“No” es la palabra que más se repite en la auditoría realizada al Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), hecho público el jueves por el organismo.

Entre las conclusiones de la auditoría, que abarca el período que va desde enero de 2019 a diciembre de 2021, figura la “ausencia de controles y aprobación de actividades claves por parte del MVOT [Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial]” en tanto órgano ejecutor del Plan Juntos, contrario a lo que establece la normativa, así como el impedimento de “visualizar la dimensión del Comité Técnico, autoridad administrativa y de gestión del Fideicomiso”, a lo que se suma la “ausencia de actas que respaldan su actuar”.

Asimismo, se detectó que “no se cuenta con un sistema de información íntegro para la gestión del Registro Único de Participantes del Plan Juntos (RUPP)”, así como “no se puede asegurar el uso adecuado de los fondos asignados por concepto de cajas chicas y vales sociales, dado que estos son transferidos a cuentas personales y no de la institución”.

Los vales sociales, una modalidad que tiene el objetivo de que “los técnicos dispongan de dinero para organizar diferentes actividades que promuevan la integración social de los participantes”, al menos hasta principios de este año, se rendían “sin un control de su pertinencia”, según el texto. “El proceso de compras no cuenta con un sistema integral de información que permita realizar su seguimiento y visualizar su trazabilidad. Esto se ve agravado por las dificultades en la comunicación y amalgamiento en la gestión de las áreas intervinientes del mismo”.

Gastos

La AIN calificó sus hallazgos a la interna del Plan Juntos en cuatro niveles de riesgo: extremo, alto, medio y bajo. Según la tabla que colocaron en el informe, no hay uno solo de los ocho ítems de riesgo bajo, mientras que hay tres con riesgo medio, tres con riesgo alto y dos dentro de lo que consideran “extremo”.

En este último nivel está todo lo vinculado a las rendiciones de gastos por parte del plan para la administración del fideicomiso, que aporta los fondos para el funcionamiento. En particular, la AIN vio con preocupación la implementación de “la cuenta Mi Dinero de Red Pagos para el caso de cajas chicas y vales sociales”.

Todos los meses, la tesorera del Plan Juntos recibe una transferencia a su cuenta de Mi Dinero, un monto “que puede ascender a 600.000 pesos, llegando en años anteriores a importes mayores”. A modo de ejemplo, “en el año 2020” se autorizó la suma de “hasta 2.500.000 pesos”.

A su vez, este dinero es transferido “a otras 26 cuentas Mi Dinero a nombre de los encargados de las Áreas de Intervención, Secretaría del Organismo y Unidad de Logística”; al ser cuentas personales y no de la institución, “no se puede hacer un seguimiento y/o control del uso que se le da a los fondos asignados”.

El otro hallazgo calificado como “extremo” corresponde al RUPP, cuya base de datos “son hojas de cálculo (planillas en Excel), que no resultan adecuadas para la cantidad de información que se maneja”.

En este sentido, “no se cuenta con información en tiempo real del estado de los participantes”, debido a que “la misma se actualiza trimestralmente, fecha en que se remite la información a la Dinavi [Dirección Nacional de Vivienda]”, lo que a su vez “no permite realizar un adecuado seguimiento del núcleo familiar, dada la complejidad del desglose de información”.

Ausencia del MVOT

Entre los “altos”, la AIN marcó la poca participación del MVOT como unidad ejecutora del Plan Juntos: “Solicitado el Plan Anual (debe contener las prioridades de intervención e inversión del Plan Juntos) requerido por la normativa, y su aprobación por el MVOT, se manifestó por parte del gerente técnico que a la fecha y al menos desde diciembre 2017 no se ha logrado generar y consolidar un Plan Anual”. En cambio, lo que se remite es “información general” de lo hecho en el año.

Si bien luego de la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), a través de la ley de urgente consideración, se mandató al Plan Juntos a remitirse a la nueva dirección, “en los hechos no se pudo evidenciar procedimientos, ni lineamientos a fin de establecer canales de comunicación, de solicitud y/o remisión de información con la Dinisu”.

Al mismo tiempo, “no se tuvo evidencia de procedimientos de seguimiento y monitoreo de las intervenciones realizadas con posterioridad a la entrega de la vivienda”, que garanticen “su utilización por el participante y el estado de estas”.