Contrario a lo que se podría pensar, que la ciudadanía pueda recolectar firmas, movilizarse e impulsar una consulta popular que marque el destino de una ley o reforme una Constitución no es algo que se vea en todas partes del mundo. Menos aún que en un período de 33 años (1989-2022) se hayan impulsado 22 de estas iniciativas.

Si bien el plebiscito y el referéndum están previstos en nuestra Constitución desde las reformas de 1934 y 1967, respectivamente, no fue hasta la recuperación democrática que estos mecanismos de democracia directa (MDD) se convirtieron en una herramienta fundamental para que los movimientos sociales puedan generar un contrapeso a las decisiones gubernamentales que entendieran perjudiciales para la ciudadanía. Los primeros años desde la salida de la dictadura cívico-militar, con la convulsión política que los caracterizó, fueron testigos de una intensificación de las consultas populares.

La primera fue el “voto verde” de 1989, el referéndum para derogar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una norma que se convirtió “en un hecho político y uno de los ejes del debate político desde la recuperación democrática hasta el referéndum”, explicó el politólogo Felipe Monestier a la diaria; fue acá que se vio por primera vez a la sociedad civil tomar el asunto y forzar “a los actores políticos a irse posicionando, pero la iniciativa viene del movimiento social, una dinámica que se va a repetir a lo largo de los años”. El referéndum fracasó: 41,3% votó dejar sin efecto la ley, contra 55,9% que votó mantenerla.

No obstante, el mismo año, surgió desde las asociaciones de jubilados y pensionistas una iniciativa de plebiscito para asegurar el incremento de las jubilaciones en relación al aumento medio de los salarios; este plebiscito tenía “efectos económicos muy importantes que toda la élite política percibió” y generó un posible “chantaje electoral”, según Monestier, porque “hay un grupo relativamente homogéneo en términos etarios que se organiza y promueve la iniciativa”, un sector de la sociedad marcado al que los políticos sabían que debían apuntar. Uno de los dirigentes políticos que se pronunció en contra fue Jorge Batlle, y para el politólogo, una interpretación común en la ciencia política uruguaya es que fue esto lo que le costó la elección de 1989, en la que finalmente triunfó Luis Alberto Lacalle Herrera.

Fue en el período de gobierno de este último, justamente, que se dio la tercera iniciativa de consulta popular destacada de los primeros años de la democracia moderna uruguaya: la derogación parcial en 1992 de la Ley de Empresas Públicas, parte de un ambicioso proyecto privatizador impulsado desde el gobierno de Lacalle Herrera que ‒a grandes rasgos‒ eliminaba monopolios estatales y permitía a las empresas públicas asociarse con privados. La sociedad civil, con idas y vueltas, impulsó un referéndum para derogar cinco artículos de la ley (1, 2, 3, 10 y 32) que terminó con un resultado favorable para el Sí, que recibió 1.293.016 votos contra 489.302 del No el 13 de diciembre de 1992. Fue un golpe para el gobierno de Lacalle y una sorpresa para una Latinoamérica que se encontraba en la cresta de la ola privatizadora.

Esta tríada inaugural de consultas populares “son muy variadas”, puntualizó Monestier, que considera que este aluvión de movilizaciones populares por temas diversos fue una forma de que las fuerzas sociales se dieran cuenta de que se podía ejercer una oposición más allá de la parlamentaria. Sin embargo, en un sistema como el uruguayo, los partidos políticos son una pieza fundamental si se quiere tener éxito.

Los partidos se alinean

A la derogación parcial de la Ley de Empresas Públicas le siguió un plebiscito que declaraba inconstitucional el ajuste de las jubilaciones impulsado, nuevamente, por Lacalle Herrera. Esta fue la última victoria de una iniciativa de consulta popular en mucho tiempo, y la primera vez que se utilizó a la Pantera Rosa como símbolo de la campaña. En la segunda mitad de la década del 90 se sucedieron los fracasos en materia electoral para los movimientos sociales, tales como el plebiscito para fijar 27% del Presupuesto Nacional para la educación (1994), la derogación del marco regulatorio energético (1998) o la derogación parcial de la Ley de Flexibilización Laboral (1999). Los malos resultados de estas iniciativas, en cambio, fueron acompañados por un crecimiento constante del caudal electoral del Frente Amplio (FA).

Para Monestier hubo un “proceso de aprendizaje” por parte de todo el sistema de partidos en relación a este fenómeno y cómo acoplarse a él. “Claramente la élite partidaria prefiere no correr de atrás, que no le marquen la agenda”, explicó el politólogo, y dijo creer que esta simbiosis también surge de que “los movimientos sociales entienden que sin los partidos es difícil llegar a un final exitoso. Necesitás a los partidos y la movilización”. En este sentido, existe “una especie de disociación; puede ser que la iniciativa parta de los movimientos sociales y que los partidos no tengan otra opción que pronunciarse porque no hacerlo sería contraproducente, pero sin los partidos y su organización es difícil. Si el sistema de partidos te da la espalda, las chances son nulas”.

Según el también politólogo Antonio Cardarello, los partidos cumplen un rol fundamental en el sentido de que muchos electores “tienden a alinearse bastante dependiendo de las preferencias partidarias. Muchas veces no todos los ciudadanos están completamente informados sobre qué se vota y optan por tomar un atajo, que es ver qué posición toman los partidos políticos de su preferencia”.

“Los referéndums y plebiscitos permiten ver si se mantiene la tendencia de voto de la elección anterior y lo que puede ser la performance electoral de los partidos a futuro” y analizar “cómo las preferencias de los electores se van corriendo, sobre todo si se está cerca de la elección”, explicó Cardarello.

