Si bien aún es un borrador, los legisladores de los distintos partidos que integran la coalición de gobierno tienen en su poder un texto, elaborado por la senadora del Partido Nacional (PN) Carmen Asiaín, que modifica el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años presentado el año pasado por Cabildo Abierto (CA)

El texto supone algunos cambios al proyecto original -como por ejemplo el aumento de la edad mínima para acceder al beneficio de 65 a 70 años-, pero lo cierto es que, según consignó la diaria el jueves, el proyecto -al igual que el de CA- igualmente beneficia a los militares presos en Domingo Arena por delitos cometidos durante la dictadura.

Esto generó repercusiones en el sistema político, específicamente dentro de la coalición. Uno de los que se mostraron reacios a la propuesta fue Santiago Gutiérrez Silva, miembro del directorio del PN, integrante del sector Por La Patria y nieto del dirigente blanco Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado en 1976.

En su cuenta de Twitter, Gutiérrez se manifestó “radicalmente en contra de cualquier proyecto que directa o lateralmente favorezca a violadores de derechos humanos”, y añadió: “Ya existen los mecanismos, de haber motivo, para que pasen a domiciliaria”.

En diálogo con la diaria, el senador Jorge Gandini, uno de los principales dirigentes de Por La Patria, declaró que no han “discutido a fondo” la propuesta, en la medida en que “todavía no tenemos respuestas de los demás partidos”. Asimismo, “dentro de Por La Patria [no han discutido] nada y dentro de la bancada tampoco hemos tomado una posición definitiva”.

“Cuando tengamos un texto más o menos conversado nos pronunciaremos, por ahora estamos esperando, la base es un trabajo más abarcativo que el de CA, que apunta a lo que ya se ha venido aplicando”, señaló Gandini, y dijo no creer “que mueva demasiado las bases de la legislación actual” respecto de la prisión domiciliaria, aunque matizó que son detalles a discutir “cuando esté pronto”.

Consultado por el tema de fondo, es decir, el beneficio que supondría para torturadores, Gandini entendió que esto está “tan claro como estuvo lo de [José] Gavazzo y lo de [Gilberto] Vázquez, sanos totalmente en sus casas en el gobierno anterior, uno paseaba el perro por Carrasco y el otro saludaba desde su balcón”.

Gandini insistió con que este “es un tema que tiene que ver siempre”, y recordó que en la propuesta está prevista “la intervención del juez, y luego de los 70 años hay un proceso más automático que es como el que actualmente rige, por lo tanto creo que no cambia demasiado las bases del régimen actual, en el que ya se basaron esas decisiones del gobierno anterior”.

“Obviamente, si están enfermos, van al hospital, pero tenemos casos de gobiernos anteriores que no estaban enfermos”, añadió, y recordó que tanto Gavazzo como Vázquez “son dos símbolos de la violación a los derechos humanos y el gobierno anterior había permitido eso, o sea que no hay que rasgarse las vestiduras, hay que encontrar una solución”.

Por último, Gandini recordó que la propuesta de Asiaín “no cambia demasiado” la legislación actual, al tiempo que el texto es “bastante más genérico que el proyecto de CA”, por lo que “merece ser estudiado cuando llegue la oportunidad de tener un texto definitivo”.