Juan Faroppa

La actual coyuntura permitiría proponer el desarrollo de una estrategia nacional integral que aborde los problemas de seguridad y convivencia, basada en datos rigurosos y análisis continuos.

El Ministerio de Justicia, como articulador de políticas públicas, debería también ser el jerarca de una nueva estructura operativa dedicada a la investigación y represión del crimen organizado y la corrupción.

Si se atiende a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el único sujeto obligado jurídicamente, tanto en el plano interno como en el plano internacional, es el Estado.