Ariel Ferrari, actual delegado de los jubilados en el Banco de Previsión Social y exdirigente gremial que participó activamente en las campañas de los 80 y 90, matizó la importancia de los partidos, y consideró que, “más allá de las estructuras y las organizaciones gremiales y partidarias, el rol de la gente fue muy importante. El barrio a barrio y el casa a casa superó sin duda lo que podían ser las estructuras, y hoy de alguna forma se está viviendo de una forma similar”.

Para Ferrari lo fundamental es la comunicación. “Cuando no logramos que se interpretara de la mejor forma, tuvimos dificultades, como cuando en 1996 pretendimos hacer la reforma constitucional para frenar la ley de las AFAP. No pudimos poner a consideración de la ciudadanía una ley que a la larga ha demostrado ser muy regresiva”, lamentó, y remarcó el aprendizaje de que “es necesario llegar, que la gente entienda, participe, y tiene que haber una construcción de las normas para que perduren”. Asimismo, a nivel de construcción social, “a partir de coincidencias programáticas, de formas de ver la sociedad y de luchas comunes” se afirmó un “bloque social, alternativo, de los cambios”, que venía siendo construido desde hacía décadas.

La era progresista

Si bien el resultado del plebiscito de reforma constitucional de 1996 fue adverso, “al ser tan parejo confirmaba el proceso de crecimiento electoral del FA, que a partir de las elecciones de 1999 se transformó en el partido más votado del sistema político uruguayo”, a pesar de perder en segunda vuelta, recordó Cardarello. En los primeros años del nuevo siglo, con Jorge Batlle en la presidencia, se impulsaron leyes que provocaron una vez más la movilización popular, con la crisis económica de 2002 como caldo de cultivo. En 2003 se derogó con 62% de los votos la ley que desmonopolizaba Ancap, y en 2004, el mismo día en que la izquierda triunfaba electoralmente por primera vez, 64% de los votantes aprobó un plebiscito por el que la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay quedaba en manos del Estado.

Con el Frente Amplio en el gobierno, ya no como oposición, el aluvión de iniciativas populares tuvo un freno. En 2009, junto con la elección que llevaría a José Mujica a la presidencia, se votaron dos plebiscitos: uno para habilitar el voto de los uruguayos asentados en el exterior, y otro por el que nuevamente se puso a consideración la ley de caducidad ‒el único caso en la historia uruguaya en el que se impulsaron dos iniciativas de consulta popular por una misma ley en distintos momentos‒. Ninguno de los dos resultó aprobado.

Estos dos plebiscitos pueden entenderse como un último resabio de las consultas impulsadas desde el movimiento social. Con la llegada del FA al gobierno se dio una suerte de “subversión”, y pasaron a ser legisladores y dirigentes desde la oposición quienes llevaban a cabo la recolección de firmas para llevar adelante consultas populares, sin mucha suerte. Los más destacados fueron el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad en 2014 y la campaña Vivir sin Miedo, en 2019, impulsadas por los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Jorge Larrañaga (Partido Nacional), respectivamente. Ambas con un tema central para la entonces oposición: la seguridad. En ambos casos, desde los movimientos sociales se armaron contracampañas antiplebiscitos, con la juventud como vanguardia.

Lucas Regal fue parte de la Coordinadora Nacional del No a la Reforma en 2019, y recordó, en diálogo con la diaria, que “si bien había organizaciones sociales y políticas en el más amplio sentido del término, los que conformamos el comando del No a la Reforma éramos jóvenes, sub 35”, además de “mucha gente independiente, que se había acercado por la causa puntual y concreta, no necesariamente por una militancia sostenida y menos político-partidaria”. Es decir, no existía una “juventud contra la reforma”, sino que quienes integraban la coordinadora central eran los propios jóvenes. “En ese momento nunca tuvimos un momento de problematizar cuál era el rol de los jóvenes porque éramos los que estábamos”, reconoció, y ahora, años después, cree que fue esto lo que permitió el triunfo tan acotado en octubre de 2019: “Por ejemplo, se notaba en las dos cadenas nacionales, en espejo entre la estética y la forma de comunicar. Si bien éramos jóvenes, no perdimos sobriedad, demostramos que éramos capaces de ser serios con una buena llegada a la juventud”.

Si bien la campaña del No a la Baja fue exitosa, se trató de un plebiscito que atacaba exclusivamente a un grupo etario; por eso, para Regal, el hecho de que los jóvenes también se pusieran al hombro la campaña del No a la Reforma fue meritorio. “No éramos jóvenes hablando de temas de jóvenes, tomamos un tema que transversaliza a la sociedad, que nos hacía tener que ir a hablar con los mayores y demostrar que podíamos asumir la responsabilidad”.

No obstante, durante los tres períodos de gobierno del Frente Amplio, también hubo iniciativas con menos éxito que los plebiscitos sobre seguridad. Se trata de dos referéndums que pretendían derogar leyes de la llamada agenda de derechos. Uno, en 2013, iba en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y otro, en 2019, pretendía derogar la entonces novel Ley Integral para Personas Trans. La licenciada en Comunicación Agustina Huertas analizó en su trabajo final de grado los discursos de la campaña para derogar la ley trans, e identificó la dificultad de las organizaciones “antigénero” para organizar movilizaciones masivas; en cambio, “en lugar de apostar a llenar las calles de pavimento con carteles, colmaron las redes sociales con hashtags”, explica Huertas, que en su trabajo señala la utilización de redes sociales y la idea impuesta de que existía una “mayoría silenciosa” que estaba en contra de la agenda de derechos, en detrimento de una “hegemonía cultural” de izquierda, y se expresaba a través de redes sociales y trending topics. Así, las movilizaciones de ayer se corrieron para dar lugar a los “tuitazos” de hoy, sin éxito electoral.