Premio Julio Castro, mención especial.

Durante la dictadura en la ciudad de Rivera fueron utilizados como centros de detención clandestinos el Regimiento de Caballería 3, ubicado en la avenida Cuaró, en el barrio Rivera Chico, y la Brigada de Caballería 1, ubicada en el barrio Mandubí. Mientras que en la Jefatura de Policía local a menudo se realizaban interrogatorios.

Sergio Alves y Luis Carlos López eran militantes de la Unión de la Juventud Comunista (UJC) cuando tuvo lugar el Golpe de Estado de 1973. Fueron detenidos en abril de 1975. En total “fuimos presos unos 14 o 15 comunistas”, explicó Alves, que recordó que en la época “llegaron a largar una fake news de que queríamos envenenar el agua de la empresa Obras Sanitarias del Estado [OSE], un disparate”.

Rafael Borges, profesor de Historia e integrante de la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera, dijo que la dictadura persiguió especialmente al Partido Comunista de Uruguay (PCU). Esto fue así porque era la organización política que en el departamento fronterizo y dentro de la izquierda “tenía más militantes orgánicos”.

Otra de las razones fue “el vínculo histórico que había con el Partido Comunista de Brasil”, y agregó que muchos comunistas uruguayos habían comenzado a militar “en la resistencia al Golpe de Estado de 1964”, en el país vecino. Alves dijo que desde ese año, el PCU auxilió a militantes brasileños que huían de la dictadura en su país y se instalaban en Uruguay.

López comentó que en octubre de 1975 los trasladaron a Cárcel Central, y al otro día los llevaron a un juzgado. En ese lugar, el secretario de un juez les dijo que estaban “procesados por los delitos de vilipendio y escarnio”. “Escarnio porque nos acusaban de denigrar los símbolos patrios, vilipendio porque atacamos la moral de las Fuerzas Armadas”, que “en aquella época mucha moral no tenía, porque asesinaban, torturaban, violaban y robaban”, aseveró.

Luego de eso fueron trasladados a Punta Carretas y en julio del año siguiente, Alves y López sufrieron otro traslado, esta vez de vuelta a Rivera. “Nos tuvieron encerrados en una pieza en donde no había agua caliente para bañarse”, apuntó López. “Ese fue un invierno terrible”, consideró.

Alves contó que en total estuvieron dos años presos. López dijo que durante ese tiempo fueron “maltratados y torturados”. Alves recordó que una vez lo llevaron a Tacuarembó y lo “lastimaron mucho”, agregó que llegaron a ponerle “un arma en la cabeza porque querían que delatara gente”, cosa que no hizo.

Agregó que además estuvo otros cinco años en régimen de libertad vigilada que implicaba tener que presentarse en un cuartel una vez a la semana. “Era peor que estar preso, porque estaba muy controlado”. Además, señaló que cada vez que conseguía empleo, los militares hablaban con su empleador para que lo despidieran.

López, por su parte, dijo que “los milicos sabían todo de tu vida”. Relató que una vez estaba lavando una camioneta frente a su carpintería y “pasó un vecino que era zapatero” y le dio “un abrazo”. Más tarde ese mismo día, “vino un jeep del ejército y se llevaron a ese vecino al cuartel, sólo por eso”, lamentó.

En el mismo sentido, Alves narró que mientras estaba bajo libertad vigilada “vino una prima desde Montevideo a visitar” a su madre, y al otro día lo llamaron del cuartel y tuvo “que explicar quién era la persona que estuvo” en su casa y qué hacía ahí. En otra oportunidad, se produjo la explosión accidental de una granada “en la casa de un capitán del Ejército, que era torturador”. Debido a eso, “nos tuvieron tres días presos a quienes estábamos bajo libertad vigilada”, hasta que se comprobó que no tuvieron responsabilidad en el hecho, señaló.

Acciones por memoria y justicia

La Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera surgió en 2013. Una de las razones que motivó su creación fue el traslado de la entonces jueza penal Mariana Mota a un juzgado civil por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en febrero de ese año.

Mota había tenido un destacado papel en materia de derechos humanos, procesando y condenando tanto a militares como a civiles por delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar. Tal es el caso, por ejemplo, del dictador Juan María Bordaberry y quien se desempeñó como su canciller, Juan Carlos Blanco. La medida generó la indignación de diversas organizaciones sociales que entendían que no tenía justificación alguna.

Otra de las razones por la que fue creada la comisión era la organización de la Marcha del Silencio, que tiene lugar cada 20 de mayo. La primera marcha finalmente tuvo lugar en 2014, 18 años después de la primera que se realizó en Montevideo. Para Borges, la última marcha fue “la más numerosa, concurrieron entre 200 y 250 personas”.

Por otra parte, Borges manifestó que la sociedad riverense “es profundamente conservadora” y la violencia del pasado reciente “se ha naturalizado de una manera poco común”. Comentó que ya ha oído expresiones como: “a mí la dictadura me pareció bien” o “yo me sentía seguro, nunca me pasó nada”.

