Wilder Tayler asumió el 1º de setiembre, por segunda vez consecutiva, la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Es el único representante del quinteto anterior que se mantuvo en el cargo, y lo consiguió con el visto bueno de organizaciones como Crysol y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y 66 votos de la Asamblea General.

Entrevistado por la diaria, hizo un balance positivo de la gestión anterior, particularmente sobre las tareas de búsqueda de desaparecidos, que encabezó con la exjueza Mariana Mota, pero también reconoció las dificultades para avanzar en las investigaciones, derivadas del pacto de silencio de los perpetradores directos. En ese sentido, pidió un “mensaje” del propio presidente de la República para que quienes colateralmente estuvieron involucrados brinden la información.

Tayler también se refirió a la primera votación del Consejo Directivo, en la cual se desmarcó de los otros cuatro integrantes: la incorporación en su registro de organizaciones sociales del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (Ceddhhu), que defiende a condenados y procesados por delitos cometidos durante la dictadura. Tayler fue tajante al defender su decisión: “No todo el mundo tiene lugar en la institución, porque la institución no es neutral frente a los crímenes de lesa humanidad”.

Antes de hablar sobre el período que recién comienza, ¿qué balance hacés de la gestión anterior, que también integraste?

Creo que fue una gestión enormemente rica en cuanto al desarrollo institucional. Se consolidaron líneas de acción, como el Mecanismo Nacional de Prevención [de la Tortura, MNP]; se crearon áreas de trabajo como la de descentralización; hubo una inserción internacional importante con otras instituciones hermanas; se incorporaron prácticas de monitoreo del plan estratégico, y se incorporaron áreas: la búsqueda de detenidos desaparecidos, la unidad de género, la unidad de salud mental. Yo valoro como positiva la experiencia anterior, en cuanto a lo que nosotros hicimos. Después hubo un aspecto que fue la interfase con la clase política, sobre todo en los últimos tres años. Yo creo que a la clase política uruguaya –a toda– todavía le falta entender cuál es el rol de la INDDHH. Hay un aspecto del trabajo que le cuesta a todo el mundo, que es el aspecto de monitoreo y vigilancia, el órgano de control en materia de la implementación de los derechos humanos. Costó en la administración del Frente Amplio (FA), donde encontrábamos resistencias e incomprensión, muchas veces, y costó mucho en este último período, con este gobierno.

¿Mucho más?

Costó más, costó un poco más. La administración anterior, quizá, tenía aquello de que se había creado la institución durante sus períodos de gobierno, entonces, de alguna manera la veían como parte de su etapa, de su legado institucional. La institución por suerte siempre fue independiente, de eso doy fe, pero aun así había una incomodidad, frecuentemente. Con el nuevo gobierno, esa incomodidad subyacente, en algunos casos, se transformó en una molestia evidente, que luego fue adquiriendo la forma de ataques públicos. Pero hay que saber diferenciar y poner matices: hubo personas del Estado, en esta administración actual, que también dieron un debate de ideas franco. Por ejemplo, en el tema laicidad, definitivamente. Sin embargo, la mayoría de los ataques, para mí, respondieron a una enorme molestia con el rol de control y vigilancia de la institución. Hubo mucho prejuicio y partidización: el pronunciamiento adverso en materia de derechos humanos fue rápidamente asimilado a una pertenencia a la oposición político-partidaria. Y después hubo casos que fueron de pura y simple grosería: el ataque a personas, a la institución, la interpretación maliciosa de las acciones de la institución, que también los hubo y en buena medida. Eso erosionó bastante el relacionamiento con parte del gobierno, pero con muchísimas instituciones se siguió manteniendo el diálogo fructífero y constructivo.

En ese marco, ¿cómo recibiste la propuesta de reelección?

