El proyecto de presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el domingo será el eje del trabajo legislativo hasta fin de año. No ha comenzado su tratamiento ni se sabe con certeza cuáles serán los centros temáticos del debate, pero ya es posible destacar algunos aspectos generales de la iniciativa y alertar acerca de posibles riesgos.

El primer dato es la situación fiscal heredada. El déficit de las cuentas públicas resultó mucho mayor que el anunciado por el gobierno anterior y acota las decisiones del actual.

En ese marco restrictivo, el Ejecutivo pudo haber optado por un proyecto de austeridad y recortes, con el consabido argumento de que el reparto debía postergarse hasta que creciera la torta. Fue lo que hizo el gobierno anterior en 2020, incluso antes de la emergencia sanitaria y con un déficit menor que el actual, cuando impuso por decreto, el 11 de marzo de ese año, que todos los ministerios redujeran un 15% la ejecución de sus créditos para funcionamiento e inversiones.

Sin embargo, el segundo dato es que el gobierno actual buscó y encontró espacio para combinar la corrección gradual del desequilibrio fiscal y la apuesta a un mayor crecimiento futuro con un prudente aumento de los egresos, cuyo destino desmiente a quienes critican presuntas “desviaciones neoliberales” del ministro Gabriel Oddone. Ante las dificultades, hubo una respuesta de izquierda.

Prioridades

El refuerzo de rubros presupuestales suma unos 140 millones de dólares para el primer año, y antes de sentenciar que “es poco” conviene recordar que, en el ejercicio 2024, sólo la postergación de gastos y las obligaciones impagas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sumaron 160 millones de dólares. Además, la elección de las áreas en las que se concentra el incremento de egresos previsto muestra una saludable coherencia con lo que planteaba el actual oficialismo en su campaña electoral.

Se subrayó la urgencia de desplegar políticas potentes para la infancia, y la mayor parte del incremento se les destina. Aún más notable es que otros refuerzos se asignen a áreas en las que la urgencia es indudable pero no tiene el mismo nivel de reconocimiento social.

Dos ejemplos notorios son la inclusión de avances hacia la reforma carcelaria en el presupuesto para seguridad pública y diversas políticas para reducir la desigualdad, desde las dirigidas a personas en situación de calle hasta los criterios diferenciados para aumentar salarios.

El discurso preelectoral frenteamplista señaló que la desigualdad no es sólo un problema ético, sino también un obstáculo al desarrollo del país. Esto implica, sobre todo en un período de recursos escasos, la necesidad de atender primero y más a quienes están peor. Si queremos que “los más infelices sean los más privilegiados”, deben postergarse mejoras para los menos infelices, cosa a la que estos no siempre están dispuestos.

De todos modos, las prioridades de este proyecto de presupuesto dejan en segundo plano áreas de gran importancia estratégica, incluso en el terreno de las políticas para la población más vulnerable. Es probable que se intente avanzar en algunas de ellas mediante el diálogo sobre protección social, buscando acuerdos amplios para su financiamiento, pero el resultado está por verse.

Seriedad, por favor

El desenlace de la discusión parlamentaria dependerá en cierta medida, como siempre sucede, de lo que puedan lograr quienes procuren mensajes complementarios del Ejecutivo y reasignaciones de partidas. Pero esta vez, debido a la relación de fuerzas en la Cámara de Representantes, serán cruciales las decisiones de legisladores que no integran el oficialismo. A la hora de votar, por supuesto, pero también durante el debate, cuya expresión pública puede contribuir a que la ciudadanía mejore su comprensión política de lo que está en juego, pero también puede desviar su atención hacia cuestiones menores, exageraciones y falacias.

Ya hay ejemplos de lo segundo. Por ejemplo, el empeño de algunos dirigentes opositores por atacar la modificación de cargas tributarias, pero no con argumentos que cuestionen su necesidad o su eficacia, sino con un planteamiento dogmático contra cualquier novedad impositiva.

En algunos casos, a esto se suman afirmaciones fantasiosas, como las de quienes alegan que para defender la producción y el comercio en nuestro país no hay que aplicarles el IVA –que, por cierto, no es un “nuevo impuesto”– a compras en el exterior mediante internet, sino reducir la carga fiscal a las empresas uruguayas. Si alguien realmente cree que así esas empresas pueden quedar en condiciones de afrontar con éxito la competencia desleal desde una potencia como China, demuestra un profundo desconocimiento de la realidad.

La oposición debería comprender que el objetivo no es ganar terreno en una disputa electoral precoz, sino apuntalar el desarrollo del país. Y que los golpes propinados con torpeza no sólo pueden hacerle daño al actual gobierno, sino también, y aún más, a la gran mayoría de la población.