Aportes al Plan Nacional de Seguridad

La actual explosión de los delitos violentos –que es a los que, mayormente, me voy a referir aquí– tiene, a mi criterio, varias causas, en especial:

– La degradación moral que se vive hoy, es decir, la decadencia en los valores tradicionales, la ética y los principios a nivel de la sociedad (un factor cultural causado por la falta de educación familiar motivada principalmente por la rotura de las familias –sean estas tradicionales o no– o por relaciones familiares disfuncionales –como las llaman los expertos–, la falta de educación formal y las frustraciones juveniles derivadas de la falta de oportunidades, como el empleo, entre otras).

– La degradación social causada por la desigualdad, la pobreza y la marginalidad (la personalidad se forma según el ambiente en que se crían las personas y los pares influyen en su condición).

– Las adicciones (el abuso de sustancias o de alcohol) y el comercio de estupefacientes por sí solo.

– La reincidencia (causada por un sistema penitenciario que no rehabilita) y la sociedad, que no da una segunda oportunidad a los recuperables).

– La genética (los problemas mentales de las personas, como ser: las personalidades violentas y agresivas, las personalidades tendientes a no respetar las normas y las personas impulsivas).

Después están los problemas asociados, como la enorme expansión de las armas en la sociedad.

Pensamos atacar esta problemática con cuatro enfoques. En primer lugar, el preventivo: atacar las causas, en particular la desigualdad y la pobreza, a través de la redistribución de la riqueza y un sistema tributario justo y mejorado (impuestos a la riqueza y a las herencias, como ejemplo). En particular, por un lado, se requerirán políticas sociales amplias (con transferencias o subsidios focalizados de recursos públicos, en particular para vivienda, comida, vestimenta y salud). Por el otro, políticas educativas formales que capten a niños y adolescentes que no concurren a centros educativos y aumenten el número de los centros de educación de tiempo completo, entre muchas otras cosas. También debe apostarse a políticas educativas informales, con apoyo a las familias por parte de trabajadores sociales).

En otro orden: políticas de empleo para todos, incluso para las personas privadas de su libertad. Combate frontal al comercio de estupefacientes. Atención extrema para los problemas de salud mental. Para todo ello es necesario realizar acciones coordinadas de ministerios y organismos.

En otro aspecto, también son necesarias las políticas preventivas de educación y las políticas de recuperación del consumo problemático de sustancias prohibidas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Rehabilitación deberá cumplir su papel aumentando y concentrando los recursos en la rehabilitación de las personas privadas de libertad con probabilidad de reincidencia y en la preparación de esas personas con miras a su vuelta a la sociedad. Todo lo que haya llevado a la persona presa a delinquir debe ser tratado en la prisión para evitar la reincidencia. La escolarización de los reclusos que sufren ese mal es importante. Aparte, es de señalar la imperiosa necesidad de aumentar considerablemente el número de plazas en el sistema penitenciario, en tanto la liberación de presos sin una preparación previa para la vida en sociedad no es una solución. No estamos de acuerdo con la llamada desprisionalización para los siete delitos a los que me referiré más adelante si antes no preparamos a los privados de libertad para su vuelta a la sociedad. No se puede desprisionalizar al barrer, porque es muy difícil la rehabilitación cuando la mayoría de los presos no tiene terminada la escuela. Salvo, repito, en el caso de los delitos menores, que no es a los que me refiero aquí, para los cuales sí se puede optar por la desprisionalización.

Finalmente, a modo preventivo también, hay que eliminar el derecho a la tenencia, porte y uso de armas, salvo los casos a los que me referiré más adelante.

Propuestas en materia punitiva

Veníamos de hablar de las causas de los delitos y de su tratamiento por la vía preventiva. Cuando ya no se puede atacar las causas porque estamos frente a una conducta delictiva consumada, entonces nos adentramos en el enfoque punitivo. En esta materia planteamos –sólo para los siete delitos que se mencionarán aquí– elevar las penas en forma considerable atendiendo: a) la reincidencia (en nuestro país el 70% de las personas privadas de libertad vuelve a delinquir una vez obtenida la libertad); b) la gravedad del delito; c) la disuasión; d) la necesidad de disponer de más tiempo para la rehabilitación.

