En la mañana del domingo, la Policía incautó más de dos toneladas de cocaína que estaban en una chacra de Punta Espinillo, listas para ser llevadas a un barco en alta mar y enviadas a Europa. Una avioneta las había traído a Uruguay en noviembre y los narcotraficantes las habían almacenado primero en un establecimiento de la zona de Playa Pascual. Se capturó a seis personas presuntamente integrantes del grupo Los Albín, cuyo cabecilla había sido detenido en marzo y que coordina sus actividades con el narcotraficante prófugo Sebastián Marset.
El éxito de la operación Nueva Era, en la que participaron varios organismos del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Prefectura Naval, tiene valor por sí mismo y porque nos recuerda cuáles son las prioridades para frenar y revertir el avance en nuestro país de esta modalidad de crimen organizado.
La prevención bien entendida
En los últimos años fueron frecuentes las noticias sobre grandes cargamentos de cocaína descubiertos en puertos europeos y provenientes de Uruguay. Esto no significó siempre que la droga hubiera pasado inadvertida en los controles portuarios montevideanos, porque en algunos casos las autoridades permitieron su tránsito, en coordinación con fuerzas de seguridad de otros países, para facilitar detenciones al arribo, pero la insuficiencia de los dispositivos de inspección fue notoria durante demasiado tiempo. De todos modos, es preciso hacer mucho más que mejorarlos.
La cocaína enviada a Europa desde Uruguay no se produce en nuestro país; sale porque antes entró, y no pasa rápidamente por un corredor, sino que permanece un tiempo almacenada. Mejor que frenarla en el puerto es identificar y eliminar un sitio de acopio, como sucedió el domingo y en otras ocasiones anteriores. Y mejor aún es impedir su ingreso al territorio nacional. Todo esto requiere un énfasis eficiente en tareas de inteligencia, investigación y cooperación internacional.
Además, hay que tener presente que el narcotráfico, como el agua, se desplaza por el trayecto más accesible: Uruguay se convirtió en un país de acopio de drogas ilegales, con mayor presencia de grandes operadores, porque presentaba oportunidades mejores que las de otros países. Si estas disminuyen, será probable que la actividad criminal busque nuevas rutas. Las dimensiones del mercado interno son poco tentadoras.
No se trata sólo de revertir las precariedades fronterizas y aduaneras, sino también las relacionadas con la prevención del lavado de activos y del acceso ilegal a la tenencia de armas y municiones. Por supuesto, sería imprudente descartar que además de recursos insuficientes o incompetencia haya compra de complicidades, y a medida que la implantación del crimen organizado aumente, eso será cada vez más probable y puede volverse inevitable, según indica la experiencia internacional. El contralor del financiamiento de los partidos es estratégico.
Cooperaciones
La Policía sigue cerrando “bocas”, pero el Ministerio del Interior no lo anuncia con bombos y platillos, como sucedía en el período de gobierno anterior. Es razonable, porque se trata de una tarea relativamente menor en el marco del combate al narcotráfico y sus consecuencias son a menudo transitorias. Durante cinco años, las autoridades se vanagloriaron de la cantidad de locales de venta al por menor que tapiaban, pero conviene preguntar por los barrios si eso disminuyó la oferta. Mientras hay demanda, cada “boca” que se cierra es reemplazada pronto por una o más que se abren.
El tránsito por Uruguay de cargamentos enormes, con sus apoyos de transporte, acopio y seguridad, es cualitativamente distinto de la venta al menudeo en “bocas”, pero resulta inconcebible que sean dos mundos sin vínculos entre sí. Parece muy verosímil que el muro de silencio y control territorial en torno a toneladas de droga se remunere en parte con suministro a pequeños intermediarios, que haya reclutamiento –barrial o carcelario– de secuaces por parte de los grandes traficantes y que quienes aspiran a insertarse en el negocio de estos se acerquen desde actividades menores pero conexas.
Ayer, en la conferencia “El narco nos jaquea aquí: crimen organizado y economías ilegales”, el politólogo Juan Pablo Luna señaló que evitar el avance del crimen organizado exige más posibilidades de buena vida con ocupaciones legales. Por otra parte, Luna coincidió con el presidente Yamandú Orsi sobre la importancia de que la política contra el crimen organizado se apoye en acuerdos amplios y de largo plazo. Las organizaciones criminales transnacionales se van perfeccionando en ciclos largos, acumulan experiencia e incorporan recursos cada vez más refinados; es insensato enfrentarlas con vaivenes quinquenales de las políticas públicas. Son muchas y buenas las razones para participar en el diálogo sobre seguridad pública convocado por el Poder Ejecutivo.