Mientras en Uruguay la atención política se concentra en temas coyunturales como la seguridad pública, la eutanasia o los alineamientos parlamentarios, el verdadero desafío de la década permanece fuera del radar: cómo diseñar reglas para una economía digital que corre más rápido que la política y que obliga a repensar el trabajo, la educación y el sentido mismo del empleo.
Aunque el Parlamento discute en estos días el presupuesto quinquenal, sigue postergando una conversación urgente: la transformación estructural que ya está ocurriendo, sin esperar autorizaciones. Esta discusión no está en los pasillos del Parlamento, sino en la calle, donde cambian las formas de producir, aprender y vivir. La política, atrapada en lo inmediato, parece tener miedo o es incapaz de mirar hacia allí.
La discusión global no espera. En otras partes del mundo, parlamentos y foros internacionales debaten sobre los impactos de la inteligencia artificial (IA) generativa, la automatización de tareas y el poder de las plataformas digitales. Por ejemplo, en Bruselas se discute una ley de inteligencia artificial (AI Act) y en Brasil una ley de plataformas; mientras tanto, en Montevideo seguimos confiando en que el problema puede esperar.
El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial proyecta una paradoja: hasta 2030 se crearán 170 millones de empleos, pero se perderán 92 millones, sobre todo en funciones rutinarias.
El trabajo no desaparece: se transforma, lo reiterativo se evapora, los algoritmos se adueñan de las tareas mecánicas y, para cuando nos demos cuenta, la demanda habrá migrado hacia habilidades que nuestra escuela aún ni sueña enseñar. La realidad exige pensamiento analítico, creatividad, liderazgo, curiosidad y flexibilidad –y aprendizaje de por vida–; son capacidades que el mercado ya reclama.
Los jóvenes que hoy entran a secundaria en diez años trabajarán en oficios que aún no figuran en ningún plan de estudio, pero la Administración Nacional de Educación Pública ocupa sólo titulares por el presupuesto, no plantea cómo formar a esos chicos para la economía digital que ya nos atraviesa.
Uruguay supo ser pionero en protección de datos y transparencia digital, pero esas normas fueron escritas para otro tiempo: el de bases de datos estáticas. Hoy vivimos otro escenario: la IA se metió en la vida cotidiana –desde reservar un vuelo hasta elegir qué noticias leemos–. La propia Unesco recuerda que nada de esto es neutral: sin transparencia, rendición de cuentas y educación, la democracia se subordina a sistemas que nadie votó y que además se diseñan lejos, bajo intereses ajenos.
El partido de gobierno (Frente Amplio) construyó su identidad en torno a derechos sociales y redistribución; hoy necesita demostrar que también tiene un proyecto de futuro digital.
El dilema de la velocidad
Mientras la tecnología avanza a velocidades exponenciales, la política camina con la parsimonia del calendario parlamentario. ¿Cuánto tarda un proyecto de ley en el Senado? Si se sigue legislando así, siempre vamos a correr de atrás. El reto es animarse a legislar en movimiento, con normas flexibles, revisables, capaces de acompañar la curva de la innovación.
Uruguay no dicta las reglas de la economía digital, pero puede elegir cómo jugar. La escala que nos margina de las grandes ligas también nos permite movernos con agilidad, ensayar modelos propios, ser laboratorio de regulación digital. No se trata de competir con Silicon Valley ni con su espejo chino en Shenzhen, sino de decidir qué queremos que signifique ser uruguayos en la era de los algoritmos.
El partido de gobierno (Frente Amplio) construyó su identidad en torno a derechos sociales y redistribución; hoy necesita demostrar que también tiene un proyecto de futuro digital. Ciberseguridad obligatoria, debates incipientes sobre IA: son primeros pasos, no estrategia. La apuesta real es otra: educación, ciencia, innovación. Sin eso, la protección social se convierte en defensa de un territorio que se achica cada año.
Pero cada día que se posterga la conversación digital se agranda la brecha con el mundo y, cuando los gobiernos callan, deciden otros: las plataformas, los algoritmos entrenados en inglés, las multinacionales que fijan estándares invisibles. Callar hoy es aceptar que el futuro nos lo escriban desde afuera.
En Uruguay hay académicos, técnicos y emprendedores capaces de trazar caminos. El propio Estado recibe informes sobre el futuro digital, pero lo que falta no es diagnóstico, es decisión política.
Nuestro país siempre se sintió cómodo en la tradición. Sin embargo, nuestra tradición más valiosa no es la de mirar hacia atrás, sino la de adelantarse a su tiempo. La revolución tecnológica nos pone nuevamente frente al espejo. ¿Seremos pioneros otra vez o simples espectadores?
Leticia Borrazás es historiadora y directora del área de contenido estratégico de Clickplan, empresa mexicana de diseño e implementación de estrategias de marketing de contenido digital.