El Senado aprobó este martes la conformación de la comisión especial para trabajar en el proyecto de reforma jubilatoria elevado por el Poder Ejecutivo semanas atrás. Hasta este lunes estaba previsto que fuesen 15 los integrantes, ocho del oficialismo y siete de la oposición, pero finalmente se acordó un plantel más grande, con nueve dirigentes de la coalición multicolor y ocho del Frente Amplio (FA).

El oficialismo dividirá sus integrantes de la siguiente manera: seis del Partido Nacional (PN), dos del Partido Colorado (PC) y uno de Cabildo Abierto (CA). Carmen Asiaín, Sergio Botana, Carlos Camy, Gustavo Penadés, Jorge Gandini y Amin Niffouri fueron los blancos designados, y los dos últimos fueron quienes se metieron a última hora. Los colorados decidieron que sus representantes en la comisión sean Carmen Sanguinetti y Raúl Batlle, mientras que el único cabildante será Raúl Lozano.

En tanto, el FA logró incluir a senadores de todos sus sectores con representación en el Senado. La lista está integrada por Óscar Andrade, José Carlos Mahía, Mario Bergara, Daniel Caggiani, Daniel Olesker, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez y Silvia Nane, quien inicialmente no iba a estar y fue incluida a raíz del cambio de este martes.

De parte del PN, Gandini dijo a la diaria que, en principio, él se había “autoexcluido” de la comisión porque pensaba centrarse en las próximas semanas en una comisión preinvestigadora sobre las acusaciones al senador frenteamplista Charles Carrera, cuya presentación está prevista para el lunes que viene. Pero, agregó, con el régimen de trabajo planteado para la comisión especial de seguridad social, podría dedicarse a ambas cosas.

Es que en las conversaciones informales que han tenido los diferentes partidos se acordó, al menos de forma preliminar, que la comisión especial por este proyecto en particular se reúna los miércoles, jueves y viernes y que se dejen los lunes y martes para la labor en otras comisiones.

Sin embargo, aún no está fijada la primera reunión, que será simplemente para terminar de definir el régimen de trabajo y la convocatoria a las primeras delegaciones, que serán del Poder Ejecutivo, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Gandini ratificó que “la idea” es que este año el proyecto se apruebe en la cámara alta para pasar en 2023 a Diputados. Si bien reconoció que se trata de un “tiempo acotado”, señaló que la intención es “trabajar con asiduidad en un horario extenso para tratar de llegar sobre fin de año a poderlo tratar en el plenario”.

Sobre las posibles modificaciones que planteará el FA, que es crítico del proyecto enviado por el gobierno, Gandini dijo que “hay que ver en concreto” cuáles son. “Veremos cuando vaya artículo por artículo qué propuestas hace”, señaló, y agregó que hasta el momento no se conocen cambios concretos propuestos por la oposición, que “critica lo que hay”. El senador recordó que “en la ley de urgente consideración muchas cosas que el FA propuso se incorporaron”.

El senador del FA Alejandro Sánchez declaró este martes en una rueda de prensa que su fuerza política se opone a este proyecto porque “les va a bajar las jubilaciones a todos los jóvenes”. “Van a tener una jubilación más baja que la que tienen sus padres y que la que tuvieron sus abuelos. Ese es el problema: van a trabajar más años y van a cobrar menos”, señaló.

Planteó que no se debe elevar la edad mínima de retiro y que debe establecerse un sistema para que quien desee seguir trabajando luego de los 60 años “lo haga voluntariamente y eso signifique tener un beneficio”. “Cuando les recortamos recursos a los jubilados, lo que estamos haciendo es empobrecerlos, y ese camino a mí me molesta mucho y hay que trabajar para revertirlo”, apuntó.

Por otro lado, el senador Mario Bergara dijo a Informativo Sarandí que el FA no está en contra por “tecnicismos” sino por no compartir “la filosofía general del proyecto”. “La principal razón es porque esencialmente los únicos que contribuyen a mitigar el déficit del sistema en este proyecto son los trabajadores”, dijo y consideró que el planteo del gobierno es “que los trabajadores trabajen más años, aporten más años y cobren menos jubilación”. Para Bergara “hay otros estamentos de la sociedad que también tienen capacidad contributiva”, y llamó a pensar en mayores aportes del “empresariado”.

A su vez, señaló que no es verdad que durante los gobiernos del FA no se hayan hecho reformas a la seguridad social, porque hubo “reformas de varios de los institutos de seguridad social”. “En 2008 se aprobó la reforma de la Caja Policial con mucho diálogo con la Policía. En 2008 también se aprobó la reforma con la Caja Bancaria”, dijo, y agregó que también “hubo una reforma de la Caja Notarial que venía básicamente con iniciativa de los propios escribanos”.

Además, “en 2019 se avanzó en una reforma, ahí sí muy incompleta y tibia, diría yo, de la Caja Militar, que incluso fue incompleta porque no se logró aprobar un componente que era el impuesto a las jubilaciones más altas” porque la oposición de la época y Darío Pérez, por entonces diputado del FA y ahora dirigente del PN, no dieron sus votos. También recordó que “se incorporó a la seguridad social a los trabajadores rurales con la definición de la jornada de ocho horas, al servicio doméstico, a los artistas”.