La creación, en 2006, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) significó un salto relevante en las políticas científico-tecnológicas y de innovación para el país, y eso fue reconocido por todo el espectro político y por los actores participantes de la investigación e innovación. Sin embargo, desde hace meses la presencia de la ANII en los medios, lejos de vincularse con temas propios, lo ha estado en relación con posicionamientos geopolíticos. Esa trayectoria tiene un único responsable nacional: la administración de Luis Lacalle Pou, que, por convicción o presión, ha cedido a lo promovido por la embajada israelí y la constelación de instituciones judías y sionistas nacionales.

A fines del año pasado, Lacalle Pou concretó su compromiso efectuado ante las organizaciones referidas de avanzar en una presencia de la institución pública uruguaya en Jerusalén. Una definición muy polémica y de claro contenido geopolítico, dado el particular estatus jurídico internacional que tiene la ciudad santa para tres religiones. Es sabido el interés israelí por apropiarse legalmente in totum de esta, y militarmente ya lo ha hecho desde 1967. Cualquier avance en ese sentido, a contrapelo de múltiples definiciones específicas de las Naciones Unidas, será bienvenido por autoridades israelíes y colectivos sionistas.

¿Lo político sobre lo tecnológico?

El formato, que inicialmente sería una oficina comercial, decantó en la llamada “oficina de innovación y emprendedurismo”. Para ello se redactó rápidamente un convenio marco de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén (HUJ). Este convenio, redactado por israelíes, no derivó de un relacionamiento creciente entre ambas instituciones y de actores involucrados de ambos países (investigadores, empresas innovadoras, emprendedores, etcétera), sino que le fue indicado a la ANII desde las máximas jerarquías políticas. Las propias declaraciones gubernamentales lo documentan, pero también lo confirma el hecho de que ni en el Plan Operativo Anual 2024 de ANII, ni en el correspondiente al año 2025, hay siquiera una mención a la apertura de la oficina en Jerusalén.

En el informe de la consultora externa Auren, que auditó el estado financiero de la ANII hasta el 31 de diciembre de 2024, no aparecen tampoco referencias al acuerdo ni al gasto implicado. Los fondos aprobados (129.688 dólares) en la sesión del 18 de diciembre de 2024 del Directorio de la ANII seguramente fueron incorporados al rubro de uso discrecional y excepcional de ese organismo. Esto demuestra, una vez más, que la oficina y sus gastos no estaban planificados y, aun cuando las actividades de cooperación a realizarse no estaban precisadas, los fondos aprobados fueron transferidos de inmediato, de un modo inhabitual para la agencia.

Siendo la primera -y única- oficina en el exterior de la ANII, cualquiera pensaría que la decisión derivó de un pormenorizado análisis de múltiples posibles ubicaciones, considerando variados factores, como la intensidad de intercambio comercial entre los países, participación en eslabones de mismas cadenas de valor, antecedentes de investigaciones conjuntas entre equipos de científicos, etcétera. No, eso no estuvo considerado en lo previo. La decisión fue demostrablemente política.

Hace unos días se supo que el actual gobierno suspendió el funcionamiento de la llamada Oficina de la ANII. Una medida pretendida desde hace tiempo por un amplio arco de actores institucionales, sociales y políticos. Incluso, había sido reclamada por la dirección de la propia fuerza política en el gobierno. En estos días la discusión está escalando. Ya dirigentes de la oposición afirman —a pesar de lo descrito más arriba— que “el gobierno confunde lo político con lo comercial, lo privado y lo académico”. La que confundió lo académico con lo político fue la administración pasada, llevando a que nuestra principal agencia de promoción científico-tecnológica quedara entrampada en la discusión geopolítica.

La que confundió lo académico con lo político fue la administración pasada, llevando a que nuestra principal agencia de promoción científico-tecnológica quedara entrampada en la discusión geopolítica.

Personalmente, considero que hay motivos de sobra para cuestionar desde nuestra soberanía el relacionamiento con un Estado como el israelí, responsable de masacres periódicas e insensible al reclamo que la mayor parte del mundo le hace para que cese las prácticas genocidas, y existen muchas vías para hacerlo. Pero no pretendo entrar aquí en esa discusión, sino cuestionar directamente el “magnífico” acuerdo del que algunos hablan sin saber siquiera su contenido. En pocas líneas es posible demostrar su inconveniencia.

Vení, que te hago la cooperación

Cuando se analiza la descripción financiera de la cooperación ANII-HUJ, se constata:

  • No es un acuerdo efectivo de cooperación científica-tecnológica ni de promoción entre empresas innovadoras. Tampoco se prevén proyectos de investigación conjunta. Es sólo la oferta de cursos para estudiantes y talleres para emprendedores y funcionarios brindados online desde Israel. El monto destinado a esas actividades implica 50.000 dólares.

  • Se solventa el alquiler mensual de 2.000 dólares (24.000 dólares al año) de una oficina física para un par de personas. De acuerdo a lo planteado antes, es evidente que no tiene razón de ser dicho alquiler.

  • La ANII paga al coordinador radicado en la HUJ (30.000 dólares por año), pero además paga un overhead (gastos operativos y administrativos) a la propia HUJ que corresponde al 25% del programa, es decir, 25.000 dólares. Es común que las universidades e institutos de investigación incorporen a los proyectos postulados por investigadores un overhead. Se supone que eso representa gastos institucionales inherentes (administración, comunicación, infraestructura, etcétera). En Uruguay este ronda el 10% y la propia ANII lo reconoce en los proyectos que aprueba. No conozco antecedentes del 25%.

En suma, por organizar y cobrar algunos cursos y talleres online, la HUJ le cobra a la ANII un coordinador, el uso de una oficina y un overhead. En total, 79.000 dólares, es decir, el 61% de los fondos del proyecto. Para recibir cursos online valorados en 50.000 dólares, la ANII paga 79.000 dólares a la institución israelí. Hoy sabemos que hasta el momento ni en la oficina se ha hecho nada, ni hay nadie, y que los cursos tampoco se iniciaron. Sin embargo, como dijimos, el dinero se transfirió precozmente en diciembre, luego del balotaje.

Se supone que en una cooperación coparticipan sus integrantes que asumen costos y labores, y no parece razonable que se cobre overhead entre partes. Sí se hace si lo que se brinda es un servicio. El acuerdo impulsado por el gobierno de Lacalle Pou, y aprobado por el Directorio anterior de la ANII, muestra que nos encontramos frente a una mera oferta de servicios donde la HUJ factura, además, para sí misma.

La ANII a lo largo de sus casi dos decenios de vida ha firmado múltiples acuerdos de cooperación con instituciones científicas. Nunca se planteó, ni siquiera se discutió internamente, su presencia internacional a través de la radicación física en el exterior. Si se considerara que es una necesidad internacionalizar su presencia física permanente, debería hacerlo luego de un adecuado análisis comparativo de las alternativas, de la definición de objetivos precisos y de un plan de desarrollo.

Mal ha hecho la administración de Lacalle Pou en geopolitizar a la ANII. Es hora de que nuestra principal agencia pueda planificar políticas de desarrollo científico e innovativo enmarcadas en las necesidades productivas y sociales que nuestro país defina.

Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue presidente de la ANII.