Montevideo, las personas en situación de calle y el debate que no podemos seguir postergando

Estamos en un momento político clave para definir qué modelo de ciudad queremos, qué Montevideo queremos construir para los próximos años.

Lo que viene ocurriendo en el marco del llamado Operativo Calle, particularmente en el Municipio Ch, no puede analizarse solo como una política de ordenamiento del espacio público. Estamos hablando de algo más profundo: de derechos humanos y de la forma en que el Estado decide intervenir frente a una de las expresiones más crudas de la desigualdad social, como lo es la situación de personas en calle.

Colectivos como Ni Todo Está Perdido denunciaron “formas brutales”: malos tratos, golpes y pérdida de pertenencias. No estamos ante excesos aislados, sino frente a un problema de enfoque. No se trata solo de si se aplica o no una norma, sino de cómo se la aplica y con qué lógica. La utilización de la Ley de Faltas como herramienta para abordar una problemática social compleja corre el eje del debate: transforma un problema estructural en una supuesta “falta” individual, como si la pobreza, la exclusión o la vida en la calle fueran elecciones personales.

Como sociedad, cada vez con más frecuencia invisibilizamos el debate de fondo e individualizamos una discusión que es estructural. La responsabilidad colectiva hace tiempo que decidimos no asumirla.

Desde el Frente Amplio no podemos mirar para otro lado. No podemos naturalizar que el Estado “barra” personas de un territorio para que el problema aparezca en otro. No podemos aceptar que se priorice la limpieza del espacio público por sobre la dignidad de quienes lo habitan porque no tienen otro lugar a donde ir. Montevideo no es una ciudad que expulsa: es una ciudad viva, que abraza, que contiene y que busca respuestas colectivas.

Sabemos que la situación de calle no se resuelve de un día para el otro. Es un problema estructural y multicausal, que exige políticas integrales, presupuesto, equipos territoriales, abordajes en salud mental, atención de adicciones, políticas de vivienda, trabajo y acompañamiento real. Pero justamente por eso no alcanza con operativos de “barrido”, y menos aún buscar la aceptación mediática de ciertos sectores sociales para no incomodar, capitalizando políticamente la comunicación de estos operativos.

El enfoque no puede ser punitivo: debe ser un enfoque de derechos. No se puede tratar como un problema de orden lo que en el fondo es una falla colectiva del sistema de protección social.

También es necesario revisar el rol que ocupa cada institución del Estado en este tema. El Ministerio del Interior no puede ser el actor principal frente a una problemática que no es solo de seguridad pública, sino de exclusión social. El Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo y los municipios deben tener un rol protagónico, con presencia territorial, dispositivos comunitarios y articulación real con organizaciones sociales que conocen la calle desde dentro.

Es una realidad que esta problemática es de difícil abordaje. Por eso no podemos quedarnos en análisis técnicos ni meramente políticos, ni repetir las prácticas obsoletas de siempre. Repensar las acciones que tomamos como sociedad es clave para encontrar soluciones: revisar nuestros abordajes en salud mental, enfrentar el problema de las adicciones (cada vez más frecuentes y con cada vez menos respuestas) y asumir que hay más drogas, más consumo y sustancias de pésima calidad. Entender esto como sociedad y reparar el tejido social debería ser una prioridad.

Hay experiencias que, con todas sus limitaciones, mostraron mejores resultados cuando el abordaje fue comunitario, con agentes sociales, con cercanía humana y no desde la lógica del desalojo.

Como edil del Frente Amplio, representante de montevideanos y montevideanas que nos votaron, existe la responsabilidad de poner este debate arriba de la mesa. No alcanza con gestionar lo urgente si lo urgente se hace mal. Necesitamos discutir el rumbo de estas políticas, exigir protocolos claros, formación en derechos humanos para quienes intervienen en el territorio y, sobre todo, un compromiso político fuerte para que la situación de calle deje de ser tratada como un problema a ocultar y pase a ser asumida como una prioridad social.

Un gobierno de izquierda no puede construir ciudadanía expulsando a los más vulnerables. No puede conformarse con correr el problema de una vereda a otra.

Diego Romaniello es edil departamental por Compromiso 711, Frente Amplio, y presidente de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Montevideo.