El 14 de marzo de este año, en la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (CND, por su sigla en inglés), la embajadora colombiana Laura Gil lideró una propuesta de relevancia histórica para reformar el sistema global prohibicionista. La embajadora Gil es uruguaya de nacimiento, fue canciller de Colombia y ha sido votada en la Organización de los Estados Americanos (OEA) como secretaria general adjunta, primera mujer en ese cargo de relevancia.
Hace poco, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue intensamente criticado por afirmar que el enfoque de “guerra contra las drogas” había fracasado. Parece que en la ONU, en el espacio donde hace muchos años se debaten estas cosas y se deciden las políticas globales, le dan la razón al ministro.
En nuestro gobierno, me consta, el tema ha sido abordado con la seriedad que merece. En la Junta Nacional de Drogas (JND) y en la cancillería. No sólo de ahora. Es una línea de política exterior de Estado que en el problema mundial de las drogas ha mantenido a Uruguay como referente internacional. Lo son también las políticas públicas marcadas por la JND y que han tenido continuidad desde 1999.
Uruguay ha sido elegido por sexto período consecutivo en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, integrada por 53 estados que se van rotando en su membresía. Esta comisión se reúne anualmente en Viena y tiene organismos paralelos de carácter ejecutivo como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de carácter parajurisdiccional como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Uruguay ha sido pionero en presentar la resolución L.51/12, aprobada en 2008, sobre drogas y derechos humanos. Otra iniciativa pionera fue la de regular el mercado de cannabis en 2013. Fijó un cambio de rumbo que han seguido varios países.
La propuesta
Colombia propuso crear un Grupo de Expertos Independientes para revisar críticamente el sistema internacional de fiscalización de drogas, con enfoque en derechos humanos, salud pública y desarrollo sostenible. La iniciativa forma parte de un nuevo enfoque impulsado por América Latina, que tuvo sus antecedentes con el bloque latinoamericano que coordinó posiciones para la sesión especial de la Asamblea General de la ONU 2016. Fue respaldada por numerosos países del Grupo Latinoamérica y Caribe y otras regiones.
La resolución promovida por la embajadora Laura Gil, representante del gobierno de Gustavo Petro, fue aprobada por amplia mayoría. Se titula “Fortalecimiento del sistema internacional de fiscalización de drogas: una vía para una aplicación eficaz”. Incluye el establecimiento de un Grupo de Expertos Independientes encargado de elaborar un conjunto de recomendaciones para mejorar la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas. El grupo estará compuesto por 20 miembros: diez designados por los grupos regionales de la CND, cinco por el secretario general de las Naciones Unidas, tres por la JIFE y dos por la Organización Mundial de la Salud. Se presentarán actualizaciones sobre este proceso en los períodos de sesiones 69º y 70º de la CND, en 2026 y 2027.
La resolución se adoptó por 35 votos a favor, tres en contra y 14 abstenciones. A pesar de liderar la campaña para conseguir votos, Estados Unidos quedó aislado, acompañado solamente por Argentina y Rusia. En la fundamentación de la votación, Estados Unidos expresó: “Hemos decidido convocar una votación porque esta resolución reafirma la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos promueven un modelo de gobernanza global débil, incompatible con la soberanía estadounidense y los derechos de los ciudadanos. Rechazamos los ODS y no los reafirmaremos. La resolución tampoco reconoce la realidad de que sólo existen dos sexos: masculino y femenino”.
La droga más peligrosa se llama Donald Trump. Es un opiáceo que adormece la conciencia del mundo y de su pueblo. Un poderoso alucinógeno que distorsiona la realidad y hace creer que Estados Unidos será grande otra vez.
La exportación de Estados Unidos sin aranceles
Estados Unidos tiene dos millones de presos (incluidos centros de detención de migrantes) de los cuales casi 400.000 son por delitos de drogas, incluida la posesión simple. Estados Unidos tiene la pésima costumbre imperial de trasladar sus problemas de seguridad nacional hacia el exterior, inundando de flotas, marines y tropas especiales a cuento de la lucha contra el narcotráfico. Ahora mismo desplegó cruceros navales con 4.000 tropas y misiles en las costas de Venezuela… ¡para combatir los cárteles! Es un atentado contra Venezuela, pero lo es también para América del Sur. Brasil, con razón, está muy preocupado.
Lo hizo en 2000 con el Plan Colombia, cuando desembolsó 16.000 millones de dólares para desplegar equipos y personal norteamericano. Un fracaso total.
En 2021, la producción afgana seguía siendo el 85-90% del opio mundial y la novedad es que el consumo interno, que era muy bajo, se elevó a un millón de consumidores afganos. La ocupación de dos décadas en Afganistán no redujo ni el cultivo ni el tráfico de opio, a pesar de que Washington invirtió más de 8.000 millones de dólares en programas de erradicación, sustitución de cultivos y represión. En total, en 2001-2021 Estados Unidos gastó más de 2,3 billones de dólares, incluyendo tanto gasto directo como las deudas contraídas y los costos de atención a veteranos que seguirán hasta 2050. Lo que sí floreció fue la corrupción de jefes militares de Estados Unidos, señores de la guerra afganos y agentes locales.
El peligro del fentanilo no nace en México. Nació en la industria farmacéutica norteamericana. La oxicodona (ver El crimen del siglo en HBO, Medicina letal en Netflix o Dopesick en Star+), la cocaína en Estados Unidos, el fentanilo ilícito –que produce más de 100.000 muertes al año–, ¿quién los distribuye?, ¿qué redes criminales de Estados Unidos se dedican a ello?, ¿cuántas bandas criminales se han desarticulado?
La droga más peligrosa se llama Donald Trump. Es un opiáceo que adormece la conciencia del mundo y de su pueblo. Un poderoso alucinógeno que distorsiona la realidad y hace creer que Estados Unidos será grande otra vez. Un excitante que logra una hipomanía persecutoria, agresiva y cruel (típica de las personalidades psicopáticas) que dirige contra hombres, mujeres, niñas y niños latinoamericanos que viven y trabajan en su suelo.
En palabras de la embajadora Laura Gil: “Colombia abastece menos del 5% del mercado ilegal de drogas. No nos enorgullece esta realidad, pero ¿por qué cada colombiano siente que el problema mundial de las drogas recae sobre sus hombros? Este panel es una invitación, en el marco de las convenciones, a repensar nuestro enfoque y a abrazar verdaderamente el principio de responsabilidad compartida. Mi país ha sacrificado más vidas que ningún otro en la guerra contra las drogas que se nos ha impuesto. Hemos postergado nuestro desarrollo, dedicando a nuestros mejores hombres y mujeres y una gran parte de nuestro presupuesto nacional a la lucha contra el tráfico ilícito. Queremos nuevas y más efectivas formas de implementar el régimen global. Esto no debería ser una confrontación entre nosotros, los miembros de la CND, sino un reflejo de nuestro compromiso con la lucha contra la delincuencia transnacional. Resulta prometedor que el panel incluya expertos de fuera de Viena. Gran parte del estancamiento en el debate mundial sobre políticas de drogas se debe a la falta de transparencia en este espacio respecto de las perspectivas de otras agencias de la ONU con experiencia en salud pública, VIH, paz, seguridad, desarrollo sostenible y género, entre otros. Este proceso abre la puerta a una revisión externa del sistema, donde ya no sea juez y parte”.
Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Es integrante del Colectivo El Taller.