El Censo de población adolescente privada de libertad, elaborado por la consultora Equipos para Unicef y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), muestra una tendencia a la baja en la cantidad de jóvenes privados de libertad en centros: se pasó de 350 en 2018 a 270 en 2021. Sin embargo, las horas de encierro siguen siendo altas: en Montevideo, se registra un promedio de 17 horas de encierro, mientras que en el caso de Canelones es de 15,5 horas.
Según el informe, si bien se observa una reducción en el tiempo de encierro de más de 18 horas diarias, creció 20% el número de adolescentes que pasa entre 12 y 18 horas diarias en una celda. En promedio, “pasan aproximadamente ocho horas fuera de la celda y 16 horas dentro de ella. La variabilidad por centro del tiempo de encierro es muy grande: desde centros con promedios de nueve horas de encierro hasta otros con más de 21 horas diarias”, se apunta en el informe.
“El tiempo dentro de la celda está relacionado con la participación en talleres y actividades recreativas o formativas. En la encuesta se indagó a los adolescentes por su participación en estas actividades tanto de manera espontánea como guiada, y se encontró que nueve de cada diez había participado en al menos un taller o actividad que brinda el centro. Y en promedio los adolescentes participaron en aproximadamente tres talleres o actividades diferentes (incluyen actividades educativas, de capacitación laboral, deportivas, artísticas, recreativas)”, se afirma en el documento que fue presentado por las autoridades del Inisa en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado la semana pasada.
Para la directora en representación de la oposición del Inisa, Andrea Venosa, “los resultados no son para nada positivos ni alentadores” y puntualizó que es necesario contextualizar el estudio. “Son adolescentes que están privados de libertad, a los que se acercan a hacerles una encuesta, entonces no están libres de opinar o decir realmente lo que sienten porque siempre hay adultos próximos a ellos y vigilantes”, señaló.
Por otro lado, sostuvo que los números de encierro son “altamente preocupantes” y coinciden “con las pocas medidas educativas” que se brindan. “En promedio es una hora de educación diaria por adolescente”, recalcó en diálogo con la diaria.
La comercialización de drogas
En el informe se advierte un aumento de la cantidad de adolescentes que son recluidos por “comercialización o suministro de drogas”, adelantó el martes El Observador.
La mitad de los encuestados dijo haber cometido una rapiña, 21% un homicidio y 11% infracciones vinculadas a la comercialización o suministro de drogas. “En comparación a la encuesta de 2018 y en un contexto donde el universo de adolescentes privados de libertad se reduce en términos absolutos, se observa un descenso de la incidencia de rapiña como razón de la privación de libertad, y un crecimiento de la participación de infracciones asociadas a la comercialización de drogas”, se indica en el documento.
La presidenta del instituto, Rossana de Olivera, sostuvo que el crecimiento de las infracciones por narcotráfico es “exponencial” y que no se puede desconocer “cómo se benefician los grupos criminales en el reclutamiento de los adolescentes, siendo usados como mano de obra barata, voluntaria o involuntaria, a través de coerción o manipulación”, según consignó dicho medio.
Otra visión es la de Venosa, quien considera que no se trata de “narcotráfico”, sino de “narcomenudeo y microtráfico porque en realidad son redes barriales que han avanzado en microtráfico, y los adolescentes así como las mujeres son víctimas de ellas”, expresó.
La directora manifestó que en los últimos dos años de gestión se dificultó trabajar para que los adolescentes “no reincidan en el sistema y poder insertarlos en un medio que les dé oportunidades educativas y laborales”. A modo de ejemplo, señaló que existe una “retracción de las políticas sociales en el territorio que es tremenda”, con la ausencia de programas como Jóvenes en Red o los Equipos Territoriales de Atención Familiar.
También dijo que se advierte un aumento del déficit nutricional en los adolescentes que ingresan a los centros. “La falta de alimentos en el hogar es una constante. Eso lleva a que los gurises encuentren en estas redes de repente oportunidades que no les está dando el entorno, las políticas sociales y el Estado”, señaló.
Situaciones de violencia
En cuanto a la convivencia en los centros, se señala que existen evaluaciones muy positivas: “aproximadamente nueve de cada diez adolescentes privados de libertad valoran como bueno o muy bueno tanto el relacionamiento con sus compañeros como con los adultos que trabajan en el centro”.
Sin embargo, la mitad dijo haber vivido situaciones de violencia con otros adolescentes: “43% manifiesta haber participado directamente en peleas, 27% menciona agresiones verbales, 8% sufrió amenazas y 4% estuvo involucrado en robos dentro del centro”.
Asimismo, dos de cada diez adolescentes experimentaron “alguna situación de violencia o malos tratos” por parte de los funcionarios, entre ellas, insultos, aislamiento o golpizas. El número bajó respecto a 2018, cuando cuatro de cada diez había experimentado malos tratos.
Visitas
En el informe se da cuenta de una reducción de la cantidad de visitas que reciben los adolescentes privados de libertad. En 2018, 93% de los adolescentes declaraba recibir visitas de sus familiares, mientras que en 2021 la cifra disminuyó a 83%.
“Ese descenso se explica particularmente por la caída en las visitas que reciben los adolescentes que residían en el interior del país antes de ingresar al centro. Es probable que la situación de emergencia sanitaria y las mayores dificultades económicas de algunas familias debido a la pandemia hayan afectado este indicador, pero no es posible establecer exactamente en qué medida”, se señala en el informe.