El proyecto de ley de Tenencia Compartida, que regula la actuación de la Justicia ante casos de parejas separadas con hijos a cargo que no acuerden un régimen entre las partes, ha traído bastantes dolores de cabeza dentro de la coalición, sobre todo porque Ciudadanos se mostró reticente a votarlo desde el día cero. Aunque el sector mayoritario del Partido Colorado (PC) finalmente acompañó la nueva redacción, se augura aún más resistencia en Diputados.

El martes, a las 15.00, sesionará la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y el primer punto del orden del día es el tratamiento de este proyecto, que fue presentado con modificaciones la semana pasada. Si no sucede nada fuera de lo común, la iniciativa sería aprobada sólo con los votos del oficialismo, luego se trataría en el Senado y llegaría a Diputados, donde ya se vislumbran discrepancias dentro de la coalición, aun con las modificaciones recién salidas del horno.

Es el caso de la diputada colorada María Eugenia Roselló, de Ciudadanos. En diálogo con la diaria, señaló que no votará el proyecto tal como está. Lo que más ruido le genera de la iniciativa es que “se deje sin efecto una medida cautelar”, porque no se tiene en cuenta que “es algo impuesto por un juez, con pruebas que tuvo a la vista”. Subrayó que con el cambio se descarta lo que significa una medida de ese tipo: que una persona, “sea madre o padre”, no pueda acercarse ni compartir espacio con el menor, porque “se supone que hubo una situación que ameritó esa decisión del juez”.

La diputada se refiere al artículo 4 del proyecto, que agrega al Código de la Niñez y la Adolescencia (17.823): “En el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”. “El juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente. En tal caso, dicha suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica”, agrega el artículo.

Roselló señaló que esto le “preocupa enormemente”, porque “se hace foco en el adulto y no en el niño”, y hay que tener en cuenta que el Código de la Niñez y la Adolescencia “requirió de un enorme trabajo y esfuerzo, que tuvo el consenso de todos los partidos políticos que estaban en el Parlamento” en el momento en que se aprobó (2004). Por lo tanto, “tocar partecitas de ese código supone mirarlo con mucha delicadeza, porque estamos hablando de los niños”.

La diputada subrayó que “todos sabemos muy bien que a veces puede haber situaciones que no son tal cual las relatadas”, pero eso “no se resuelve con este proyecto de ley, sino con una Justicia mucho más eficiente”. Así las cosas, señaló que siempre fue partidaria de darle más recursos al Poder Judicial para “ser más eficiente”. Subrayó que “todas las voces” especializadas en el tema que consultaron, como juristas y abogados de familia, han dicho que el problema radica justamente “en la ineficiencia del Poder Judicial, porque carece de recursos”. Por último, Roselló señaló que la idea es que en Diputados el proyecto se pueda trabajar “sin tanta presión, con más tranquilidad”, y sabiendo “que quizás haya muchas más voces contrarias que a favor”.

Para la secretaria general del Codicen, el proyecto es “muy malo”

A su vez, la también colorada Virginia Cáceres, secretaria general del Codicen e integrante de la Comisión de Género del PC, dijo a la diaria que el proyecto es “muy malo” y que la última redacción es “mucho más amplia que al principio”; porque, además de “no respetar las medidas cautelares impuestas”, incluso establece “regulación del trabajo de los defensores de oficio, marcándoles plazos y cantidad de casos que pueden tener por juzgado”.

Cáceres remite al artículo 10 del proyecto, en el que, entre otras cosas, se establece que, “en todo proceso en que el niño o adolescente deba ser oído, se le asignará un abogado patrocinante” y “cada patrocinante podrá tener hasta cinco casos activos en la misma sede”. Cáceres subrayó que eso es “desconocer cómo funciona el trabajo de los defensores en materia de familia, que son pocos y andan corriendo para todos lados, porque los casos son muchos”.

