El senador del Partido Nacional Sergio Botana presentó este martes nueve proyectos de ley dirigidos a la presidenta interina de la cámara alta, Graciela Bianchi, en los que propone distintas medidas para, en sus palabras, efectuar “una reforma del mercado de combustibles fósiles”, en procura de un precio “más competitivo”. Plantea que Ancap deje de producir cemento pórtland y envasar supergás, modificar los tributos de los combustibles y otras medidas de liberalización del mercado secundario —fletes, distribuidoras y estaciones de servicio—. Además, propone crear un “fondo de amortiguación del precio de la nafta”, que guarde dinero ante bajas del crudo para evitar futuras subas del insumo clave para el combustible.

El primer proyecto distingue cuatro categorías que forman el precio de los combustibles al público —hasta la salida de la planta, los subsidios, tasas e impuestos, y costos de distribución y comercialización—, estableciendo que el precio a la salida de la planta de Ancap no podrá ser mayor “al costo que tiene el mismo combustible refinado” más los costos de internalizarlo en el mercado local. Esto va en la misma línea del precio de paridad de importación (PPI), mecanismo que fijó el gobierno para ajustar mensualmente las tarifas.

Además, “se pone un límite al sobrecosto en que puede incurrir Ancap” al comprar bioetanol para la mezcla de las naftas y “prohíbe” al ente “compensar internamente productos deficitarios con superavitarios”.

El segundo proyecto “encomienda a Ancap a desprenderse de sus negocios en cemento en el plazo de un año”. Para este rubro, el directorio del ente comenzó una ronda de contactos en busca de sumar un inversor privado, lo que lo enfrenta con el sindicato. La iniciativa del senador blanco establece que quien tome el negocio de Ancap debe apuntar a la exportación, que habrá “incentivos” para que contraten personal de la empresa estatal y que aquellos funcionarios que no lo acepten tendrán “seguridad” de “permanencia en la plantilla de Ancap”.

El tercer proyecto apunta al mercado del supergás, donde Ancap controla la cadena hasta el envasado, y Botana plantea “licitar” esas plantas “luego de finalizados los contratos vigentes” con las empresas distribuidoras, liberalizando a su vez la distribución de supergás. Respecto al subsidio indirecto que lleva a que Ancap venda este producto, considerado de primera necesidad, por debajo del valor del mercado, dice que ese dinero deberá ser asignado al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y no pagarlo la empresa pública.

El cuarto proyecto de Botana modifica la tributación de los combustibles. Al entender que el IVA del gasoil hoy recae sobre el consumidor final, propone gravarlo con dos pesos de Imesi por litro, con lo que se “compensa la recaudación de IVA y permitiría una baja de más de cinco pesos por litro” en el valor al público. Otra de sus iniciativas es un proyecto de artículo único que “prohíbe que el combustible sea gravado por cualquier otro tributo que no sea Imesi”.

Además, el legislador propone formar un “fondo de amortiguación del precio de la nafta”, que tomaría “una proporción del Imesi recaudado en períodos de baja cotización del petróleo y se aplicaría a compensar subas de precios en momentos de alza”. De esta forma, ante una baja del crudo, en lugar de disminuir el precio en el surtidor, iría a este fondo administrado por el Ministerio de Industria, para compensar futuras subas. Se establece “un piso y un techo en la variación del Imesi para la conformación y aplicación del fondo”.

Otro de los textos presentados, que se centra en “medidas de mitigación del impacto de combustibles en el medioambiente”, enumera modificaciones al fideicomiso del boleto, que significa 9% del precio del gasoil y va destinado a las empresas de transporte. “Los incentivos de este instrumento no son actualmente los adecuados”, considera Botana, y propone que el objetivo del dinero volcado al fideicomiso sea adquirir “unidades eficientes energéticamente”.

Con las ganancias de Ancap, eventualmente aportes de Rentas generales y también utilidades del Banco República, el Estado deberá volcar al fideicomiso el mismo monto que hoy día y se distribuirá atendiendo la cantidad de vehículos eléctricos por empresa, entre otras variables. A su vez, se indica un plazo de cinco años para dejar de producir el gasoil 50-S, el que tiene mayor nivel de azufre y es más consumido hoy debido a su precio, más bajo que el del 10-S, el menos contaminante.

El último proyecto sobre el mercado de combustibles que impulsa Botana encomienda nuevas funciones a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) para controlar el mercado secundario, es decir la parte de la cadena no bajo el monopolio de Ancap. Estos son los fletes de combustible, las distribuidoras y las estaciones de servicio. El gobierno delineó una hoja de ruta progresiva hacia la liberalización de este mercado, que hoy tiene diversos precios regulados, pero los primeros cambios para las distribuidoras se aplazaron y no comenzarán el 1º de enero, informó la semana pasada Búsqueda.

Finalmente, Botana presentó un noveno proyecto de ley sobre los aranceles que cobran los sellos emisores de los plásticos a los comercios por los pagos con crédito y débito, que se topea en 1,5% y 0,4% respectivamente.