El equipo de Daniel Martínez en derechos humanos priorizará la lucha contra pobreza en la niñez, la violencia de género y la impunidad

Este lunes, el candidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez presentó su equipo de asesores en derechos humanos en La Huella de Seregni. El vocero del grupo será el ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, quien durante la presentación sostuvo que este equipo “rescata las viejas luchas, la nueva agenda de derechos y pone hincapié en lo que falta mejorar”: “niños en situación de pobreza”, la “emergencia” que representa el incremento de los femicidios y la violencia de género, reparar la “fractura social” y reivindicar “los derechos de las personas privadas de libertad, los liberados y las víctimas de la delincuencia”.

Romani manifestó a la prensa que el equipo y la fórmula oficialista son “conscientes” de que “falta mucho en todos los terrenos” en materia de derechos, pero el enfoque propuesto “aporta un camino para seguir avanzando”. Sobre los planteos que han hecho dirigentes de la oposición de derogar la Ley Integral para Personas Trans o modificar los Consejos de Salarios, Romani manifestó que “es una expresión de rencor y de odio que no merece ningún ser humano”. “En materia de derechos siempre hay que estar alerta”, agregó.

En el documento de propuestas del grupo de asesores, al que accedió la diaria, se establece que se “priorizarán” tres proyectos. En primer lugar la “protección integral de niños, niñas y adolescentes”. El equipo apunta que en Uruguay aún no se ha logrado erradicar la pobreza “por completo”, y entre los menores de 12 años esa situación alcanza a “15%” de la población. Además, establece que pondrá el énfasis en niños, niñas y adolescentes “expuestos a situaciones de violencia, consumo problemático de drogas, trabajo infantil o adolescente y hogares con déficit en cuidados parentales”, y otras situaciones que vulneren sus derechos. En relación a los menores infractores, el texto apunta que “urge avanzar en las modificaciones legales que garanticen sus derechos humanos de acuerdo a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño” y “avanzar definitivamente en la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad” para adolescentes y adultos.

El segundo proyecto que priorizará el equipo será la construcción –con enfoque de derechos– de “una sociedad más segura, menos violenta, integrada e integradora”. Para concretar ese compromiso, el equipo asegura que es necesaria la presencia del Estado “en forma coordinada e integral” en el territorio para “garantizar derechos” y “también educar en cultura de derechos para que la ciudadanía se apropie de ellos”. En ese marco, los asesores de Martínez establecen que la violencia de género y los femicidios conforman una “prioridad extrema”. A su vez, ratifican su postura contra la reforma constitucional que impulsa el ex precandidato del Partido Nacional Jorge Larrañaga, ya que “esta iniciativa vulnera derechos, promueve la militarización –despreciando la función policial– y utiliza el miedo como forma de control y chantaje ciudadano”.

Otra de las prioridades, dentro de este objetivo, está puesta en el sistema carcelario y las personas que son liberadas. En relación a los institutos carcelarios, en el documento de propuestas se plantea que serán “fortalecidos y expandidos” los programas que se implementan hoy en las cárceles que “promueven y garantizan el derecho al trabajo y a la educación”. Para las personas que obtienen la libertad, el equipo de voceros señala que se deben “desplegar todas las acciones destinadas a fomentar su reinserción social”. El texto también marca que la atención a las víctimas de la delincuencia y sus familiares “es un imperativo ético”. “Debemos promover mecanismos de mediación y de justicia restaurativa, que actúen en forma integral para reparar el daño social, psicológico, afectivo y material de todos los implicados”, agrega el texto.

El tercer proyecto que priorizarán refiere a la “lucha contra la impunidad”. En ese sentido, el equipo expresa que esta causa es una “necesidad” y una “obligación democrática” por los “efectos nocivos permanentes que genera en el Estado, en la sociedad y en la convivencia pacífica”. “Insistiremos en la transformación de los marcos conceptuales y educativos destinados a funcionarios públicos integrantes de Fuerzas Armadas, la Policía y la administración de justicia, para que contemplen una perspectiva de derechos humanos y fomenten su pleno respeto”, apuntan los asesores. Entre los compromisos, indican que “redoblarán” los esfuerzos en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, “removiendo las resistencias y obstáculos que impiden erradicar la cultura de la impunidad”, y que asegurarán la “reparación integral” de las víctimas del terrorismo de Estado.

El equipo

Milton Romani

Ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas y psicólogo, fue representante de Uruguay ante la Organización de los Derechos Humanos y colaborador del Centro de Estudios Legales y Sociales y de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Romani también fue cofundador de Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos, en 1977, y actualmente es candidato a diputado por Casa Grande.

• Milton Romani ha escrito varias columnas en la diaria, sobre todo acerca de la temática del consumo de drogas.

El resto del equipo está conformado por Belela Herrera, Álvaro Rico, Verónica Mato, José López Mazz, Ana Inés Quadros, Lille Caruso de Balbi, Felipe Michelini, Adriana Cabrera, Fiorella Buzeta, Sol Maneiro, Nélida Fontora, Diego Sempol, Alicia Esquivel, Eduardo Pirotto, Óscar Destouet, Ignacio Martínez, Daoiz Uriarte y Nicolás Bico.

