Poco después de las 13.30 del martes, en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo (IM), el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Santiago González, fue recibido por el prosecretario de la comuna, Daniel González, para discutir los trabajos en conjunto entre la cartera y el gobierno departamental en relación a los cierres de bocas de pasta base y, en particular, de aquellas que funcionan en pensiones.

“Estamos trabajando constantemente en los operativos de la Brigada Departamental de Drogas en el tapiado de bocas; en este año llevamos 42 bocas tapiadas”, se congratuló Santiago González durante una rueda de prensa luego de la reunión. Según explicó, “una vez que está la orden de allanamiento”, se habla con la intendencia y se “tapia rápidamente”.

La diferencia, justamente, entre “tapiar y simplemente hacer allanamientos y llevar a gente presa” es, de acuerdo al jerarca ministerial, que existe una “disminución del delito muy importante; donde se vendió drogas durante años, ya no se puede vender porque hay bloques”, algo que “ve” la gente del barrio. Cuando se tapia una boca, “la disminución del delito en el barrio es de entre 12% y 22%”, indicó González.

De todas formas, respecto de las pensiones en particular, el director entendió que, “como todo en la vida, no está bueno que paguen justos por pecadores”, y añadió que existen “una gran cantidad de pensiones que son legales, que son correctas, es un negocio legal y está perfecto que así funcione”. Sin embargo, “hay algunos lugares que se utilizan como pensión, donde la Brigada Departamental ha hecho allanamientos y en algunos se ha dado incluso el cierre de algunas habitaciones”, contó.

“Trabajaremos para ver cómo podemos hacer para tener la mayor cantidad de datos posible”, añadió, y reiteró que “son las pensiones irregulares, ilegales”, donde se dan estas situaciones. González aseguró que se trabajará “puntualmente en cada caso” y se verá “hasta dónde podemos ir y hasta dónde puede ir la Brigada”, puesto que, para el jerarca, “lo que hace la boca de pasta base, esté donde esté, es transformar el barrio; de un barrio tranquilo y manso a un drama para los vecinos, porque empiezan otros tipos de robos, después empieza la violencia y después la muerte”.

González se refirió, en particular, al caso de la pensión ubicada en Canelones y Convención, allanada y desalojada en mayo de 2021, un lugar que, según el director del ministerio, “estaba totalmente tomado por delincuentes, por una boca, por todo”, y lo que se hizo fue primero llevar a cabo “inspecciones con la IM, después allanamiento, y después otra inspección, hasta que logramos sacar a la gente y tapiar todo”. Los vecinos de esta pensión, justamente, habían denunciado en su momento la estafa sufrida por quien les había alquilado las habitaciones.

“Todas y todos fuimos de una u otra manera engañados por nuestra desesperación buscando un techo para vivir, terminamos aquí, pagando y pensando que estábamos comprando una solución habitacional”, expresaron en su momento, a través de un comunicado, en el que también contaban: “Sin quererlo fuimos noticia, pues en el edificio se nos instaló una 'boca' y se realizó un fuerte dispositivo policial”.

La ayuda departamental

Por su parte, Daniel González explicó que desde la intendencia buscan “ser enfáticos en no estigmatizar las pensiones”, puesto que “son un lugar donde mucha gente honesta, de trabajo, consigue un lugar para dormir”, y no creen “que sean todas las pensiones que tengan un problema de drogas”, aunque sí se mostraron dispuestos desde la comuna a que, “en aquellas que la policía tenga pruebas de que hay una situación irregular, obviamente inspeccionar y colaborar con ellos en la tarea de sacar las bocas de pasta base”.

“A nosotros nos consta que las bocas se instalan en casas, pensiones y en casi todos lados. No vemos una cuestión extendida en las pensiones, no vemos un problema endémico”, agregó, y reiteró: “En aquellos lugares donde sí se identifique la IM tiene potestad de ingresar a las pensiones, de acceder y eventualmente de tapiarlas, como ha pasado con alguna”.

De todas formas, recordó que “hay más de 250 pensiones, más de 3.500 personas que viven” allí, y dijo estar convencido “de que la inmensa mayoría no se vincula con el narcotráfico”. “Nosotros lo tapiamos [al inmueble] mientras se busca otro destino, se tiene que buscar quién es el propietario, saber si tiene deuda con la IM, podemos expropiarlo y darle un destino. Muchas veces se les otorga a organizaciones sociales que se hacen de ese lugar para trabajar, hacer reuniones y brindar servicios a la comunidad, otras se contacta al dueño para que se haga cargo de la propiedad”, explicó.

Acción estatal

En el segundo informe sobre el marco normativo de pensiones, elaborado por investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en 2018, se daba cuenta del incumplimiento de la normativa por parte tanto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial como de la IM.

“Los testimonios que nos llegan hablan de una población que es rehén de múltiples situaciones de irregularidad”, cuenta el informe, y explica que los inquilinos “muchas veces desconocen si el lugar en el que viven es realmente una pensión o se trata de un edificio ocupado o una casa de inquilinato, a pesar de que las definiciones de la normativa son claras”. En otras palabras, la estafa es moneda corriente entre las pensiones irregulares.

En este sentido, el texto recuerda que “los requisitos para la habilitación, el derecho y las posibilidades efectivas de reclamar por el cumplimiento de estos también son desconocidas” por parte de los usuarios, en su mayoría población migrante.

A nivel nacional, “las instancias de registro y control” dependen del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según las obligaciones que le dio a esta cartera la Ley 18.283, de 2008. Es en el marco del ministerio que “se encuentra una dependencia que lleva el registro de pensiones habilitadas, pero no existe un mecanismo de seguimiento o contralor”, sentencia el informe.

Si bien durante la pandemia la IM realizó un relevamiento de pensiones, “a nivel departamental, las instancias de contralor e inspección están localizadas en la Inspección General, que tiene a su cargo una amplia gama de establecimientos comerciales a inspeccionar y lleva adelante la inspección de pensiones como parte de su tarea”, señala el texto. No obstante, la inspección controla “las condiciones de habitabilidad, edilicias, sanitarias, número de personas y espacios comunes en relación a las habitaciones y contralor de otras habilitaciones”, pero “todo lo que refiere a elementos comerciales o cuestiones de convivencia quedan fuera de su competencia”.

Consultada por la diaria, Pilar Uriarte, antropóloga y una de las autoras del informe, señaló que “la situación no ha cambiado” y que “se han hecho consultorías, diagnósticos, propuestas”, pero “no se ha concretado nada ni a nivel nacional, ni a nivel departamental como una política fuerte, orgánica, de pensar el tema del acceso a la vivienda”.

“Las personas que están en pensiones optan por mantenerse en la zona céntrica y tener una vivienda de fácil acceso, pero eso no significa que tengan que vivir en la forma que viven, no son casas vacías, son casas abandonadas, pero que tienen vida”, añadió.