Sebastián Moreno: “Son dos millones de dólares por asentamiento, es muy poco”

El viernes, el gobierno anunció el programa Avanzar, que ejecutará el fideicomiso de 240 millones de dólares para la regularización de asentamientos que se aprobó en 2021 en la Rendición de Cuentas, un plan con el que se busca llegar a 120 barrios en todo el país y que será administrado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la novel Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu). El programa incluyó una negociación con las intendencias; acerca de los anuncios, los costos de regularizar las viviendas irregulares y las implicancias para los barrios de la capital, la diaria conversó con el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo (IM), Sebastián Moreno.

¿Cómo cayó el anuncio del gobierno de un nuevo programa para la regularización de asentamientos?

Nosotros veníamos ya hace unos meses con la Dinisu negociando y haciendo los planteos de las necesidades que tenemos en Montevideo sobre el tema asentamientos. Tuvimos dos años en que veníamos muy preocupados y muy atrás. La semana siguiente a asumir tuvimos una reunión en el Ministerio [de Vivienda y Ordenamiento Territorial], la intendenta [Carolina Cosse] se reunió con la ministra [Irene Moreira] y después también nosotros con los directores para empezar a ver cómo era la planificación del quinquenio de parte del MVOT y trabajar juntos; hicimos muchos planteos y lo que nos plantearon de entrada fue que no había plata. En varios barrios que ya estaban acordados, firmados y que estaban incluso por adjudicar obras, nos hicieron frenarlas, no adjudicarlas y parar los procesos porque no tenían plata para poder avanzar. Nosotros hacemos la ejecución de obras, tenemos los equipos, ponemos la tierra y la infraestructura, y el tema era que para poder avanzar nos tenían que ir adelantando la plata de las viviendas y eso no estaba.

¿De cuánto era esa deuda?

Llegó a ser de seis millones de dólares. Incluso llegamos a inaugurar viviendas que todavía no nos habían pasado la plata. Se pusieron al día con eso a finales del año pasado. Empezamos a trabajar con la Dinisu, se empezó a plantear por parte de ellos el tema del fideicomiso como nuevo impulso, así lo denominaron, y ahí empezamos a plantear lo que teníamos atrasado y parado para poder arrancar de una vez.

En esta paralización, ¿qué obras quedaron suspendidas y cuáles se reprogramaron? ¿Entran dentro de lo que va a financiar el fideicomiso?

Se anunciaron algunos barrios nuevos que acordamos y también retomar algunas de estas [obras] que estaban paradas. En este anuncio no está por ejemplo [el asentamiento] Matilde Pacheco, y después el resto anuncian que los van a retomar; a su vez nosotros les hicimos un planteo grande de las necesidades de cada barrio, necesidades que tienen un respaldo nuestro. Se empezó a plantear por parte de ellos el tema del fideicomiso como nuevo impulso, y ahí empezamos a plantear lo que teníamos atrasado y parado para poder arrancarlo de una vez, nos dieron la luz verde para volver a arrancar. Que no es volver a arrancar, porque si yo me atraso un año, tengo que volver un año y medio para atrás, porque tengo que hacer todo el proceso. Cada barrio que nosotros propusimos es porque tiene terreno, equipo, porque está pronto digamos. Nos aceptaron los que presentaron [desde el MVOT], los demás [que pidió la IM] no los aceptaron. Hasta ahora hemos avanzado en eso, están los anuncios pero por ahora nosotros seguimos con lo que teníamos antes y arrancaremos en junio, julio, agosto.

En la previa de este anuncio, la Dinisu estuvo trabajando mucho con las intendencias. Hay un acuerdo marco y luego acuerdos específicos con cada gobierno departamental, ¿cómo fue esta negociación en el caso de Montevideo?

Nosotros le hicimos primero el planteo a la arquitecta [Florencia] Arbeleche cuando asumió [como directora de la Dinisu] y quedó como interlocutora por parte del MVOT con todo lo que tenía que ver con asentamientos. Empezamos a plantear desde allí todas las demandas que teníamos y las cosas que venían desde hace un tiempo con necesidades importantes. Hasta ahora con el MVOT no hemos hablado de montos, habíamos hablado de las necesidades que teníamos, ahora hay que discutir en cada uno de estos barrios qué quieren decir estos 240 millones de dólares que anunciaron, cómo se reparten, para dónde van.

