Hace una semana fue el Día de las Trabajadoras Domésticas. La fecha se eligió para conmemorar que el 19 de agosto de 2008 se reunió por primera vez el grupo 21 de los Consejos de Salarios, correspondiente al trabajo doméstico remunerado. Que eso haya ocurrido hace apenas 17 años puede dar la impresión de que el reconocimiento de derechos en esa área laboral fue muy tardío en Uruguay, pero lo cierto es que resultó pionero en escala mundial.

Nuestra Ley 18.065, con normas para la regulación del trabajo doméstico, fue aprobada en 2006. Recién en 2011 la Organización Internacional del Trabajo estableció su primer convenio para el sector. Uruguay lo aprobó en 2012 y fue el primer país en ratificarlo.

Son muy relevantes los derechos conquistados, que incluyen salarios mínimos y reajustes; acceso a prestaciones de salud, desempleo y retiro; horarios definidos con descansos y licencias; pagos por antigüedad, nocturnidad, presentismo, horas extras y despidos totales o parciales. De todos modos, hay asuntos pendientes de gran importancia, no sólo en lo referido al cumplimiento de las normas, sino también en definiciones clave para una relación laboral justa. Así quedó de manifiesto en una carta abierta de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Laccu), que se desempeña desde 2008 como representante del sector patronal en la negociación colectiva.

Trabajo domesticado

No era fácil identificar a “la organización más representativa” de quienes emplean servicio doméstico, para cumplir con la legislación laboral. La ausencia e inviabilidad de una cámara patronal tiene mucho que ver con el origen precapitalista de ese trabajo: la servidumbre de personas criadas, desde la infancia, en hogares de clases altas y obligadas a cumplir todas las tareas que se les encomendaran a cambio del sustento.

Aún más arcaica y profunda es la concepción patriarcal que desvaloriza e invisibiliza tales tareas, etiquetadas como improductivas pese a que son esenciales para la realización de todos los demás trabajos humanos. El mismo problema conceptual se planteará cuando se incluya en los Consejos de Salarios al sector de asistentes personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

La convocatoria aceptada por la Laccu tuvo además algo de incongruente, porque el término “ama de casa” designa a una mujer que se ocupa de las tareas de su hogar, pero aquí se trata de las que no lo hacen por sí solas y emplean a una “muchacha que las ayuda”, de modo que quizá podía emplearse la definición de “ama” a secas por parte de la Real Academia Española: “Persona que tiene a su servicio uno o más criados” (en su enorme mayoría, criadas).

En todo caso, había algo de promisorio en la elección, porque la Laccu, creada en 1995 por 29 mujeres, tiene desde el comienzo el objetivo prioritario de lograr un régimen jubilatorio para las amas de casa, y por lo tanto cabía esperar de ella la voluntad de valorizar el trabajo doméstico y cierta empatía hacia quienes lo realizan en forma remunerada. La mencionada carta abierta defrauda, lamentablemente, esas expectativas.

Falta de categoría

La Laccu se opone al establecimiento de categorías laborales, reclamado desde el inicio por el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. Este alega, con razón, que tareas como las de limpieza, cocina y cuidados no deben considerarse intercambiables, exigen acuerdos previos y justifican diferentes remuneraciones.

Ante la reivindicación sindical, la Laccu maneja argumentos ideológicos irritantes. Sin embargo, es crucial entender que en este caso, como en otros, la legislación avanzada requiere construir nuevos consensos. Sin ellos, el uso del poder estatal para asegurar que se cumplan las normas seguirá siendo ineludible pero puede resultar infructuoso.

La Laccu sostiene que la parte empleadora “no lucra con una plusvalía como en otras ramas de la actividad económica, pues no obtiene ninguna ganancia del trabajo de las empleadas domésticas”. También arguye que contratan servicio doméstico personas “que han estudiado o tienen una empresa o un trabajo mejor remunerado que limpiar una casa”, y que no corresponde “castigarlas” por tener mejor nivel educativo o económico.

“Si tenemos la categoría de cocinera, la que cocina y ensucia no va a querer limpiar lo que ensució porque fue contratada para cocinar, no para para limpiar. En la construcción ya pasa”, afirma la asociación. La Laccu se declara, además, “muy agraviada” porque “el sindicato dio a publicidad la plataforma que presenta en la mesa de negociaciones, y se supone que esos son temas que no deben trascender el ámbito privado”. Termina señalando, con gran transparencia y no menor desconocimiento de lo que es una negociación laboral, que rechazan las categorías porque van en contra de su bolsillo.

Este discurso se arraiga en la división ancestral entre producción y reproducción social, lejos de la concepción moderna de la “economía del cuidado”. La distancia es insalvable sin educación.