A fines de mayo de 2021, la Junta Departamental de Paysandú conformó una comisión investigadora sobre el contrato entre la intendencia y la fundación A Ganar, luego de que los ediles del Frente Amplio (FA) presentaran quejas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de una licitación para gestionar los recursos humanos de ocho CAIF y un Centro Siempre.

El trabajo de la investigadora terminó la semana pasada y el FA realizó un informe en minoría en el que señaló que, “mal que le pese al oficialismo”, se “ha puesto al descubierto que con la contratación de la fundación A Ganar, el gobierno departamental de Paysandú [liderado por el nacionalista Nicolás Olivera] ha cometido una serie de irregularidades que ameritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva”.

Los ediles del FA señalaron que por la comisión pasaron “varios testigos”, como el encargado de la fundación, el secretario general de la intendencia sanducera y el director general de administración, entre otros, y “ninguno de ellos pudo aclarar el entramado que se generó para la contratación de esta fundación, la que fue duramente cuestionada por el Tribunal de Cuentas de la República en un informe lapidario”, que “ha pretendido ser invisibilizado por el oficialismo”.

Desde el FA sostuvieron que queda “absolutamente claro” que el Ejecutivo departamental introdujo “un mecanismo de precarización del trabajador municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador” de una fundación que suministra servicios a la intendencia, “ahorrándose” un conjunto “de aportes a la seguridad social de trascendencia”. “Pero lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional”, agregaron.

Además, en el informe se consignó que la Intendencia de Durazno –liderada por el nacionalista Carmelo Vidalín– también hizo un llamado similar de gerenciamiento de recursos humanos y se trata de “llamados calcados, donde quien copió ni siquiera cuidó no repetir las faltas de ortografía, las cuales, al igual que la numeración, se repiten en ambos”. “Ante esta constatación, las preguntas son muchas: ¿cómo surgió en dos intendencias blancas la misma necesidad? ¿Cómo lo canalizaron en forma idéntica, con las mismas palabras? ¿Por qué realizar estos llamados a fines de 2020, con escasa publicidad, con un corto período de apertura? Máxime si se descuentan los días inhábiles de las fiestas tradicionales, y con la rareza de que exista un único oferente en ambos llamados: la multicitada fundación A Ganar”, indicaron.

Los ediles del FA expresaron que “a esta altura del partido” no creen “en casualidades, y menos cuando estas se dan en forma tan explícita”. Por eso entienden que “resulta factible preguntarse si no hubo una coordinación clara entre las intendencias blancas de Paysandú y Durazno y la fundación A Ganar para llevar adelante esos llamados, y para que se formulen en forma idéntica”.

Por último, destacaron que “en medio de todas estas incógnitas”, el 9 de junio el Tribunal de Cuentas se pronunció sobre la contratación y resolvió en mayoría observar el gasto. Entre otras cosas, de acuerdo al monto de la erogación estimada por concepto de salarios, “debió tramitarse como licitación pública y darse cumplimiento a todas las normas inherentes a dicho procedimiento”, señalaron desde el FA.

“Lo dijimos y lo reiteramos aquí: la contratación de la fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico y, como también sostuvimos, sólo se persiguió con ello evadir a un órgano del Estado”, agregaron los ediles en el informe. Por lo tanto, el FA estima que “existen méritos para formular una denuncia penal, en cuyo marco se investigue en profundidad las relaciones de todos los participantes”.