No han hablado de montos, pero ¿cómo ven este monto global?

A mí me interesa hablarlo más profundamente a partir de ahora con la Dinisu. Ahora, miro el número de 120 asentamientos, que fue lo que anunciaron, y estamos hablando de dos millones de dólares por asentamiento, lo que es claramente muy poco.

Aunque cada caso es particular, ¿cuánto cuesta en promedio regularizar un asentamiento?

Para regularizar estás hablando de unos 17.000 dólares por lote, por terreno, pero cuando tenés que realojar tenés que hacer las viviendas nuevas, porque en realidad hay muchos asentamientos que están en zonas inundables. Un ejemplo: el asentamiento de Santa María Eugenia, que son más de 200 familias, son más de 12 millones de dólares. Hay asentamientos de los que están en esta lista, como Aquiles Lanza, que tienen más de 400 viviendas. Se hizo un anuncio como algo histórico [por parte del gobierno] y, por ejemplo, en el período pasado la IM intervino en 95 asentamientos. Entonces, si en el período pasado llegamos a 95 asentamientos y hoy están anunciando 120 nuevos en todo el país, tampoco es una revolución.

¿Qué le parece el mecanismo del fideicomiso para este tipo de intervenciones?

Es todo un tema por la discusión que hubo respecto a de dónde salía [el dinero], a quién le sacaban, porque esa plata en parte sale de Colonización. Esas son cuestiones que quedan para más adelante y para estudiar después. Hoy lo que a mí me interesa es cuánta plata tenemos y, por lo tanto, qué programas podemos hacer y cómo podemos trabajar esto. En ese sentido quedan muchas cosas por charlar que son detalles no menores.

Además de los terrenos que surgen de la cartera de tierras, ¿piensan poner un refuerzo presupuestal a lo que les toque del fideicomiso?

Para esto que se anunció la intendencia va a poner 555 millones de pesos, eso es en tierra, infraestructura y equipos técnicos. Sin esa plata no se puede hacer lo que dijo el MVOT, porque [la IM] tiene que dar la tierra, tiene que tener todos los servicios. Esos procesos sociales de integración con el resto del barrio se tienen que hacer con un equipo, que lo ponemos nosotros, los proyectos también los hacemos, entonces la intendencia pone de sí para que este acuerdo pueda hacerse.

En el MVOT interesa mucho fortalecer la policía territorial, ¿se lo han hecho saber a las intendencias?

Sí, de hecho hay un artículo en la Rendición de Cuentas que intenta poner un mayor peso sobre las intendencias si no cumplen con el rol de policía territorial. No sé cómo imaginan la policía territorial; nosotros lo que hacemos es que tenemos una red de información a través de los comunales y organizaciones barriales, y tenemos algunos barrios donde vemos los niveles de probabilidad de que puedan ser ocupables, tenemos todo un estudio desde el punto de vista de las probabilidades. No es que se puedan alambrar todos los terrenos de Montevideo. Hay que saber responder la pregunta ¿de dónde vienen y a dónde van? Otro planteo que le hice a la Dinisu fue que el anuncio con el listado de barrios genera otra presión.

¿De qué forma genera más presión?

Porque ahora la gente ya sabe que en esos barrios se va a intervenir, entonces yo tengo que evitar que la gente que hay en esos barrios no aumente. No puede venir gente nueva. Además, porque no tenemos el horizonte.

El Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) tenía 20 millones de dólares por año para trabajar y eso se redujo a la mitad en 2020, ¿qué pasó con lo que se perdió ahí?

Lo que ellos [el MVOT] están planteando es que algunos de los barrios que se habían detenido por el recorte en el PMB los retoman, pero con la plata del fideicomiso. Por ejemplo, Ribera del Miguelete es uno de los barrios que tenían en el PMB y que los reprogramaron para el período que viene y desde la Dinisu lo trajeron de vuelta para este período, pero con plata del fideicomiso. Por eso siempre volvemos a lo de los 240 millones de dólares; Ribera del Miguelete es un barrio grande, son una cantidad de realojos. Hay que ir viendo. Lo que hoy plantearon con acierto es que es inviable hacer esta cantidad de barrios en tres años. Lo plantearon como que seguirá en el período que viene. Las negociaciones concretas y eficientes empiezan ahora.