Yo fui propuesto por organizaciones sociales, y me mantengo en eso. Obviamente, hubo un proceso de politización y partidización del debate y del proceso, porque hubo gente que claramente atribuía a tales y cuales partidos su –entre comillas– representación en el directorio de la institución. A mí nunca nadie me pidió que representara al FA acá, y si me lo hubieran pedido no lo hubiera hecho. Eso se lo dije al FA. Cuando me dijeron que esto se iba a votar y que no habían logrado un acuerdo de mayorías, yo me preocupé por saber de los movimientos sociales que la candidatura no iba a ser repudiada. Porque si iban a repudiar la candidatura yo no iba a seguir adelante.

¿Pensaste en dar un paso al costado?

En esos días, en ese proceso, muchas veces. Porque yo también compartía la preocupación de los organismos de derechos humanos, y me pregunté si valía la pena o no. Son decisiones muy difíciles, pero había muchos temas con los que estoy muy comprometido, como es la búsqueda de los detenidos desaparecidos, pero no únicamente, entonces resolví seguir adelante.

Antes de todo este proceso de elección, cuando comenzó este clima del que hablabas, de crispación y violencia, ¿consideraste dejar el directorio?

No, jamás. Porque el ataque que sufrió la institución es inherente, muchas veces, a la función. En derechos humanos podés hacer muchas cosas: podés educar, podés hacer un trabajo de promoción... Pero la vigilancia, el monitoreo del cumplimiento de las políticas públicas son muy pocos los que lo hacen. Y desde el Estado mismo, sólo la INDDHH. Y ha costado aceptarlo, porque trae un componente que es crítico. Pero Uruguay tiene reservas democráticas monumentales, creo que se va a ir aceptando el rol de la institución.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, planteó rever la “función y la misión” de la institución, ¿creés que se puede dar eso ahora? ¿Sería positivo que se revisara la ley?

Creo que la ley podría ser mejorable, no es que sea una cosa urgente. Yo tengo reservas, por ejemplo, con la dirección colegiada de la institución, no porque sean directores, sino porque además son gestores. Acá hay cinco gerentes que somos pares, con igualdad de facultades. Eso ya crea un problema.

¿Tendría que haber solamente un presidente?

Creo que podría haber un directorio que tenga un presidente, que sea el más votado. No es una propuesta concreta que tengo, pero para poner un ejemplo, que haya un presidente, un vicepresidente y un vocal. Me parece muy importante que haya una unidad de criterio a lo largo de los años. Un presidente que cambia todos los años cambia el estilo de la presidencia, cambia la coordinación, cinco veces en un período de cinco años. En algún momento se debería pensar en eso. También en darle un poco más de llegada a ciertas resoluciones de la institución. Está bien que sean recomendaciones, no hay que competir con el Poder Judicial –esta fue una de las grandes mentiras que se esgrimieron–, pero sí que haya más sanción por el no cumplimiento. Que el Parlamento se interese no sólo una vez por año en dónde están las irregularidades y el incumplimiento, sino que haya un seguimiento.

A poco de asumir ya se dio la primera votación dividida 4 a 1: la incorporación del Ceddhhu dentro de su registro de organizaciones sociales. ¿Por qué votaste en contra?

En primer lugar, la votación en contra es parte de la vida de la institución. En principio la tendencia natural, el instinto de los derechos humanos, te dice que venga todo el mundo a la institución, porque tiene que reflejar a la sociedad. Pero en esta organización, Ceddhhu, que ya había pedido la integración en el consejo anterior, hay componentes que me preocupan, como aquellos que tienen tesituras negacionistas del terrorismo de Estado. Me preocupan aquellos componentes que atribuyen el rótulo de presos políticos a personas que están condenadas o procesadas por la Justicia, por delitos de lesa humanidad. Creo que allí se traspasaría una línea roja; la institución no debe albergar a gente que revisa nuestra historia más trágica en materia de derechos humanos, y tampoco a quienes califican en términos casi dignificantes a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. No todo el mundo tiene lugar en la institución, porque la institución no es neutral frente a los crímenes de lesa humanidad. Esto yo lo planteé en la reunión, que fue muy cordial, en buen clima. Ellos lo entendieron diferente.

Wilder Tayler.

