La situación de América Latina se agravó mucho el sábado 3, cuando fuerzas estadounidenses bombardearon ciudades venezolanas y atacaron el complejo militar Fuerte Tiuna, donde mataron a unas 40 personas y secuestraron a Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores. Horas después, Donald Trump afirmó que “el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado” y que su país “se hará cargo” de Venezuela y de su petróleo por tiempo indeterminado, “hasta que llegue el momento de hacer una transición”. Para comprender los alcances del acontecimiento, hay que situarlo en un proceso mundial de profundos cambios.

Trump dio a conocer el año pasado un documento sobre la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, en el que se proclama la decisión de usar la fuerza para asegurar el dominio hemisférico. Ahora señala sin disimulo que su prioridad en Venezuela no es ponerle fin a la dictadura presidida por Maduro, y tampoco al presunto involucramiento de ese régimen en el narcotráfico, invocado hasta el sábado. El acceso irrestricto a los recursos latinoamericanos por parte de Estados Unidos y el lucro desenfrenado de sus empresas son definidos expresamente como objetivos militares.

De hecho, la forma de “hacerse cargo” de Venezuela (Trump usó el verbo to run, como cuando se habla de dirigir una empresa) no implica la caída de ningún alto jerarca del régimen, el control armado interno permanece en las mismas manos y ni se habla de liberar a personas presas por motivos políticos o de otras medidas de apertura democrática.

Ultima ratio regum

La frase del subtítulo significa “última razón de los reyes”, y Luis XIV la mandó inscribir en sus cañones. Trump ya había empleado medios económicos para presionar a gobiernos y pueblos de nuestra región. Ahora deja claro que si eso no basta buscará el sometimiento con la descomunal fuerza militar de que dispone. El fenómeno tiene nombre: es terrorismo para restaurar una tutela imperial, e implica arrasar con el multilateralismo y el derecho internacional. Sobre esto último conviene tener presentes algunos datos incómodos.

Hay quienes creen que lo jurídico tiene un origen divino o que surge incontaminado de un manantial, con total independencia de lo político. Sin embargo, en la historia de la humanidad el derecho es una construcción política para la convivencia, necesaria como alternativa a la violencia sin control. Esto es especialmente cierto en el caso del derecho internacional moderno, edificado en gran medida sobre la base de la disuasión mutua entre potencias con gran capacidad destructiva, sobre todo después del desarrollo de las armas nucleares.

La Guerra Fría terminó, y una de sus consecuencias fue que Estados Unidos quedó sin rivales a su altura en materia militar. La nueva doctrina anunciada por Trump, consistente con el relato que impulsa desde hace años, señala como un gran error que su país haya asumido la mayor parte de la carga de garantizar el orden internacional, dejando que se aprovechara de ello el resto del mundo y en especial sus competidores. En esa tesis se apoyan los lemas sobre poner a Estados Unidos primero y hacerlo grande de nuevo, los aumentos de aranceles, las presiones para que los países europeos aumenten su presupuesto militar, el recorte del financiamiento estadounidense a organismos multilaterales y varias otras políticas en curso.

Argenzuela, Chilezuela, Uruzuela...

No se trata de defender a Maduro o al régimen que presidía, sino de percibir los riesgos para la soberanía de cualquier país latinoamericano y trabajar en la difícil construcción de una respuesta colectiva, por encima de las diferencias. Trump se jacta de hacer lo que quiere porque puede. De poder se trata.

La fuerza militar estadounidense puede poner a un país en la terrible situación actual de Venezuela, con un cerco a sus exportaciones y la amenaza de nuevos ataques aéreos. No puede, en cambio, desplegarse en el vasto y diverso territorio venezolano para controlarlo con eficacia, y mucho menos mantener bajo presiones semejantes a toda la región.

Si la nueva doctrina de dominio prevalece en el mundo, no sólo implicará que cada potencia tenga las manos libres para avasallar a “su área de influencia”. También habilitará, por ejemplo, que si la Unión Europea por fin se decide a concretar un acuerdo con el Mercosur, Estados Unidos reivindique su derecho a impedirlo. O que algún país alegue que los envíos de grandes cantidades de cocaína desde el puerto de Montevideo demuestran una complicidad gubernamental con el narcotráfico, que justifica la intervención militar contra Uruguay.

Hace tiempo que las derechas latinoamericanas agitan el fantasma de que cada país “se convierta en Venezuela”. Ahora el peligro se hace real por motivos muy distintos. El dilema es construir contrapesos económicos, sociales y políticos a la ofensiva imperialista, o, divididos, retroceder siglos para ser desdichadas colonias.