A 20 años de la Asamblea Nacional de la Cultura

Este año estamos conmemorando dos acontecimientos históricos para nuestro país, que en materia de políticas culturales acontecían 20 años atrás: la Asamblea Nacional de Cultura, del 1° y 2 de abril en Salto, y la aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana, en noviembre en Montevideo.

Es muy extenso repasar el desarrollo, con avances y desalientos, de las políticas culturales en estos 20 años en Uruguay, lo que sin dudas amerita serios estudios. Pero aquí me centraré en tres aspectos puntuales: la institucionalidad cultural y, ligada a ella, la participación ciudadana y la descentralización.

Procesos participativos

En la primera era de gobiernos frenteamplistas 2005-2020, nuestro país tuvo dos iniciativas de participación ciudadana. La primera fue la Asamblea Nacional de la Cultura (vaya clara señal del gobierno de hacerla en el interior) y la segunda, el frustrado diseño del Plan Nacional de Cultura (período 2015-2020). En el proceso se dieron otras experiencias a escala como el Plan Nacional de Danza, las conferencias ciudadanas Sumar dentro del Bicentenario o las Agendas Municipales de Cultura impulsadas desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP, 2015-2020).

Pero Uruguay no logró consolidar una política participativa real y sostenida en el tiempo, con incidencia clara. Hasta se podría decir que de las dos experiencias más amplias transitadas ha quedado muy poca documentación sobre sus procesos y resultados, y menos aún un trabajo de evaluación sobre el grado de implementación de lo emanado de dichas experiencias de participación ciudadana.

Sí se puede afirmar que han contado con muy amplios espacios ciudadanos, colectivos de artistas con diferente grado de organización, de la sociedad civil, de la academia y de otros ámbitos de la sociedad, incluso con un gran trabajo de despliegue en todo el territorio para alcanzar localidades del llamado “Uruguay profundo”.

La descentralización cultural

Tampoco en el punto de la descentralización cultural Uruguay ha logrado en los últimos 20 años consolidar un proceso de descentralización real. Hay carteras del Estado cuyo destino parece estar condenado a quedar confinado en la capital del país, como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, la OPP, a los que se suma en buena medida el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), particularmente en cuanto a sedes y servicios de cultura. La mayor política de descentralización cultural, por su alcance territorial e impacto, puede sostenerse que han sido los Centros MEC, impulsados en el primer gobierno del Frente Amplio, a los que se sumaron las Usinas Culturales (2010-2015), en algunos puntos del país¹, y en el presente período, los Espacios MEC, en pleno proceso de conformación y expansión.

El MEC dispone de algunos edificios y servicios culturales más allá de la centralidad capitalina, pero estos, en su mayoría, se encuentran cedidos a los gobiernos departamentales u otras organizaciones, y en algunos casos en que se conservan bajo la órbita ministerial no responden al desarrollo de políticas culturales en territorio; un ejemplo muy claro de ello es el chalet Las Nubes, en Salto, la casa del escritor Enrique Amorim.

Luego encontramos dentro del repertorio de fondos de fomento concursables lo que se podría catalogar como políticas de discriminación positiva hacia el interior, en particular, el Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del país o los Fondos Regionales de Cultura, que en su última edición han tenido un importante crecimiento presupuestal.

Otro antecedente de descentralización cultural, sin ser su objetivo central, fue la celebración del Bicentenario, iniciado en 2011 y que prosiguiera su accionar hasta fines del período, con una organización propia y una intensa agenda desplegada por todo el país.

De las más cercanas en el tiempo, en el período 2015-2020, desde la Dirección Nacional de Cultura, se impulsó el programa Circulación Cultural, procurando un alcance en todo el territorio del interior del país, en algunos casos con experiencias de circuitos asociadas al Ministerio de Turismo que podríamos decir exitosos, y otros que nunca llegaron a dar su primer paso.

Lo llamativo es que, casi en la totalidad de las experiencias mencionadas, la dirección o coordinación general ha sido impulsada desde la capital y no precisamente por personas del interior del país.

Por último, y sin agotar el tema, más allá de prolongados intercambios, varios ensayos y muy buenas intenciones, tampoco se ha logrado conformar verdaderas y sostenidas redes nacionales en ámbitos como bibliotecas públicas, museos, salas teatrales, o con un enfoque más comunitario, como el programa Puntos de Cultura, quedándose en un punto medio de timidez institucional.

La institucionalidad cultural

La institucionalidad cultural, que comprende los dos puntos ya referidos, fue el eje de discusión central en la Asamblea Nacional de Cultura en el ámbito de las políticas culturales. Tenía como grandes objetivos crear un Plan Estratégico de Cultura y un Consejo Permanente Nacional de la Cultura. Y si buscáramos restringir una evaluación con base en el logro de dichos objetivos, tendríamos que reconocer su fracaso. Pero como también es necesario analizar lo ocurrido como un proceso complejo y en muchos aspectos fundacional, que enriqueció a los actores participantes en diferentes dimensiones, sería necio caer en ese facilismo.

Lo llamativo es que también en ese año 2006, de ilusiones desatadas, Uruguay fue cuna de la Carta Cultural Iberoamericana, en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana. Un documento que, dando continuidad a los procesos y convenciones internacionales en la materia, sentaba las bases para esa añorada nueva institucionalidad cultural.

Lo cierto es que hoy deberíamos estar transitando aquel horizonte que se trazó en 2006, con los acumulados de estos últimos 20 años. Lástima grande que no aplicamos ningún modelo prospectivo de desarrollo y optamos por una suerte de deriva, con vientos a favor y vientos en contra.

Porque tampoco hay que dejar de lado la postergada Ley Nacional de Cultura, los proyectos avanzados y olvidados; u otros modelos institucionales ensayados como la Red Nacional de Direcciones de Cultura, plagada de buenas intenciones, o las reiteradas búsquedas de regionalizar culturalmente el mapa nacional.

Uruguay no ha avanzado estructuralmente lo suficiente en ordenar y potenciar su amplia y confusa institucionalidad cultural, diseminada, en algunos aspectos caótica, con divorcios notorios entre los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal.

Transitamos 20 años en que se han conquistado importantes logros en políticas culturales, pero al mismo tiempo no se han concretado otras aspiraciones. Lo importante es preguntarnos si las necesidades siguen siendo las mismas, si esa falta de mayor contundencia de las políticas culturales no es en parte responsable de los serios problemas de fragmentación y polarización social, del crecimiento de la delincuencia y de tantos otros problemas de nuestro Uruguay actual.

Es importante volver a generar espacios de encuentro entre los y las uruguayas para debatir nuevos presentes y futuros de las políticas culturales y el enorme desafío de pensarnos descentralizadamente, reconociéndonos en la diversidad.

Fernando Alonso es docente universitario, gestor cultural y magíster en Comunicación Estratégica.