Wilder Tayler.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué expectativas tenés para el tercer quinquenio? ¿Esta configuración cuatro a uno puede ser un anticipo de lo que se puede esperar de este nuevo Consejo Directivo?

Evidentemente va a haber cambios, que son naturales, de desarrollo, y habrá que ver también si existe un cambio de orientación, que yo presumo que sí, porque con el cambio de la gente viene un cambio de orientación. Hay toda una interrogante que está abierta. Un voto discorde no es novedad en la INDDHH, porque lo tuvimos durante los cinco años anteriores, contrariamente a los que decían que esto tenía un bloque homogéneo.

Lo que pasaba en el anterior consejo era que Mariana Blengio solía votar en contra.

El problema con Blengio es que ella empezó a votar en contra porque cuando cambió el gobierno cambió el voto, y dejó de votar contra el Estado. En mi caso, por ejemplo, seguí votando contra el Estado con el mismo porcentaje de votos. Y otros colegas siguieron dando la misma proporción de votos en el gobierno del FA como en el de la coalición.

¿Blengio partidizó su voto?

Es un juicio que yo no quiero hacer. Por qué lo hizo no sé, porque no fue discutido. El dato estadístico es que hay un cambio en la orientación del voto, otros no tuvimos ese cambio.

En la entrevista que le hizo la diaria al actual presidente de la INDDHH, Marcos Israel, él decía que las violaciones de derechos humanos son perpetradas por el Estado, lo que le valió varias críticas. ¿Qué opinión tenés de sus afirmaciones?

Es correcto lo que dice Israel. Las críticas son infundadas. ¿Por qué es el Estado? Porque el derecho de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, impone una serie de obligaciones que sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado, que tiene una carga adicional, que es la de proteger al individuo.

Cuando existe una agresión individual, por supuesto que hay una vulneración de derechos humanos. Puede haber un acto de tortura individual, pero no es el acto de tortura de la Convención Internacional contra la Tortura, que requiere que haya un agente público involucrado, porque es eso lo que lo convierte en un crimen internacional. Al que sufre la lesión, el vulnerado, no le va a cambiar la intensidad del dolor, de la laceración; esto no conlleva un desprecio a la calidad de las víctimas. Por eso las víctimas del delito tienen que ser amparadas por el Estado. Cuando Marcos fue atacado por el diario El País, y por la asociación de víctimas del terrorismo –que nadie niega su condición de víctimas– se saltearon ese problema. Marcos dijo lo correcto, yo lo respaldo 100%.

Nuevamente decidiste encabezar la búsqueda de detenidos desaparecidos. ¿Qué balance hacés de la tarea en esta materia realizada hasta ahora por la institución? ¿Por qué no se puede avanzar más?

El pacto de silencio ha sido predominante en esto. Es una alianza muy fuerte, una resolución de no brindar esta información y llevársela a la tumba. Eso no puede ser quebrado. La pregunta es, ¿cómo compensás la existencia de ese pacto de silencio? ¿Qué otras teclas tocás para compensar el terrible vacío que deja que el perpetrador directo haya decidido no hablar, o incluso desinformar? Hay que ir a todos aquellos que algo tuvieron que ver. ¿Quiénes son? Cocineros, centinelas, enfermeros, choferes. Los desaparecidos fueron detenidos que tuvieron contacto con todo este tipo de gente, no únicamente con quien los torturó, los mató, les laceró la carne, y después los tiró por ahí. Hubo un entorno humano. Esa gente algo sabe. No te dirán dónde están, pero alguna idea tienen. En general, personal subalterno, personal atemorizado, personal sujeto a líneas jerárquicas extremadamente verticales y férreas. Lo que necesitamos, cada vez con más fuerza, es un llamado desde la cúspide del Estado, desde lo más alto. Que le digan a toda esta gente que está bien dar esa información, que es patriótico, que nos hace bien como sociedad que usted, que tiene un pedacito de información, se la dé a la INDDHH para que avancemos. A mí me gustaría que este mensaje salga del presidente de la República. Del ministro [de Defensa] también, del comandante [en jefe del Ejército]. ¿No decimos que es una causa nacional?

