En su última sesión de este período legislativo, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado recibió a varios especialistas de la salud para conocer sus opiniones sobre los dos proyectos vinculados a muerte gestacional que están a estudio de esa comisión: el de “hijos nacidos sin vida” y el de mortinatos. Los profesionales se expresaron sobre la principal diferencia entre ambas iniciativas, que es el límite en la edad gestacional, y coincidieron en que es necesario establecer un mínimo para legislar: el neonatólogo Daniel Borbonet planteó que entre las 12 y las 20 semanas de gestación “es un tiempo como para discutir”.
Borbonet -que integró el Grupo Asesor Científico Honorario hasta que renunció en enero de este año- señaló que si bien el límite de la “periviabilidad” -posibilidad de que haya vida extrauterina- ha cambiado con el transcurrir de los años, la definición que establece la reglamentación vigente (Decreto Reglamentario 276/019), que considera la muerte fetal a partir de 20 semanas de gestación o 500 gramos de peso, es “un mojón” a tener en cuenta. “Es difícil poner límites en este aspecto, pero hay que ponerlos”, apuntó, y puso como ejemplo que “es indudable que el embrión de entre ocho a diez semanas –estamos hablando de cuatro centímetros– es muy difícil de identificar, hasta desde el punto de vista orgánico, [en contraste] con restos de estructuras”.
En cambio, explicó que a partir de las 12 semanas el feto ya tiene “una manera de identificarse” y que a partir de ese estadio “se identifican los genitales externos, que no es un tema menor hasta para dar el nombre”. “La identificación y el reconocimiento también pasa por el nombre, y antes de las 12 semanas es muy difícil poner un nombre cuando no sabemos qué va a ser”, apuntó, y consideró que “ese puede ser otro mojón”. “Entre 12 y 20 semanas hay identificaciones. Creo que es un tiempo como para discutir”, planteó, aunque indicó que “después de las 20 semanas no hay ninguna duda, porque ya empieza a haber elementos de viabilidad para la vida extrauterina”.
El ginecólogo Ernesto Laborde fue tajante en su defensa del límite en la edad gestacional, en la línea de lo que plantea la normativa vigente y el proyecto del Frente Amplio (FA) y la organización Luz del Cielo: opinó que la iniciativa de las senadoras Carmen Asiaín (Partido Nacional) y Carmen Sanguinetti (Partido Colorado), que “habla de edades gestacionales más tempranas”, tiene elementos que van “en contra de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Asimismo, consideró que es importante la distinción que establece el proyecto del FA “en cuanto a que sea la persona gestante, la mujer, quien tenga la última palabra”. “Es fundamental y está de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos determinados en leyes que están vigentes”, agregó.
Semanas atrás, Sanguinetti dijo a la diaria que está dispuesta a introducir cambios al texto en el sentido de priorizar la voluntad de la mujer en el proceso. Asiaín lo ratificó días después en la comisión.
Por su parte, la psicóloga Elena Bernadá, que se desempeña en el CTI pediátrico y la unidad neonatal del Hospital Británico, afirmó que “una ley tiene que poder garantizar lo que plantea” y que, en ese sentido, “quizás en un embarazo de 19 o 18 semanas” se podría aplicar la inhumación o cremación, pero “en un embarazo de menos tiempo que eso, desde la perspectiva de los equipos de la salud y de la realidad, garantizar la posibilidad de la inhumación del feto sería muy difícil”. “Lo de las 20 semanas es algo que ya venía de las leyes anteriores; entonces, habría que poder trabajar a partir de ahí. Eso no quita todo el proceso de duelo que esos padres vivan, no importa la cantidad de semanas de embarazo. Una cosa no invalida la otra”, reflexionó Bernadá.
En línea con lo anterior, la psicóloga remarcó que no se debería “dejar de lado el apoyo que podrían necesitar esos padres de acuerdo con su situación particular, porque no todos los padres lo viven de la misma manera”. “Una pareja puede vivir la pérdida de un embarazo de dos semanas con la misma intensidad que otra pareja vive la pérdida de un embarazo de 20 semanas”, expresó, y sugirió que el abordaje y acompañamiento en ese proceso “debería estar garantizado a través de las prestaciones de salud mental”.
Inconvenientes registrales
También asistió a la sesión del miércoles 8 una delegación del Registro de Estado Civil, encabezada por la directora de la oficina, Adriana Martínez, y el director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, Gastón Gianero. En su exposición, Martínez se refirió al proyecto de Luz del Cielo, que indica que a efectos de la inscripción en el Registro de Estado Civil, el certificado de defunción deberá incluir entre los datos de defunción “la fecha, hora, sexo, peso, multiplicidad y orden de nacimiento y defunción fetal, edad gestacional, medidas, causas del deceso, estados mórbidos y el nombre o nombres que la persona gestante y cogestante deseen otorgarle a su hijo o hija, seguido del apellido o apellidos del o los solicitantes que previamente así lo manifestaren”.
Martínez señaló que estos “son datos sensibles que estarían protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales” y que “no deberíamos saber de qué murió ese bebé; eso va por otra vía porque, de lo contrario, iríamos en contra de la protección de datos personales”. También aclaró que actualmente en el Registro Civil no existe una sección “Mortinatos” para hacer este tipo de inscripciones. La iniciativa del FA establece que la madre o ambos progenitores podrán inscribir al hijo nacido sin vida en el “Registro de Estado Civil, en el Libro de Defunciones, Sección Mortinatos”.
Por otra parte, señaló que si bien “se dice en ambos proyectos que la inscripción no tiene efecto jurídico en ámbito sucesorio o patrimonial”, sí puede “tener efectos en cuanto al BPS [Banco de Previsión Social]”. “¿Por qué digo esto? Porque un hijo inscrito cuenta un año más para la jubilación. O sea, está claro lo que dicen los proyectos, pero hay que tener esto presente”, apuntó. Con respecto a este último punto, Asiaín afirmó que tendrán en cuenta la aclaración, pero opinó que “nadie tendría inconveniente en que quien se vaya a jubilar se vea beneficiada con un año más por ese embarazo que perdió”.
En tanto, las senadoras frenteamplistas Amanda Della Ventura y Liliam Kechichian se distanciaron de algunos planteos que hizo Martínez en el sentido de no incluir un límite en la edad gestacional (“¿vale la pena ponerle meses a esa personita que no nació?”, inquirió). Della Ventura criticó que “quizás algunas cosas” de su exposición “no eran específicas de lo registral, pero todos los aportes son bienvenidos”. También cuestionó las declaraciones de Gianero a favor de no dar la última palabra a la mujer en el proceso. “En mi opinión, la decisión de uno de los progenitores no podría obturar el derecho del otro a optar por adherir a la oportunidad del derecho que le confiere el proyecto de ley”, dijo el jerarca. Al respecto, Della Ventura apuntó que “hay casos –y hasta fue reconocido aquí mismo por alguna alta autoridad– en los que el padre no debería tener derecho”; por ejemplo, casos de violación.
Kechichian, por su parte, defendió la necesidad de poner un límite para legislar en este asunto: “No es que valga la pena; creemos que es necesario. Ahí radica parte del debate, razón por la cual también vamos a escuchar a los médicos”.