Dos datos bastan para aproximarnos a la comprensión de la situación laboral actual. El primero se refiere a las personas que reciben lo que el PIT-CNT llama “salarios sumergidos”, equivalentes a menos de 25.000 pesos mensuales por 40 horas de trabajo semanal (poco más que el mínimo nacional de 23.064 pesos). Según el Instituto Cuesta Duarte, en 2023 eran cerca de 550.000, un tercio del total de las ocupadas y 100.000 más que en 2019. El “veinticincincomilpesismo” afecta más a las mujeres, las personas jóvenes, las residentes fuera de Montevideo y las que trabajan en el sector privado.

El segundo dato es la cantidad de inscripciones para Uruguay Impulsa, la versión mejorada del programa antes llamado Oportunidad Laboral, también conocido como Jornales Solidarios, que ofrece empleos transitorios por cuatro meses, con jornadas de seis horas y una remuneración de 19.728 pesos. Se anotaron 160.000 personas para el sorteo de 5.500 puestos de trabajo.

Quienes se inscribieron están mucho peor que las personas “veinticincomilpesistas”, ya que los requisitos para Uruguay Impulsa son tener de 18 a 65 años, sin empleo público o privado, sin subsidios por desempleo o enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución personal. Sólo una de cada 29 personas anotadas accederá durante unos meses al 80% de un salario sumergido. Quedarán fuera 154.500.

Unos mucho y otros nada

Uruguay no es un país pobre en términos de producción y nuestro producto interno bruto por habitante es uno de los mayores de América Latina, pero detrás del promedio hay una gran desigualdad, con una multitud lejos del nivel de ingresos adecuado para una vida digna. Para resolver este grave problema, aumentar el crecimiento económico es necesario pero no suficiente, y además requiere romper un círculo vicioso, porque la población pobre e indigente aporta poco a ese crecimiento.

El gobierno pasado se vanaglorió de haber logrado un crecimiento de la cantidad de puestos de trabajo, pero la demanda para Uruguay Impulsa señala una clara insuficiencia, y en lo referido a la calidad, basta con ver ese bochorno del tercio de “veinticincomilpesistas”.

Jornales Solidarios comenzó en escala nacional a mediados de 2021, por iniciativa de un grupo de intendentes y como respuesta tardía al aumento del desempleo que acompañó a la emergencia sanitaria. Casi 230.000 personas participaron en los sorteos de 15.000 puestos de trabajo transitorios, en aquel momento con 12 jornales por mes que sumaban 12.500 pesos. Los ganadores realizaron tareas dispuestas por los gobiernos departamentales, pero pagadas por el central.

Estaba previsto que el programa se mantuviera hasta el 30 de noviembre, pero fue prorrogado y luego se reeditó en todos los años siguientes, con una parte minoritaria del financiamiento a cargo de las intendencias y siempre con interrupciones de algunos meses luego de cada fase. La retribución se mantuvo en 2022 y aumentó a 13.000 pesos por doce jornadas en 2023 y 2024.

Antes de que se aprobaran las leyes correspondientes a cada nueva edición, se planteó el añadido de servicios de formación laboral, para aumentar las oportunidades futuras de las personas que accedieran a él, pero nunca hubo mayoría parlamentaria para aprobar ese cambio. Tampoco se atendió el reclamo de que hubiera evaluaciones para mejorar futuras políticas de empleo.

Mejor, pero...

La primera edición de Jornales Solidarios, en medio de la emergencia sanitaria, fue la que tuvo el mayor número de aspirantes, pero a partir de 2022 y hasta las inscripciones de este año, la cantidad se ha mantenido sin grandes variaciones. Esto indica que la experiencia laboral ofrecida no aumentó la probabilidad de obtener un empleo mejor, de modo que el grueso de las personas que accedieron a ella sigue viviendo de changas con baja remuneración.

El nuevo programa Uruguay Impulsa, aprobado a comienzos de este mes, incluye capacitación a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con jornadas de seis horas de lunes a viernes durante cuatro meses. Uno de los días de la semana estará dedicado a capacitación, la remuneración será mayor que la de Oportunidad Laboral, y las madres con hijas o hijos de hasta tres años trabajarán cuatro horas en vez de seis, sin que eso disminuya el pago.

Además, se prevé un seguimiento personalizado de las personas que participen, para mantenerlas vinculadas con políticas públicas que mejoren su capacidad de inserción autónoma en el mercado laboral. Hay sin duda un perfeccionamiento de la herramienta, que se quiere institucionalizar con un presupuesto permanente y definiciones más afinadas, pero resulta obvia la existencia de problemas de fondo que Uruguay Impulsa no puede resolver.

El núcleo duro de personas sin ingresos personales estables es parte de una población activa mucho mayor que no accede a empleos de calidad, como muestran los datos sobre “veinticincomilpesistas”. Que tanta gente se quede atrás no sólo es un escándalo ético, sino también una traba que frena el desarrollo humano y económico del país. Como cantaba Patxi Andión hace más de medio siglo, no hay salvación si no es con todos.