Reforma sumó medida para evitar impacto en jubilaciones medias y el gobierno prepara “salvataje” para dos cajas

“Tengo información clasificada”, bromeó Rodolfo Saldain, quien lideró el equipo que ideó la reforma previsional, ante el auditorio que lo escuchaba en un salón de la Facultad de Economía. Es que el evento cayó justo entre que la coalición anunció el lunes un acuerdo político para cerrar el proyecto de ley y que el texto sea divulgado, lo que ocurrirá al final de la semana luego de que sea firmado en el Consejo de Ministros y pase al Parlamento. Pese a esas restricciones, Saldain planteó algunas líneas de la reforma y los economistas Gonzalo Zunino y Ianina Rossi brindaron sus comentarios. 

“Les aseguro que hay un acuerdo político sólido y habrá reforma previsional”, dijo el representante del gobierno. Además, señaló que ahora hay “una ventana política” para la aprobación y ubicó como el plazo máximo para procesar el debate legislativo la mitad del año próximo, ya que luego el clima electoral domina la escena. En términos del análisis político, reconoció que puede creerse que el gobierno tiene “más para perder que para ganar” al impulsar cambios al sistema jubilatorio, porque son reformas difíciles y antipáticas para la sociedad, pero deseó que “la responsabilidad pague y que la demagogia cueste”. 

Al exponer en un evento por el Día del Futuro, organizado por la diaria Economía, el Instituto de Economía de la facultad, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y el centro de estudios Etcétera, Saldain dijo que la sustentabilidad económica no es el único objetivo de los cambios previsionales, ya que también juega su rol la dinámica demográfica en virtud del envejecimiento de la población, proceso que “se debe adecuar” a una nueva realidad. “Uruguay envejece sin ser un país rico, a diferencia de lo que les pasó a varias naciones europeas [donde el envejecimiento llegó luego de un salto en los ingresos], por lo que se debe hacer algo y es ahora”, indicó.

También repasó que se busca atacar “injusticias” del actual sistema de pensiones, como que cada peso aportado vale distinto para el cálculo jubilatorio en función de a dónde va la contribución, o que haya gente que aportó durante un período de años –inferior al mínimo legal– que accede a una jubilación idéntica a quien no contribuyó nunca.

Acerca del nuevo texto que irá al Parlamento como proyecto de ley, brindó algunos detalles del contenido y los cambios introducidos en el proceso de negociación política con los socios de la coalición de gobierno. Por ejemplo, habló acerca de las modificaciones en el período de transición: se estiró en cinco años la vigencia inicial de la reforma, que iba a comenzar de forma gradual con quienes tuvieran 55 años al aprobarse y ahora será desde los 50 años, aunque se mantiene 2043 como el horizonte para iniciar el nuevo régimen de forma plena.

En palabras de Saldain, esto significa que “hasta 2033 todos seguirán con las mismas reglas”, y desde ahí “por diez años se harán dos cálculos [para la jubilación], uno por el régimen nuevo y otro por el viejo”, creciendo cada año en 10% el esquema que se busca implementar, hasta que llegue a regir al 100% dentro de dos décadas. 

Este nuevo plazo de vigencia también derivó en un esquema distinto para la suba de la edad de retiro, que se hará desde la generación nacida en 1973, cuyo retiro será a los 63 años y no a los 60 –límite actual–, y se llegará a la nueva exigencia de 65 años con los nacidos en 1975. Se trató de un pedido hecho por los socios de la coalición, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, al igual que un cambio en las exigencias para las pensiones que pueden cobrar las viudas, que se decidió no sean modificadas para quienes tengan 50 años o más.

Otro planteo que hizo llegar un integrante del gobierno, en este caso el Partido Colorado, tenía que ver con la eventual afectación de las nuevas reglas jubilatorias a las personas de ingresos medios. Según simulaciones primarias del sindicato bancario y el Frente Amplio que consignó tiempo atrás la diaria, con lo contenido en el anteproyecto los perjuicios del nuevo cálculo jubilatorio crecían a medida que subía el nivel de ingresos de la persona.

Esto cambiará al menos en parte, porque Saldain explicó que se decidió que la bonificación hoy vigente para quienes reparten su contribución entre el Banco de Previsión Social (BPS) y la AFAP –por haber hecho uso de la opción del artículo 8–, que surge del artículo 28 de la ley que reformó el sistema en 1996, continuará aplicándose. “La bonificación del sueldo básico jubilatorio”, indicó, “en el anteproyecto iba hasta la vigencia del nuevo sistema [2043] y ahora será hasta el final” de la trayectoria laboral. Es decir que hay un subsidio que beneficia hoy a los trabajadores de ingresos medios, que se mantendrá más allá de la reforma. 

Por otro lado, el representante del gobierno informó que como tema aparte del proyecto de ley que se enviará al Parlamento, se trabaja junto a las instituciones en “salvatajes para la Caja de Profesionales y la Caja Bancaria”. Saldain dijo que si bien no atraviesan dificultades de la misma magnitud, ya que la primera tiene una situación de mayor emergencia, ambas cajas “tienen problemas de solvencia” que deben ser atendidos. 

Reacciones

Para Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas, en función del gasto público creciente es “necesaria” la reforma jubilatoria, aunque advirtió que no debe atenderse sólo la variable financiera sino también no perder cobertura ni suficiencia en las prestaciones. “Hay que balancear el gasto público desde lo intergeneracional”, declaró, y amplió que debería haber una mayor transferencia de recursos hacia la primera infancia, algo no contemplado en la propuesta del gobierno, por lo que subrayó que el eventual “espacio fiscal” que genere la reforma debería “asignarse en función de esa prioridad”.  

A su vez, Zunino dijo que la convergencia establecida en el proyecto para los subsistemas –como la Caja Militar y las demás– ataca en parte las “inequidades”, aunque planteó que el centro de los cambios es una “reforma paramétrica que apunta al objetivo de la sostenibilidad” financiera. En ese sentido, expresó que habrá una mayor edad de retiro para acceder a una jubilación “equivalente” que se cobrará por menos años –es decir, se empata la jubilación futura con la actual pero se accederá a los 65 años y no a los 60–.

Rossi, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, destacó que, a diferencia de lo hecho en la anterior reforma de 1996, esta vez “se reconocen los aportes al sistema viejo” para así “evitar futuras penetraciones” en las reglas jubilatorias, como el caso de los “cincuentones” perjudicados, que fueron atendidos por una ley en 2018. También vio como positivos los cambios en el pilar cero, es decir el tramo no contributivo del sistema de pensiones, y sobre la edad de retiro dijo que hoy “la gente ya se jubila más tarde” –el promedio es a los 62 años, según los datos del BPS—. 

Como uno de los debes de la reforma, Rossi comentó que podrían haberse atendido en mayor medida las inequidades de género, ya que por ejemplo las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, y en los cálculos jubilatorios “queda de lado el esfuerzo” que suelen asumir “por el trabajo no remunerado”, por ejemplo para el cuidado de los hijos.