El pasado jueves, con el voto en contra del representante del Frente Amplio (FA), Pablo Siris, el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) aprobó un llamado a interesados para “prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial” en la banda de FM en Salto, Mariscala y Quebracho. El llamado vence el 13 de noviembre.

Según Siris, el plazo previsto del llamado incumple el artículo 129 de la vigente ley de medios (19.307), que establece que el Poder Ejecutivo “no podrá otorgar nuevas concesiones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión” en el año previo a las elecciones nacionales, es decir, después del próximo viernes 27 de octubre.

“Voté en contra en el directorio respecto de realizar este llamado, en tanto estamos a escasos días de que inicie la veda para otorgar frecuencias en el año previo a las elecciones nacionales que inicia el próximo 27 de octubre”, expresó Siris en X.

Siris dijo a la diaria que el resto de los directores “sostuvieron que lo único que estaban haciendo era cumplir con el decreto del Poder Ejecutivo del 29 de setiembre”, el cual dispuso las bases del llamado. A su entender, esto no es válido porque la Ursec es un servicio descentralizado y “no tiene dependencia directa” del Poder Ejecutivo.

Siris afirmó que en el decreto “no se explica por qué” se abrió un llamado para estas tres localidades, cuando, en el caso puntual de Salto, “se ha planteado que hay exceso de emisoras” y que, por la crisis económica que atraviesa el litoral, “no se consigue pauta publicitaria”. “Yo entiendo que es una barbaridad”, resaltó.

El representante del FA señaló que el propósito de la restricción es evitar “que a los gobernantes no se les ocurra hacer campaña ofreciendo medios de comunicación como pago de favores políticos”. Para Siris, “parecería que se están generando, nuevamente, esas prácticas” que a través de la ley de medios “se trataron de evitar”. Afirmó que este incumplimiento de la normativa “viola el Estado de derecho”, porque, mientras continúe vigente, “la ley debe ser aplicada”.

“Para hacer este tipo de cosas –entre otras– es que quieren derogar la ley de medios, que fue apoyada por trabajadores, sociedad civil y organismos internacionales, además de ratificada por la Suprema Corte de Justicia”, cerró Siris.