Vecinas y vecinos de diferentes barrios nucleados en la red interbarrial multisocial #LaVidaVale se movilizarán este miércoles a las 18.00 en reclamo de mayor seguridad, con una marcha que partirá desde la plaza Libertad y culminará en la Torre Ejecutiva, donde entregarán una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La movilización se enmarca en la fecha en que se cumplen dos meses del doble homicidio en el barrio Marconi en el que fallecieron un hombre y una mujer; él, cuando salía de un almacén, y ella, cuando iba a trabajar.

Este doble asesinato generó una movilización de los vecinos del barrio, quienes pidieron “no más muertes de gente inocente”. Sólo en setiembre hubo 22 homicidios, y el aumento de casos en lo que va del año es de 31% respecto del año pasado.

En la carta que entregarán en la Torre Ejecutiva esta tarde, vecinos, vecinas e instituciones que integran la red #LaVidaVale expresan su “profunda preocupación en relación a la situación de desamparo” que viven “cotidianamente en términos de seguridad ciudadana, convivencia y recursos (proyectos y programas) de apoyo y atención a necesidades de nuestra comunidad”. Asimismo, si bien señalan que “esta situación no es nueva”, remarcan que “en el último año se ha visto agravada”. “La inseguridad es una realidad en nuestros barrios y la respuesta del gobierno no ha sido más que dichos sin hechos y encuentros sin escucha atenta”, acusan.

“Nuestros barrios vivencian cotidianamente hechos de violencia extrema, muertes, heridas/os, miedo constante al salir a la calle”, describen los manifestantes, que consideran insuficientes las respuestas de parte del gobierno. Particularmente mencionan el diálogo que han mantenido con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Santiago González, cuyas “respuestas y planteos”, al entender del colectivo, “han sido siempre en el mismo tono: que todo está mejor, que se está trabajando en la seguridad, que hay cada vez menos denuncias y que hay patrullaje”.

Para los vecinos, la realidad es diferente a la que plantea González: “Esta postura hace oídos sordos a la realidad que le explicitamos una y otra vez: no estamos mejor, no hay patrullaje efectivo, no hay menos denuncias porque haya menos delitos, sino por miedo, por desestímulo a la misma por parte del propio Ministerio del Interior, por filtraciones de información en las denuncias”.

“Algunas de las institucionalidades que nos han escuchado han ‘tomado apunte’ y luego se han desvanecido frente a nuestros ojos. Las ausencias de hoy son problema del presente y el futuro y eso el barrio lo sabe, ¿por qué parece que están esperando que nuestra realidad decante en más problemática, en más miseria? Vecinas, vecinos y organizaciones queremos ser aliados de la institucionalidad para abordar y empezar a cambiar nuestra realidad, pero en toda alianza se necesitan varias partes, y el Estado parece no tener tiempo para nosotras/os”, reclaman en la misiva.

También sobre el trato con el MI, en la carta destacan “la exacerbación de la violencia que produce su ausencia y su presencia por momentos nefasta en tanto el trato y las vistas gordas”. Como ejemplo de estos enunciados, dicen ver “cotidianamente cómo mujeres en moto son paradas por controles mientras por la otra vía transitan motos con personas armadas”, y que “el ‘control’ raya el acoso”. Los testimonios son varios: “Vivimos cómo tras las denuncias en la comisaría nos llegan mensajes de amenaza, cómo ‘se sabe’ quién denuncia de una forma crónica, vemos personas con edades cada vez más bajas armadas/os y la policía en ‘su puesto’ y nos preguntamos: ¿quién brinda las armas a esos niños?, ¿qué mundo adulto brinda armamento y qué mundo institucional no está preparado para enfrentarlo?”.

“La seguridad y el amparo van de la mano”

Pero no sólo han intentado encontrar soluciones con el MI, sino que dicen haber mantenido reuniones con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Ministerio de Desarrollo Social, instituciones a las que transmitieron “la necesidad de más recursos en la zona” y “la convicción de que la seguridad y el amparo van de la mano”. “Necesitamos también más recursos culturales y socioeducativos, necesitamos que efectivamente el Estado se haga presente en nuestros barrios. ¿Dónde no están esos gurises que se pasean armados?”, inquieren.

En esa línea, en la misiva se plantea que “algunos centros CAIF, clubes de niños y centros juveniles tienen listas de espera, por tanto, con demandas sin atención”, lo que lleva a que se deje “de lado a muchos niños, niñas y adolescentes que no tienen garantizado el acceso a estos centros de educación no formal y que están siendo víctimas de la violencia del barrio”. “Los equipos se ven desbordados para responder a las necesidades de salud mental. Hacen falta recursos materiales y humanos que velen por el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”, agregan.

“Nosotras y nosotros no somos expertos en seguridad ciudadana, sabemos solamente que queremos poder gozar de nuestro derecho a vivir en paz, sabemos que nadie nos cuenta cuál es el plan, qué metas tiene, qué pienso hay por detrás, tenemos sólo retazos de relatos institucionales que no constatamos en la realidad del cotidiano vivir de nuestros barrios.

Por todo lo anterior, Sr. Presidente, le exhortamos a que dé respuesta a nuestras solicitudes. Queremos transformar el dolor en esperanza, pero sin un Estado presente no podemos, #laVIDAvale y las de nuestros barrios también”, finaliza el texto.