Aquellos individuos que estén inmersos en delitos vinculados al tráfico de armas y aquellos otros inmersos en los delitos previstos en el Decreto-Ley 14294 de 31 de octubre de 1974, artículos 30 y siguientes (que tratan del comercio de estupefacientes), deberían sufrir penas, como mínimo, de entre siete y 50 años de penitenciaría, ponderando para cada delito según su gravedad, pero siempre considerando como mínimo los siete años de penitenciaría a que me referí, sin perjuicio de las medidas eliminativas de 20 años. En cuanto a la rapiña, se estima una pena de ocho a 25 años de penitenciaría, sin perjuicio de los agravantes previstos en el artículo 341 del Código Penal que elevan en un tercio dicha pena. Para terminar, de tres a diez años de penitenciaría para el hurto (y de cuatro a 13 años de penitenciaría para el hurto con agravantes), sin perjuicio de las atenuantes referidas en el artículo 342 del Código Penal. Propongo sustituir la falta de que trata el artículo 365, numeral 12, del Código Penal por un delito que trate de la “Tenencia, porte y uso de armas de fuego” (prohibiéndolas), disponiendo, en caso de violación de la norma, una pena de cinco a once años de penitenciaría, con las excepciones establecidas en el Decreto 652/70, artículos 3º, 8º, 18º y 22º y los coleccionistas (ver también Decreto-Ley 10.415 de 13 de febrero de 1943). En cuanto al delito de homicidio (no se considera el homicidio culpable, que sigue igual, ni el eventual, que se regirá por los actuales márgenes del homicidio común), propongo una pena que iría de los siete a los 35 años de penitenciaría, sin perjuicio de las medidas eliminativas por 20 años ni de los agravantes especiales para los que se fija 20 a 50 años de penitenciaría y del muy especialmente agravado para el que se fija una pena de entre 30 y 70 años de penitenciaría. En cuanto al lavado de activos (y sus cómplices, coautores y encubridores), se penaría con una pena mínima de penitenciaría de entre siete y 20 años.

Las penas aquí propuestas pueden resultar muy graves, eso es cierto. Pero no hay otra alternativa. En cambio, optamos por la rehabilitación y la reeducación de la persona privada de libertad y, esperanzados en eso, proponemos establecer que a aquellos que estando recluidos hayan cumplido las dos terceras partes de su pena, se les haga un test psicológico para determinar si han resultado rehabilitados y no hay riesgo de reincidencia. Si resulta que han sido rehabilitados, pasarían a una situación de libertad vigilada hasta el fin del tiempo de su pena. Si en el ínterin vuelven a cometer un delito y son detenidos, entonces vuelven a la cárcel a culminar la condena por el primer delito, sin perjuicio de los años que les correspondan por el nuevo. Con esto creemos que se suaviza el nuevo régimen de penas.

Además, habrá que derogar (siempre para los delitos que se mencionaron) algunas disposiciones, como el “instituto de la libertad anticipada”, el de la “libertad condicional”, el de la “libertad a prueba” y el de la “libertad vigilada” (salvo para los privados de libertad que se rehabiliten y que no generen riesgo de reincidencia en los casos de los delitos que ya señalé). También considero necesario eliminar el juicio abreviado para todos los delitos.

Es obvio que esta propuesta de agravar las penas puede traer consigo un aumento de la población carcelaria. Y digo “puede” porque eso es relativo, ya que es posible desprisionalizar en otros delitos que no sean estos siete. En todo caso, proponemos aumentar decididamente el número de plazas penitenciarias para evitar el hacinamiento.

