El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aseguró este martes que comenzó un proceso de revisión de los comercios adheridos al plan de la Tarjeta Uruguay Social que implicará la fiscalización de que todos vendan alimentos y artículos de primera necesidad y sólo esos productos sean los que se puedan abonar con la transferencia estatal.

Según afirma en un comunicado, la cartera trabaja en un proceso de “rediseño” de la transferencia monetaria que se otorga a las familias en situación de extrema vulnerabilidad social “para que sea utilizada únicamente en comercios que trabajen con rubros vinculados a productos de primera necesidad, como alimentación, higiene personal y limpieza del hogar”.

Desde la cartera se hizo un primer relevamiento y se constató que en la Red de Comercios Solidarios hay unos 7.000 locales activos aproximadamente; de ese total, habría unos 500 que “no encuadran en los nuevos lineamientos y serán dados de baja”. Entre ellos se menciona a comercios de “cotillón, veterinarias, tiendas de electrodomésticos e informática, ferreterías, repuestos y talleres mecánicos, servicios de televisión para abonados, entre otros”.

Además, desde el ministerio se advirtió que quedan por relevar unos 1.000 comercios de los cuales no hay información en el sistema; la “regularización y baja de estos comercios se hará de manera gradual, respetando las condiciones de los contratos de adhesión y comunicando previamente la resolución a cada comercio”, agrega el comunicado.

El Mides continuará ahora un proceso de revisión de las condiciones para integrar el Registro de Empresas Proveedoras de POS. Lo que busca el ministerio es que las empresas garanticen que a través de su tecnología sólo se cobre con la tarjeta del Mides por alimentos y artículos de limpieza y no por otros que están prohibidos, como alcohol, cigarrillos y tabaco.

En una tercera etapa, el Mides intentará facilitar acuerdos con los proveedores para garantizar el acceso “a productos vinculados a la primera infancia para beneficiarios del Bono Crianza”, que busca “mitigar la pobreza infantil y reducir su severidad y magnitud en esos hogares”. En el comunicado se agrega que el programa está dirigido a 30.000 hogares de niños de cero a cuatro años, con un valor de 2.000 pesos por mes por niño durante 2022.

Una cuarta y última etapa de esta revisión constará de fortalecer la fiscalización de Comercios Solidarios “asegurando un adecuado seguimiento de denuncias para garantizar los derechos de todas las personas beneficiarias”.