¿El hecho de que no saliera el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pretendía la intendencia afectó en algo al trabajo en Tierras y Hábitat?

Nos afecta indirectamente en el trabajo de algunos barrios que estaban previstos y que nosotros no habíamos previsto. Pero en realidad nosotros nos manejamos con el MVOT y con fondos nuestros y de la cartera de tierras, con esa plata llevamos adelante todo esto. El freno al préstamo del BID genera muchas cosas porque hay obras que la intendencia va a tener que hacer sí o sí, porque hay obras que no es que se puedan parar así nomás, como en un Excel.

¿A qué se refiere?

Que yo miro en un Excel y empiezo a hacer recortes de plata como un puzle, pero atrás de eso hay un barrio y una lógica de proyecto que no necesariamente va con “separo dos para acá y dos para allá”. Nos pasó eso con el PMB, cuando se detuvo la obra de Parque Cauceglia, se hizo primero una parte y la segunda etapa dos años después, pero no se puede cortar, es un barrio que tiene vida y la lógica del proyecto la destruiste porque hiciste un corte que dejó las obras detenidas. De todas formas, desde que asumimos y estamos con el plan de emergencia le hemos dado una continuidad. Decían [desde el gobierno] “vamos a trabajar en estos barrios”, en realidad en todos estos barrios que hoy nombraron ya estamos trabajando, no es un tema de desembarco, acá ya estamos. La situación del país está complicada y estamos viendo un crecimiento claro de asentamientos.

¿Qué crecimiento han observado?

Lo que nosotros vemos no es un crecimiento en el número, pero sí asentamientos que están creciendo en la cantidad de viviendas. Los gurises que llegan a tener 18, 19 años y ya formaron una familia, pero tampoco tienen la posibilidad de alquilar o lo que sea, eso estamos viendo mucho, y también la llegada de migrantes a los asentamientos. Generalmente los migrantes que venían a Montevideo se quedaban en el Centro, en pensiones, pero está difícil sostener hasta la pensión, entonces hay asentamientos que están creciendo en cantidad de gente.

¿Es de Tierras y Hábitat que depende el control de las pensiones?

Sí.

¿Cómo es ese trabajo? Es un tema bastante grave en Montevideo y sobre todo en el Municipio B, que abarca el Centro y Ciudad Vieja.

Claramente la mayoría, no se si no es 70% de las pensiones, están en el Municipio B. Nosotros ahí estamos continuando el trabajo que se venía haciendo con el IPRU [Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay] como ONG que está contratada, primero que nada, para caracterizar las pensiones, los tipos, quién vive en las pensiones, por qué viven ahí.

¿Por qué existía esa falta de información y de relevamiento?

Yo creo que es un tema tan complejo que puede asustar. Si querés trabajar con las pensiones entrás a ver y son habitaciones comerciales, no se trata de viviendas; si vos querés multar en realidad el que está gestionando no es el dueño del padrón, entonces estás multando a alguien que no existe, lo mismo si querés desde el punto de vista financiero para mejorar la pensión; hay todo un tema de economía en negro detrás. Es un tema muy complicado porque tenés que verlo desde todos lados. Nosotros ahora estamos intentando generar un colectivo de habitantes de pensiones para ir viendo las soluciones. Hemos tenido algunos talleres y la idea es tener este año un plan de pensiones basado en evidencia, datos y saber profundamente cómo es la situación. Se hizo el año pasado un subsidio por la pandemia.

¿Qué pasó con ese subsidio?

Salió bien, pero no es una política que se pueda sostener para siempre. Es una política claramente de emergencia.

¿La palabra sería tal vez “regularizar” las pensiones? Porque ahí hay un tema de que si se regulariza hay que empezar a pagar cosas que se trasladan a lo que paga la gente por una habitación.

Tenemos que fortalecer los beneficios para que el dueño de una pensión quiera regularizarse. Además de eso, si no cumple, ser firme. Es delicado, porque hay gente que vive ahí, entonces a veces el Estado queda medio de rehén en eso. Es todo un paquete muy complejo que lo venimos trabajando profundamente.