Tres profesionales de la medicina vinculados con la ginecotología, la salud mental y las ciencias forenses asistieron este miércoles a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado para dar sus opiniones sobre los proyectos de mortinatos e hijos nacidos sin vida que están a estudio de esa comisión desde el año pasado. Los invitados coincidieron en lo positivo de legislar en materia de muertes gestacionales, principalmente en cuanto a los derechos de las personas gestantes y cogestantes que atraviesan una pérdida, y reclamaron por la falta de atención en materia de salud mental y de normativa laboral que las ampare en el proceso del duelo en nuestro país.

Aunque se destacaron aspectos positivos de ambas iniciativas -de la ONG Luz del Cielo y de las senadoras Carmen Asiaín y Carmen Sanguinetti-, hubo coincidencias en la necesidad de considerar los límites en la edad gestacional, por las dificultades prácticas que podría implicar, por ejemplo, la cremación o inhumación (entierro) o el hecho de inscribir con un sexo y un nombre ante un caso de aborto temprano. No obstante, también se planteó que el límite no necesariamente deben ser las 20 semanas que plantea el proyecto de Luz del Cielo y el Frente Amplio -que se basa en la definición de muerte fetal que establece la normativa vigente-, sino que podría fijarse en términos de peso: por ejemplo, 500 gramos, independientemente de la cantidad de semanas.

“Nos preocupa, luego de que hay un diagnóstico, la catarata de insucesos que suelen suceder cuando no tenemos la posibilidad de que los padres nombren a sus hijos; todos necesitamos hacerlo”, analizó Ruben García, director del Área de Salud Mental del Hospital de la Mujer. García indicó que “para el psiquismo de cualquier mujer, padre o familia, enterrar un NN y que así figure en todos los papeles, implica un no lugar” que “trasciende a las generaciones que llegan después de ese nacimiento”, y explicó que estas personas, “fundamentalmente, estas mujeres”, tienen mayores posibilidades de presentar “un trastorno por estrés postraumático”.

García señaló que “una mujer que tiene un óbito [fetal] no está dentro de la población objetivo” de las políticas en salud mental, sino que “está muy invisibilizada”. Resaltó que a una mujer que pasó por una pérdida de ese tipo “le cuesta volver a ese centro de salud –cualquiera sea– en el cual vivió esa situación y reencontrarse con las mismas caras y en el mismo lugar”, e hizo hincapié en la necesidad de que esta población tenga relevancia en la atención en salud mental para ayudar “a transitar todo ese proceso, que no termina el día en que enterraron a ese hijo NN, sino que continúa y continuará”.

Por su parte, Hugo Rodríguez, docente grado 5 y director de la cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de la República (Udelar), dijo respecto del proyecto “En tu nombre”, de Luz del Cielo, que a nivel de la cátedra se llegó a “una posición bastante homogénea” a favor de que “pudiera avanzarse en ese sentido”, aunque apuntó que “seguramente haya que afinar algunos aspectos de redacción”. Puso como ejemplo el artículo 12, en el que se plantea crear un protocolo nacional de actuación y se encomienda al Ministerio de Salud Pública a determinar “como prestación de salud mental la que refiere a la asistencia psicológica prioritaria para la persona gestante y al cogestante” por “un período de tres meses dentro de la correspondiente prestación de salud mental referida”. A su entender, “esta formulación no es particularmente clara”, y opinó que “la ley no tiene que fijar” los plazos de la atención, ni definir que sea psicológica, porque “quizás sea psiquiátrica”. “Creo que bastaría con mencionar el derecho a las prestaciones de salud mental que le sean indicadas”, sostuvo.

El tema de la edad gestacional

En su comparecencia, el presidente de la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay, Claudio Sosa, dijo que la iniciativa de mortinatos “es un proyecto de ley adecuado que permitirá dar fundamento [legal] a un grupo de pacientes” que se enfrentan a muertes fetales. Señaló que ocurren “promedialmente en seis de 1.000 pacientes, dependiendo de los riesgos de la madre” y que se pueden incrementar “de manera importante” frente a ciertas patologías. En ese sentido, dijo que “hay todo un tema con la edad gestacional” vinculado con estos proyectos.

“Habitualmente, lo que encontramos en los libros clásicos, o sea, las 20 semanas y los 500 gramos, se ha dejado en desuso, ya que los 500 gramos –que es lo más objetivo– se condicen con 22 semanas; las 20 semanas equivalen a 320 gramos”, explicó Sosa, con base en “un estudio epidemiológico” de salud pública, y consideró que “ahí va el corte”, pero que “incluso otras definiciones lo hacen en las 24 semanas”. El ginecólogo indicó que la Organización Mundial de la Salud en 1977 “estableció 500 gramos y 22 semanas”, por lo que se debe “tener presente esta información para hacer los cortes”.

En cuanto a la iniciativa relativa a los “hijos nacidos sin vida”, Sosa dijo que también la considera “adecuada”. Remarcó que “según las cifras, las muertes fetales se registran en ocho casos cada 1.000, pero a medida que va bajando la edad gestacional la posibilidad de eventos adversos es mucho más alta”, por lo que sería “bueno dar a estas personas un soporte y permitirles que puedan tomar ciertas definiciones”. Sin embargo, hizo énfasis en que “hay que decidir dónde poner el límite porque luego todo esto debe ser llevado a la práctica”.

“Tenemos abortos tardíos en los que ya hay embrión y en esos casos se podría hablar de restos. De todas maneras, eso no quita que en caso de abortos espontáneos –me pasó particularmente– la familia lo tome como un duelo importante, y eso debe ser considerado. Pero hay que ver cómo legislar bien sobre el tema para poder establecer un límite razonable”, evaluó Sosa, y en ese sentido planteó que “por supuesto que podría no haber límite, pero lo difícil sería cómo llevar a la práctica algo que teóricamente está muy bueno”.

“Es indudable que hay etapas que son distintas”

Hugo Rodríguez advirtió que “a los efectos administrativos y de hacer un certificado de defunción, dar una inhumación, poner un sexo y un nombre, que, parecería, implican etapas diferentes”, no “parece adecuado establecer sin ninguna diferenciación en la etapa de desarrollo prenatal estos derechos que se plantean”. Rodríguez afirmó que si bien “desde el punto de vista filosófico o conceptual, este tema es opinable y cada cual puede tener diferente perspectiva y sensibilidad”, “lo que sí es cierto es que, a partir de las 20 semanas, el desarrollo fetal está completo, y en las etapas más precoces es hasta difícil de distinguir qué es un aborto o qué puede ser una pérdida”, por lo que piensa que “establecer sin ningún límite cualquier etapa de la vida que está en formación para este tratamiento puede no ser práctico y dificultoso de llevar a cabo”.

“¿Cómo se hace, por ejemplo, con un aborto de cuatro semanas, para enterrarlo, ponerle nombre y todo lo que se plantea acá? Creo que eso no es entrometernos en el asunto de la sensibilidad y de la moral privada que cada uno pueda tener para valorar esa situación”, ejemplificó Rodríguez. El doctor coincidió con la exposición de motivos del proyecto de Asiaín y Sanguinetti en cuanto a que “es muy difícil medir en días, gramos, meses o centímetros una cuestión que es un componente afectivo”, pero insistió en que “es indudable que hay etapas que son distintas y en todo el mundo se clasifica de una manera a la muerte fetal y se le da un tratamiento y, de otra, a los abortos, tal como se llama en obstetricia a los productos menores de 20 semanas”.