Un enfoque permisivo

Habíamos hablado de las causas de los delitos y de su tratamiento preventivo y punitivo. En tercer lugar, planteamos un enfoque permisivo. Hay que despenalizar el comercio de la cocaína y de la pasta base para que estén bajo el control del Estado, tomando como referencia toda la legislación que existe en cuanto a la regulación del mercado de la marihuana. Porque si un mercado habrá de estar en manos de delincuentes, qué mejor que desestimularlos y quitarles el negocio.

El mercado en negro no debería poder competir ni en precio ni en calidad. Eso es totalmente posible, ya que el Estado podría ofrecer el producto a precio de costo, amén de la ventaja de adquirirlo en grandes cantidades para abaratarlo, cosa que los delincuentes no pueden hacer ya que lo venden al menudeo y muy por encima del costo de origen, como se sabe. La cocaína se importaría desde países productores como Colombia, Perú y Bolivia, en acuerdo con los gobiernos respectivos (de gobierno a gobierno). Con esta medida se elimina la violencia implícita del comercio clandestino de sustancias (cocaína y pasta base), sin estimular el crecimiento del consumo, ejemplificado en el hecho de que el consumo de marihuana se mantuvo en el tiempo a pesar de su despenalización. De esta manera las bocas de venta de drogas desaparecen y para los que intentan seguir clandestinamente con el negocio proponemos el aumento de la represión y el agravamiento de las penas, como señalé. Obviamente, esta medida deberá ir acompañada por una gran y permanente campaña publicitaria en los medios masivos de comunicación, tendiente a concientizar a la población sobre los daños y perjuicios que produce el consumo de estas sustancias.

Además, y en paralelo, prevenir ese consumo en las nuevas generaciones mediante la enseñanza obligatoria y profusa en las escuelas y liceos sobre sus consecuencias dañinas. Adoptar herramientas de la lucha antitabaco, por ejemplo, colocar advertencias al consumo en los envases en que se expenderá la droga. Para las personas con consumo problemático habría que crear nuevos centros de rehabilitación.

En cuarto lugar, desarrollaremos el abordaje institucional. Hay que tener en cuenta que nada será posible si no se mejora el presupuesto del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la Nación y del Poder Judicial. En el caso de Interior, para mejorar su equipamiento e incorporar tecnología, aumentar el número de efectivos y su capacitación, aumentar su presencia en todo el territorio (incluso incrementando el número y las facultades de las comisarías zonales), y premiar fuertemente las denuncias e incluso premiar con incentivos al cuerpo policial (y no sólo a las jefaturas) si se alcanzan objetivos, entre otras medidas.

En tanto, la Junta Nacional de Drogas debería tener fuerte participación en materia de educación a la población, con el cometido de prevenir el consumo de estupefacientes y su erradicación.

Además, habrá que endurecer y aumentar los controles en materia de lavado de activos, lo que merecería un capítulo aparte. En ese sentido se trataría de elevar las exigencias que establece la actual legislación en lo que tiene que ver con el control del trazado del dinero. Habría que eliminar el secreto bancario y también disponer de personal capacitado para inspecciones, sobre todo en lo que tiene relación con la creación de sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, y escudriñar la contabilidad de los emprendimientos en general.

Es plausible la creación (decreto del 22 de abril próximo pasado) del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico y la aprobación de la Estrategia Nacional en la materia el pasado 9 de junio por parte de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluye una mejor coordinación e intercambio de datos entre los organismos estatales con competencia en la materia, como el Banco Central, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección General Impositiva, el Poder Judicial, etcétera. El sistema antilavado de nuestro país (al que me acabo de referir) necesita de más recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo una más eficaz lucha contra este flagelo. La Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en especial, es la que debería contar con más tecnología y recursos humanos, lo que implica mayor presupuesto para luchar contra esos delitos, sin perjuicio de acrecentar el número de las fiscalías especializadas en materia de lavado de activos, su tecnología y recursos humanos.

Luis Acuña es abogado.