La incorporación de ONG que niegan el terrorismo de Estado y defienden a los represores privados de libertad, ¿cómo puede afectar la persecución de estos propósitos dentro de la INDDHH?

Yo espero que no afecte para nada. Si lo afectara estaríamos en un grave problema. Mi expectativa es que la institución cierre filas con esto, y que el consejo directivo también.

¿Te preocupa la incorporación de un integrante propuesto por Cabildo Abierto –Bernardo Legnani– siendo que ese partido ha manifestado explícitamente que la institución no debería existir?

Una cosa es lo que haya dicho CA, que dijo que no debería existir la institución pero después propuso gente, lo que me parece una contradicción, y otra cosa es Legnani, quien hasta ahora es un colega del que no tengo elementos para juzgarlo. Hace 15 días estamos trabajando juntos y lo único que tengo para decir son cosas positivas. Si no, corremos el riesgo de hacer lo que se hizo antes, que es caratular a la gente por su origen. Vamos a ver qué hay. A mí una institución pluralista es algo que, en principio, me atrae mucho.

El tema del abuso policial fue protagonista en el período anterior, y concretamente hubo un informe del MNP que aconsejó investigar los casos que presentó la Asociación de Defensores de Oficio, que generó fuertes críticas de Argimón y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Cómo avanzó ese tema?

No tengo indicios de que haya cambiado sustancialmente. Ese episodio para mí fue uno de los más grandes malentendidos en cuanto a lo que es el rol de la institución. En ese momento se estaba hablando de derechos humanos y debatiendo públicamente con un gran nivel de intensidad: hablaban los políticos, los medios, los sindicatos, los estudiantes, las cooperativas, las asociaciones profesionales, las señoras en la feria. Hablaba todo el mundo, ¿de dónde sale que la única que no pueden hablar de derechos humanos es la INDDHH que, de todos estos, es la única que tiene un mandato jurídico específico para hablar sobre este tema? Lo que nosotros dijimos era extremadamente relevante para aquella campaña [del referéndum contra la ley de urgente consideración], porque habíamos detectado, con profesionales de la Justicia, que confluía con la información que nosotros teníamos, un incremento en determinadas prácticas policiales, que se extendían a todo el país.

Todo este lío se armó porque lo sacamos tres semanas antes [del referéndum], pero la misma información fue dada seis meses antes y ni siquiera se contestaron los oficios que se enviaron al Ministerio del Interior. Si nosotros no hacemos esos pronunciamientos cuando hay que hacerlos, en los momentos en que la opinión pública debate, podemos cerrar el boliche y nos vamos todos a tejer calcetas. Cuando las papas queman, cuando la gente está siendo maltratada, ahí es cuando la institución tiene que estar, sino no vale la pena que esté. La LUC ofreció un marco de debilitamiento de garantías, que ya había sido analizado por la institución, antes del referéndum, desde que era un proyecto de ley. Se dijo a la Asamblea General que eso iba a pasar, y después pasó, entonces no veo por qué tanto escándalo porque lo digamos. Es matar al mensajero. El MI desde el año uno de la institución fue el que recibió más denuncias; no es casualidad, es la entidad del Estado que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de las armas. Es lógico que ahí se produzcan vulneraciones.

¿Qué opinión tenés del proyecto que se aprobó en Diputados esta semana y que prohibiría ingresar a la Policía a personas que cometieron delitos graves cuando eran menores de edad? ¿Es una forma de prevenir los excesos en el accionar policial, como planteó Felipe Schipani?

Creo que ese tipo de cosas tienen que tenerse en cuenta. Quizá no sean tan a rajatabla, porque una apuesta a la rehabilitación no está mal, pero al mismo tiempo hay que entender que se va a poner un arma de fuego y el uso legítimo de la fuerza en manos de una persona, entonces, si tiene antecedentes de ese tipo, un escrutinio en profundidad de su aptitud parece razonable. Algún proceso de filtro que ofrezca garantías tiene que haber.