Luego de que un fiscal federal pidiera condenar con una pena de 12 años de prisión e inhabilitación política perpetua a Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y expresidenta de Argentina, distintos sectores del Frente Amplio (FA) emitieron declaraciones en las que expresaron solidaridad y denunciaron una persecución contra la líder peronista, mientras que otros públicamente se mantuvieron en silencio y manifestaron en la interna su desacuerdo con respaldarla.

El primer sector en manifestar orgánicamente su posición fue el Partido Comunista (PCU), que expresó mediante un comunicado el miércoles “su rotundo rechazo a una nueva persecución judicial” contra Fernández “con el fin de proscribirla y eliminar cualquier posibilidad de que se presente a cargos electivos en el futuro”. Además, manifestaron que situaciones de este tipo las sufrieron “dirigentes de la talla del expresidente y probablemente futuro mandatario brasileño Lula da Silva”, a quien se le “impidió competir electoralmente con Jair Bolsonaro, facilitando así la elección de este último como presidente” en 2018.

Por su parte, el Comité Central del Partido Socialista (PS) emitió una declaración este domingo en la que planteó que se asiste a “un nuevo capítulo del llamado lawfare o judicialización de la política, mecanismo por el que se utilizan procesos judiciales viciados como instrumento para proscribir o denostar a fuerzas y dirigentes políticos populares”.

En paralelo, legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP), uno del PCU y una de la Vertiente Artiguista firmaron una declaración de la Bancada Progresista del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en la que se denunciaba la “persecución mediática y judicial” contra Fernández, y el expresidente José Mujica, líder del MPP, dijo en entrevista con el canal argentino C5N que habló con Fernández para expresarle su confianza y que “en este caso” es “una víctima”.

Pero, hasta el momento, el FA no se expresó orgánicamente como sí lo hizo cuando otros líderes regionales, como Lula, se vieron ante situaciones que podrían considerarse similares. Según supo la diaria, dentro de la coalición de izquierda sobrevoló la posibilidad de emitir una declaración en respaldo a Fernández, pero no hubo consenso para hacerlo. Varios dirigentes comentaron que a raíz de una inquietud planteada en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, su presidente, Ariel Bergamino, le planteó al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, un borrador de declaración con expresiones de solidaridad para que sea analizado en el Secretariado Ejecutivo o en la Mesa Política de este lunes.

Pero ya en el Secretariado, donde las resoluciones se toman por consenso o no se toman, hubo diversos planteos contrarios a emitir el comunicado y se optó por descartar el tema, pese a que algunos sectores y las bases de Montevideo señalaron que era oportuno expresarse.

“Cristina no es Lula”

Entre los argumentos que utilizaron los opositores a emitir la declaración surgió que “Cristina no es Lula”, es decir, que algunos desconfían de que sea inocente de los delitos por los que se la acusa. Otros plantearon que Fernández fue injusta con el expresidente Tabaré Vázquez en diversas ocasiones en las que se enfrentaron ambos países, y otros apuntan también a “diferencias ideológicas” y “juicios que se tienen” sobre el gobierno argentino.

Una de las fuentes consultadas por la diaria dijo que no se quería “dejar un flanco para que la derecha desvíe” los temas de actualidad, y otros plantearon que tras la salida de Mujica, el PCU y el PS a manifestar su apoyo a Fernández ya no tenía sentido expresarse orgánicamente y así meterse “en un brete”, ya que entienden que la mayoría de la población uruguaya “no empatiza” con el peronismo.

Según pudo reconstruir la diaria, entre los sectores que manifestaron que no era momento de emitir una declaración estuvieron los que integran la Convocatoria Seregnista-Progresistas, como Asamblea Uruguay y Fuerza Renovadora, y también la Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio. Algunas fuentes indicaron que el MPP tampoco manifestó interés en emitir una declaración, en el entendido de que varios de sus dirigentes ya habían hecho lo propio.

Días atrás, en el marco del Día del Comité de Base, la diaria consultó a los intendentes Yamandú Orsi y Carolina Cosse, quienes se limitaron a hacer referencias a la “judicialización de la política” en la región. “A mí no me gusta mucho meterme en los asuntos de países y menos en partidos”, comenzó su respuesta Orsi, pero luego agregó que “en Argentina hace tiempo” se da un problema que “nos tiene que servir de lección a nosotros” y es “la judicialización de la política o la politización de la Justicia, que es peor”, y “es un veneno que después de que te agarra te lleva puesto”. “Aquella vieja máxima republicana de la separación de poderes en Argentina no la veo. Están muy mezclados el manejo del Poder Judicial y la Fiscalía con los intereses partidarios”, dijo, y agregó que “está bravo ver con claridad lo que está pasando”.

Cosse también dijo que respondería con “un comentario más general, independientemente del caso concreto”, y apuntó a que ve “extenderse peligrosamente en la región” la “judicialización de la política”, lo que es “un peligro para la democracia”. “Meter la política en la Justicia me parece un grave error y una falta de respeto por las instituciones democráticas”, agregó.