La Intersocial Feminista y otras organizaciones sociales, como el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay y la Red Pro Cuidados, emitieron un comunicado para expresarse en contra del proyecto de ley de tenencia compartida, que se aprobó en agosto en el Senado con los votos del oficialismo y aguarda a ser tratado en la cámara baja.
“Estamos cerrando el año con el dato alarmante de ocho niños y niñas asesinados, siete por sus padres y uno por la pareja de la madre. También niños y niñas que han presenciado el femicidio de sus madres. El [Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia] (Sipiav) informó de 7.035 situaciones de violencia el año pasado y 5.944 en el primer semestre de este año. El [Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia] (Conapees) este 7 de diciembre comunica que las víctimas de explotación sexual identificadas son 529. Sin embargo, algunos diputados insisten en negar la crueldad de esta realidad y profundizar los riesgos y las consecuencias de la violencia y el abuso para la infancia y la adolescencia”, indicaron en el comunicado.
Agregaron que la comisión de Diputados que trata el proyecto recibió distintas delegaciones en setiembre y octubre, y “las únicas delegaciones que apoyan este proyecto de ley son las que están integradas por personas que están directamente involucradas en procesos judiciales y dicen ser víctimas de denuncias falsas, aunque no presentan datos ni evidencia alguna de tal falsedad”.
En tanto, subrayaron que varias delegaciones presentaron “argumentos contundentes en contra”, como Unicef, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, además de otras organizaciones sociales y colectivos profesionales. “Sin embargo, hay diputados 'apurados' en votar este proyecto, sin importar la crudeza de la realidad de niños y niñas y la claridad de los argumentos en contra del proyecto, desoyendo las voces expertas que han sido prácticamente unánimes en sus cuestionamientos”, agregaron.
Por último, señalaron que “lo único urgente es prevenir la violencia, proteger a quienes la viven y reparar el daño que sufren niños y niñas”. Lo urgente es que “el sistema de Justicia tenga los recursos para implementar las leyes” 19.580 (de violencia hacia las mujeres basada en género) y 19.747 (Código de la niñez y la adolescencia) “de forma eficaz, para que nadie sufra demoras y las respuestas sean más eficientes”.
“El sistema político es responsable de legislar de forma rigurosa y garantizar derechos. Es urgente ocuparse del problema de la violencia contra niños y niñas, y dejar de amenazar con hacerles más daño. Corresponsabilidad en la crianza es un proyecto de ley que daña la infancia”, finalizaron.