Entonces, “además de que se mete en el trabajo de los defensores, se mete mal, porque el defensor es el abogado del menor, no de los progenitores”, y en el proyecto, “como queda redactado, obliga al defensor a tener que reunirse con cada uno de los progenitores”. “Eso está mal y demuestra que es un proyecto absolutamente adultocéntrico”, finalizó.

Senadora del FA: “Este es un proyecto para adultos”

Por el lado de la oposición, la senadora del Frente Amplio Silvia Nane subrayó a la diaria que, de todos los cambios que implementa el proyecto, hay dos que son “los peores”, porque “dejan más desprotegidos a los gurises y gurisas”. El primero está en el artículo 2, que implementa que la patria potestad “únicamente podrá perderse por las causales previstas en el artículo 285 del Código Civil”. Nane entiende que al usar la palabra “únicamente” se dejarían sin efecto las condiciones del artículo anterior (284), entre las que están: “Si fuesen condenados por femicidio, consumado o en grado de tentativa, respecto a la madre de sus hijos”, así como también “si fueren condenados a pena de penitenciaría como autores o cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos”.

El otro punto que considera peor es el de las medidas cautelares. Nane expresó que su preocupación radica en que si quienes redactaron el proyecto piensan “que hay algún actor en el sistema de Justicia que piense que el interés superior del niño, niña o adolescente no está en peligro cuando hay una denuncia de violencia”. “No queda claro en qué condiciones aplicaría eso. ¿Qué más peligro que una situación de violencia? ¿Cómo alguien podría interpretarlo de otra manera?”, preguntó.

Por último, Nane criticó el espíritu general de la iniciativa, que es un proyecto hecho “a la medida de las necesidades e intereses de los adultos en conflicto, y no de los gurises, que son, en definitiva, los primeros perjudicados por ese conflicto de los adultos”. “Este es un proyecto para adultos, que no protege a los gurises de esos conflictos que deberían resolverse. Además, la tenencia compartida hoy es la más común de todos los arreglos de tenencia, se da sin intervención judicial. Pero este proyecto pone las cosas exactamente al revés que como están ahora: primero la tenencia compartida, y después, si alguien no está de acuerdo con eso, tiene que iniciar un proceso judicial”, indicó.

Red Pro Cuidados: el “interés superior del niño” es “desestimado”

En tanto, la Red Pro Cuidados publicó un comunicado sobre el proyecto titulado “una ley innecesaria que daña la infancia”. Allí se señala que la iniciativa “supone un retroceso de 30 años y antepone los derechos de los adultos frente a los de niñas, niños y adolescentes”. Por tanto, “ante esta situación abusiva”, desde la red, junto con otras organizaciones que trabajan en temas de infancia, marcan una “posición contraria a esta legislación que nos hace retroceder como sociedad”.

Según la organización, el proyecto parte de la iniciativa “de un grupo de progenitores varones y alguna madre de estos que han reclamado durante años el derecho de compartir la crianza, aunque estén denunciados por violencia intrafamiliar, violencia física y aun abuso sexual hacia sus hijas e hijos”. “En este sentido, la búsqueda de legalidad que han intentado las y los legisladores del nuevo texto cae en contradicciones conceptuales, quizás por un desconocimiento de los principios rectores que dan marco a cualquier interpretación sobre la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia”, se agrega.

Señalan que el “interés superior del niño” es “desestimado” con la redacción de la norma que será aprobada mañana en comisión, y subrayan que ese interés “constituye la base para la interpretación, aplicación y toma de decisiones en todo lo relativo a la niñez y adolescencia”.

Por último, indican que la iniciativa no “atiende a principios de corresponsabilidad en la crianza sino que está centrada en los intereses de adultos que no parecen preocuparse por la necesidad de un cambio cultural con relación a la responsabilidad de ser partícipes reales de la crianza, sino de adquirir derechos en los conflictos sobre la tenencia de sus hijas e hijos cuando las familias se separan”.