departamentales. Fueron cambios profundos, y es muy razonable que casi 30 años después se los evalúe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en este asunto, las fuerzas partidarias suelen hablar de lo que resulta conveniente para el país cuando tratan de impulsar lo que conviene a sus propios intereses, y están dispuestas a aceptar como contrapartida lo que les interesa a otras, si no es contradictorio con sus objetivos. Es importante identificar qué busca cada una para prever en qué medida es posible un acuerdo.

Antes de la reforma de 1996, la preocupación central de blancos y colorados era que el crecimiento del Frente Amplio (FA) ya lo había llevado en las elecciones de 1994 a un respaldo electoral similar al de los lemas llamados tradicionales, y permitía proyectar que lograría el tercio mayor en 1999, como efectivamente ocurrió. El antídoto que idearon fue la segunda vuelta, y por ella tuvieron que pagar un alto precio.

Hasta entonces, cada lema podía acumular votos de candidaturas múltiples a la presidencia, que le correspondía al postulante más votado dentro del partido más votado. Sumarle a este sistema un balotaje habría sido grotesco (entre otras cosas, porque podía quedar fuera de él uno de los dos candidatos más votados del país), y además el general Liber Seregni, en aquel entonces presidente del FA y negociador en su nombre de la reforma, sólo aceptó la segunda vuelta a cambio de candidaturas únicas por lema.

El acuerdo alcanzado por Seregni no fue respaldado por la mayoría del FA y el general renunció a la presidencia de esa fuerza política, pero ya era tarde para modificar el proyecto, que se aprobó en plebiscito por escaso margen y con división de opiniones entre los frenteamplistas.

Perspectivas

Ahora Julio María Sanguinetti maneja la posibilidad de dejar sin efecto las concesiones que realizó en 1996, con el regreso de las candidaturas múltiples a la presidencia por lema y de la acumulación por sublema para elegir diputados, manteniendo la segunda vuelta y facilitando la acumulación electoral de la Coalición Republicana (CR) sin que esta se convierta en un partido. Son ideas escandalosas y sin posibilidades de éxito: por su contenido, porque el declive del PC devalúa sus planteos y porque ni siquiera se trata de una posición colectiva de la dirigencia colorada.

Las iniciativas lanzadas por Mieres y por Pedro Bordaberry son menos drásticas y comparten la idea de acortar el ciclo electoral, cuyas exigencias son mayores para los partidos con menos recursos. El líder del Partido Independiente agrega propuestas atendibles sobre la representación proporcional en las juntas departamentales (en vez de la actual mayoría asegurada para el lema ganador) y el voto electrónico, junto con una más discutible, que apunta a eliminar la simultaneidad y la homogeneidad de procedimientos para que cada partido defina su candidatura presidencial.

En todo caso, lo más relevante va a ser qué posiciones adopten el FA y el Partido Nacional (PN). El principal objetivo de los blancos es consolidar a la CR como amplificador de su peso electoral; el de los frenteamplistas, lograr mejores condiciones para crecer en el interior, especialmente en los departamentos donde el fuerte desequilibrio de poderes a favor del Ejecutivo favorece el predominio histórico del PN (y en Rivera el del PC). Fortalecer la descentralización y a los gobiernos departamentales es un objetivo declarado del FA, pero esto no significa fortalecer a los intendentes.

Lo que quiere el PN no le conviene al FA, y viceversa. Además, existe para ambos el riesgo de que los tiros salgan por la culata: el poderío de los ejecutivos también beneficia a los frenteamplistas en los departamentos que gobiernan; las facilidades para la CR pueden ser aprovechadas mañana por el FA en una alianza electoral con otros partidos. Una transacción en la que ambos ganen más que lo que pierdan quizá sea posible, pero va a resultar muy difícil.