Belela Herrera

Ex vicecanciller y actualmente funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la región, ha supervisado el tratamiento de los derechos humanos en el Salvador, Haití y Sudáfrica. Fue presidenta de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, integró la Comisión Nacional pro Referéndum para derogar la Ley de Caducidad (1987) y fue directora de Cooperación y Relaciones Internacionales en la Intendencia de Montevideo (1995). Actualmente, integra el Observatorio luz Ibarburu.

• En diciembre fue homenajeada por su lucha por los derechos humanos en un evento en el que reivindicó a las mujeres y recordó a Luisa Cuesta.

Álvaro Rico

El ex decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (2010-2018) fue coordinador del Equipo Universitario de Investigación histórica sobre los detenidos desaparecidos de Presidencia entre 2005 y 2015 e integró la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de 2010 a 2014.

Verónica Mato

Actriz, dramaturga y activista en derechos humanos, la hija de Miguel Mato, detenido desaparecido en 1982, trabaja desde el arte y la militancia con proyectos vinculados a la memoria y la identidad. Integra el Colectivo Memoria de la Tablada, es delegada en la Comisión Nacional de Sitios de Memoria y militó en el grupo HIJOS Uruguay.

José López Mazz

Lideró el equipo de excavaciones que obtuvo los primeros hallazgos de desaparecidos en los cuarteles, es antropólogo, arqueólogo y profesor universitario.

Ana Inés Quadros

Víctima y testigo del campo clandestino argentino Automotores Orletti en 1976, brindó su testimonio en diversas instancias y ha sido activista por los derechos humanos. La última de estas instancias fue en Roma, donde hubo condenas por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del Plan Cóndor. Actualmente integra la secretaría de derechos humanos de Canelones como responsable de la memoria reciente.

Lille Caruso de Balbi

Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista y viuda de Álvaro Balbi Sala, militante del Partido Comunista que fue detenido, torturado y asesinado. Denunció el asesinato de su esposo ante la Justicia en plena dictadura y atravesó un largo proceso judicial en busca de justicia. Promotora e integrante de Familiares Asesinados por la Dictadura, integró una comisión barrial para recolectar firmas para el voto verde.

Felipe Michelini

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y ex diputado, es también coordinador de la cátedra UNESCO de derechos humanos. Fue subsecretario y ministro interino del Ministerio de Educación y Cultura (2005-2009) y vicepresidente del Consejo Ejecutivo de UNESCO en representación de Uruguay (2005-2007), e integró el equipo de las Naciones Unidas en la Comisión de la Verdad en El Salvador.

Adriana Cabrera

Fotógrafa y escritora, es también activista en derechos humanos desde el secuestro y la desaparición de su padre, Ary Cabrera, en 1976. Fundadora de la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos en el Exterior, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y representante en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, también forma parte del Colectivo de Mujeres Fotógrafas.

Fiorella Buzeta

La militante social y candidata a diputada, es estudiante de comunicación publicitaria. En el liceo sufrió un accidente con arma de fuego que le cambió la vida y quedó en silla de ruedas. Es militante por los derechos de las personas en situación de discapacidad y feminista.

Sol Maneiro

Dirigente sindical, hija de presos y exiliados políticos e integrantes de la Fedreación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, fue parte de la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT. Militante y defensora de los derechos de las trabajadoras, integra el Frente de Trabajadores del Movimiento de Participación Popular.

Nélida Chela Fontora

Fue la única dirigente mujer en la Unión de Trabajadores de Azucareros de Artigas, militó en el Movimiento de Liberación Nacional y fue presa política durante 14 años antes y durante la dictadura. Integra la Asociación de Ex Presos y Presas políticas Crysol y la asociación de mujeres rurales.

Diego Sempol

Es doctor en ciencias sociales, docente e investigador del departamento de Ciencia Política con eje en derechos humanos, pasado reciente, memoria, género y diversidad sexual. Además, es fundador del colectivo Ovejas Negras, donde militó más de una década.

Alicia Esquivel

Es médica y activista por los derechos de las personas afrodescendientes y la equidad de género. Participa activamente en la Intersocial feminista y en el Diálogo Político de Mujeres Afrouruguayas. Coordinadora de la Unidad Temática de las Ciudadanas Frenteamplistas, es candidata a diputada por la Marea Frenteamplista.

Eduardo Pirotto

Ex integrante de la secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, coordinó el Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (2005-2010) y trabajó en Serpaj y en distintos organismos de derechos humanos en Uruguay y el exterior.

Óscar Destouet

Profesor de Historia, fue testigo técnico de la Fiscalía de Roma en el juicio por delitos contra la humanidad en el marco del Plan Cóndor e integrante de la dirección de derechos humanos entre 2005 y 2010. Integra la directiva del Centro Recordatorio del Holocausto y representó a Uruguay en las reuniones del Mercosur acerca de derechos humanos.

Ignacio Martínez

El escritor de literatura infantil es presidente del Departamento de Cultura del PIT-CNT y consejero del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura.

Daoiz Uriarte

El ex diputado es abogado, profesor adscripto de derechos humanos y especialista en derecho del trabajo y seguridad social. Ex preso político por su militancia en el GAU, fue asesor de sindicatos, militante político y escritor de libros sobre derechos humanos.

Nicolás Bico

Abogado y docente, es magíster en políticas públicas y candidato a doctor en derechos humanos. Militante del Partido Socialista, es abogado de la Agencia Nacional de Vivienda.