“Vivir no es sólo estar vivo biológicamente, sino que vivir es tener que decidir constantemente qué vamos a hacer con nuestra existencia” (Ortega y Gasset).
La vida es el bien más preciado del ser humano y se extiende desde el nacimiento hasta la muerte. La Constitución de la República protege el goce de la vida y la libertad, pero no obliga a vivir cuando esta no se soporta.
Actualmente está en trámite en el Parlamento un proyecto de ley que tiene como objeto regular y garantizar el derecho individual de las personas a demandar asistencia médica para adelantar la muerte cuando enfrentan situaciones que menoscaban su calidad de vida, causándoles sufrimientos que les resultan insoportables de forma irreversible. Se trata de habilitar un camino para morir dignamente si así el paciente lo demanda, haciendo uso de su libertad.
No es un servicio que se ofrece: es un derecho, que debe cumplir con los requisitos que establece la ley. No descarta los cuidados paliativos que siempre deberían estar presentes como alternativa viable de elección.
Hablar de dignidad supone distintas interpretaciones, pero no se puede ignorar la propia de quien sufre sin expectativas de mejoría. En esas situaciones se debe respetar si para alguien su vida no es tal, sino una carga personal no soportable.
El proyecto en cuestión amplía la agenda de los derechos humanos y se basa en legislaciones similares existentes desde hace décadas en otros países del mundo. La demanda de la población está comprobada por diversas encuestas profesionales, así como en el interés expresado en eventos presenciales o digitales que van desde diálogos, foros, medios de comunicación u otros. Los cuidados paliativos no se oponen a este nuevo derecho; por el contrario, deben estar disponibles y ser una alternativa de elección para la persona.
El proyecto de ley de eutanasia constituye una forma de respeto a las diversas maneras de concebir el final de la propia vida, asegurando condiciones garantizadas médica y legalmente.
No obstante, un sector minoritario de la población se manifiesta en contra de la eutanasia por razones filosóficas, religiosas u otras que rechazan el derecho a adelantar su propia muerte al considerar que la vida no pertenece a la persona sino a poderes superiores. Hay que recordar que el proyecto de ley en curso para legalizar la eutanasia no obliga a nadie. Se trata de un derecho que se puede ejercer o no de acuerdo con la voluntad individual.
La eutanasia, si es demandada y está dentro de las condiciones que marca la ley, asegura una muerte asistida digna y cumple con el derecho del paciente. Va acompañada de robustas garantías tanto para el paciente como para el equipo médico. Las primeras protegen la legitimidad del proceso para el paciente. Las segundas protegen al equipo médico liberándolo de culpa al satisfacer la demanda de eutanasia del paciente. Además, en este proyecto de ley se asegura la libertad de los integrantes del equipo médico ya que contempla el derecho de estos a plantear objeción de conciencia.
Siendo un derecho, la práctica de la eutanasia compromete a los prestadores de servicios médicos a disponer de los medios para llevarla a cabo cuando estén dadas las condiciones que marca la ley.
En suma, este proyecto de ley constituye una forma de respeto a las diversas maneras de concebir el final de la propia vida, asegurando condiciones garantizadas médica y legalmente.
El proyecto estuvo sometido a un larguísimo periplo legislativo en la legislatura anterior y aún en la presente sufre demoras. Aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se ha anunciado que llegará al pleno de esa cámara el 12 de agosto.
Esperamos que este cuerpo legislativo discuta y apruebe el proyecto para que pueda ser considerado a la brevedad por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y por el plenario.
No queremos más dilaciones: hay seres sufrientes que esperan.
Clara Fassler, Alicia Fajardo, Italo Bove e Isabel Villar son integrantes de Muerte Asistida Digna en Uruguay.