Al respecto, explicó que existe la creencia de que la dictadura no fue mala e incluso de que “en Rivera no hubo dictadura” y que en ciertos ámbitos esas afirmaciones no son cuestionadas. Sin embargo, si se explica que en el departamento “sí hubo dictadura, existieron persecuciones, listas negras, allanamientos y presos políticos, será necesario argumentar mucho”, añadió.

El 20 de mayo se realizó en el Centro Regional de Profesores del Norte una jornada sobre educación y derechos humanos. En esa ocasión, Sara Méndez, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo que en recorridas realizadas por algunos departamentos del norte del país se había encontrado con personas mayores de 50 años que no sabían que en Uruguay hubo una dictadura.

Por su parte, Alves hizo hincapié en la necesidad de educar y concientizar “sobre lo que pasó”. “Hay prácticamente dos generaciones que no lo vivieron y por ahí no conocen qué sucedió”, consideró.

Por otro lado, el abogado tacuaremboense Cley Espinosa explicó que desde 2012 ha patrocinado aproximadamente una treintena de denuncias de ex presos políticos, por violaciones a sus derechos humanos durante la dictadura. Espinosa consideró que estas causas muchas veces resultan ser una especie de “carreras contra el tiempo”, debido a que algunos denunciantes han fallecido en el proceso.

Más allá de eso, entiende que “las acciones judiciales tienen un componente de justicia, pero también de verdad y memoria”, aunque en ocasiones por motivos como el antes mencionado no se llegue a una condena. “Todos los expedientes contienen documentos y testimonios, por lo que también son importantes”, valoró.

En otro aspecto, Espinosa contó que en Tacuarembó se realizaron muchas más denuncias que en Rivera. Dijo tener conocimiento sólo de tres denuncias, una de ellas realizada por Adan Ferreira, que es oriundo de Tacuarembó pero fue detenido y estuvo preso en el departamento fronterizo.

El abogado explicó que en el expediente de la denuncia de Ferreira han declarado en calidad de testigos “aproximadamente una decena de riverenses que también fueron presos políticos”. Esta causa “viene encaminada, hay varios militares indagados. Tenemos expectativas”, resaltó.

Las otras dos denuncias fueron realizadas por Alves y López. Ambos contaron que hace dos años vino a Rivera el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y les tomó declaración. López agregó que algunos de sus compañeros que también estuvieron presos declararon como testigos, aunque no formularon una denuncia. Espinosa agregó que el fiscal también les tomó declaración a varios militares.

En tal sentido, detalló que “por ahora no habrá formalización, debido a que hay una mayor dificultad para obtener pruebas”. A su vez, quienes en esa época “actuaron en la represión a la UJC en el departamento, fallecieron”, agregó.

Por otra parte, señaló que en otra causa llevada a cabo en Tacuarembó se logró el procesamiento de un militar que está preso en la cárcel de Domingo Arena. Se trata de Carlos Chaine. Además, existe un pedido de procesamiento para otro militar.

Consultado respecto a este contraste entre los departamentos mencionados en relación con el número de denuncias realizadas, Borges opinó que “en Tacuarembó existe una dinámica militante que es distinta a la de Rivera”. Sobre eso añadió que en el departamento vecino “hay una idiosincrasia vinculada al cooperativismo y a algunos sindicatos fuertes de larga trayectoria. Y también un importante movimiento estudiantil, sobre todo a nivel de formación docente”.

De alguna forma en Tacuarembó se “gestó la idea de que para luchar es necesario hacerlo de manera colectiva”, consideró. Para Borges, ese mismo espíritu colectivo dio lugar “a la necesidad de reagruparse y desenmascarar a algunas figuras que transitan normalmente por el pago”. Una de las vías para hacer eso es “denunciar y comprobar a nivel de la justicia las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron”, reflexionó. En cambio, en Rivera no se pudo consolidar a nivel local la organización de ex presos políticos Crysol.

López dijo entender a sus compañeros que estuvieron presos y eligieron no denunciar. Denunciar y declarar “implica un proceso muy embromado de remover de cierta forma lo vivido”, contó. También entiende que muchas veces los tiempos de la justicia pueden desalentar a las víctimas.

En otro orden, Espinosa consideró que el hecho de denunciar en ciudades chicas como las del interior puede ser muy complejo, debido a que los denunciantes “se pueden cruzar con el torturador en la calle”. López contó que eso ya le sucedió varias veces, ya que “después de la dictadura seguí viviendo en Rivera y frecuentando los mismos lugares, ellos también”.

El abogado también entiende que un factor que puede incidir en la cantidad de denuncias es la dificultad para conseguir profesionales capacitados en la temática y dispuestos a trabajar con estas causas en el norte del país. Cree que una posible solución sería lograr la asistencia del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República “para que quien quiera formular estas denuncias, tenga la posibilidad de hacerlo”.

Al respecto, consideró que “no es lo mismo una defensoría pública que el consultorio de la Facultad de Derecho”.

Marcelo Aguirrezábal, desde Rivera.