Pobreza infantil: se agotó el tiempo de los diagnósticos y los discursos

Desde que Juan Pablo Terra alertara acerca de la “infantilización” de la pobreza, en 1989, han pasado varias décadas de cambios, ajustes y medidas que intentaron dar respuestas a uno de los mayores problemas sociales de Uruguay. Ajustes de dispositivos históricos como las asignaciones familiares (Plan de Equidad) y programas e instrumentos relativamente innovadores (mayormente focalizados) lograron incrementar la cobertura, al incorporar a un número creciente de niños y adolescentes al sistema de protección social. Sin embargo, si consideramos la evolución de la pobreza en los menores de 18 años, registramos un crecimiento sostenido desde 2018 a la fecha, con el agravante de la pandemia declarada en 2020.

Aunque los logros obtenidos en los 15 años de gestión progresista (2005-2020) fueron muy significativos, en la medida en que la pobreza global pasó de casi 40% en 2004 a 9,4% en 2019, en tanto que la pobreza en la primera infancia, es decir en el tramo de 0 a 5 años, pasó de 61,3% en 2004 a 18,3% en 2019, es preciso señalar que la tendencia descendente se frenó en 2018, cuando registró 18,6% en ese tramo etario, cifra que trepó a 21,3% en 2020, sin considerar los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística, que modificó la metodología de 2006.

A esta altura, si coincidimos todos en que la pobreza infantil es un problema estructural que no ha podido resolverse más allá de los esfuerzos fiscales desplegados por los gobiernos de turno, entonces las respuestas deben asumir un carácter radical, sostenido, profundo y estructural. Varias investigaciones dan cuenta de un sistema disperso y fragmentado de transferencias e instrumentos de protección social dirigidos a la infancia y la adolescencia. Los hogares que han recibido mayormente las prestaciones en una modalidad u otra no han superado el drama de cubrir adecuadamente las necesidades humanas básicas de los hijos y las hijas a su cargo.

Hoy gobierna el Frente Amplio, que expresó inequívocamente las prioridades expuestas en los Avances del Plan de Gobierno: “Reducir de manera significativa la pobreza infantil [...]; priorizar la atención a las adolescencias con equipos territoriales y propuestas integrales [...]; fortalecer la articulación y coordinación de las políticas públicas y reformar la matriz de protección social [...]; combatir todas las formas de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes [...]; atender de forma urgente la desnutrición materno-infantil [...]; generar un plan de acompañamiento integral e integrado a las mujeres embarazadas. Estos son algunos de los objetivos desarrollados en el Plan de Gobierno 20025-2029, que apuntan al ‘núcleo duro’ de la pobreza”.

Teniendo en cuenta el proceso iniciado con el Diálogo Social, el gobierno actual ha manifestado que incluirá el abordaje de la pobreza infantil destinando los recursos que sean indispensables para revertir una tendencia moralmente inaceptable. Desde mi perspectiva, se necesita una dosis de audacia innovadora para reformar el Sistema de Protección Social y avanzar sustancialmente en tres direcciones: 1) expansión de la cobertura para alcanzar la universalidad de las prestaciones a todas las infancias y las adolescencias; 2) unificación y concentración en un solo dispositivo o instrumento, para hacerlo más eficiente y eficaz; 3) incremento sustancial de las transferencias unificadas.

En esta dirección, la implementación de un ingreso básico garantizado de carácter universal significaría conceptual y prácticamente un paso enorme en la protección de nuestra infancia y adolescencia. Desde luego, en la medida en que actualmente coexisten dos regímenes de asignaciones familiares, la estrategia deberá ser progresiva, gradual y escalonada, de forma tal que el ingreso básico garantizado para la infancia sustituya los diversos dispositivos de protección y asistencia en un plazo razonablemente corto. Teniendo claros los objetivos, los recursos fiscales provienen de los asignados actualmente y de los incrementales que resulten necesarios, para lo cual ensayos y propuestas concretas con costos previstos, fuentes de financiamiento y simulación de impactos proyectados en los primeros cinco años forman parte del repertorio de medidas plausibles con las que cuenta el presidente Yamandú Orsi desde octubre del año pasado.

En este sentido, cabe señalar que un equipo de técnicos (muchos de los cuales son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social) trabajó incesantemente durante todo 2024 y que, asimismo, se contó con aportes de reconocidos expertos del Instituto de Economía y de organismos internacionales para concluir en una propuesta realista, alineada con el programa del FA, que proyectó un impacto –a modo de ejemplo– de reducción de la pobreza en los menores de 6 años de 20,1% a 13,3% para 2029. Conforme se propongan metas más exigentes, los ajustes de los dispositivos y su consecuente financiamiento se pueden estimar con relativa precisión en función de las paramétricas consideradas.

Desde luego, esto implica simultáneamente hacer ajustes en la estructura tributaria, sin que por ello deban crearse nuevos impuestos, en la medida en que será suficiente aplicar recalibraciones o nuevas ponderaciones de la estructura general. La propuesta del PIT-CNT va precisamente en esa dirección y aunque en su proclama del pasado 1º de Mayo menciona la aplicación de un impuesto a la riqueza, es preciso señalar las dificultades operativas de esto, que de igual modo pueden superarse mediante ajustes de los impuestos al patrimonio y a la herencia y del IRPF (categoría I, rentas de capital e incrementos patrimoniales), así como a través de la revisión exhaustiva de la renuncia fiscal y sus posibles efectos recaudatorios. Las estimaciones hechas por economistas que colaboraron en la proyección de impactos en la reducción de la pobreza infantil arrojan escenarios factibles y realistas, que superan largamente las previsiones presupuestales.

Si, como pensamos muchos, este gobierno progresista y de izquierda tiene la intención de aplicar políticas públicas robustas y sostenidas, esta es la hora. Aun cuando la ley del presupuesto quinquenal habrá de aprobarse en unos meses, existen en la cartera de opciones varias alternativas para iniciar de manera inmediata las reformas y las intervenciones para abatir la pobreza infantil. Los diagnósticos abundan y sobra la retórica; es hora de ejecutar decisiones políticas.

Christian Adel Mirza es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.