La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) sigue en la mira de la oposición y de Cabildo Abierto (CA). El Frente Amplio (FA) fijó como plazo esta semana para que el gobierno promoviera el cese de todas las designaciones directas y la renuncia de los delegados uruguayos y, si esto no sucedía, analizaría la posibilidad de realizar una nueva interpelación.

Este jueves El País informó que 13 de los 36 designados de forma directa por el expresidente de la comisión, el nacionalista Carlos Albisu, pasarán a calidad de contratados y otros cuatro tienen previsto renunciar. Por otra parte, un edil blanco ya renunció, a dos ediles no se les renovó el contrato y a uno le vence a fines de octubre y no se lo renovarán.

Los restantes integrantes continuarán en sus funciones en el complejo hidroeléctrico porque la delegación argentina no dio el visto bueno para que los cambien y, según informó este jueves la diaria con base en fuentes políticas, hubo ediles blancos que en esta semana manifestaron su intención de renunciar al cargo en la Junta Departamental –como hizo el presidente actual del organismo, Martín Burutarán– para quedarse en el organismo binacional.

El diputado frenteamplista Nicolás Viera, quien fue el miembro interpelante la semana pasada, dijo a la diaria que el FA tenía “previsto dar un plazo, que estaría terminando esta semana, para que el gobierno actuara”. Aclaró que “no es un plazo estricto”, pero lo que sí se busca es que “el gobierno dé una señal política sobre si va a cumplir o no con lo que el Parlamento solicitó, y eso no lo hemos visto, al menos de manera oficial”.

La interpelación culminó con una moción en la que se exigió el cese inmediato de todos los contratos directos desde 2020 y la renuncia de la delegación uruguaya. Este último pedido sólo fue impulsado por el FA y CA, que en un aditivo señalaron que debido a la “gestión inadecuada” a partir de la “designación de personal y los cambios del estatuto de los funcionarios”, sin consultar al Poder Ejecutivo, se manifestó que la “renuncia del expresidente Carlos Albisu debe ser acompañada por la renuncia del resto de los delegados uruguayos”.

Ante la falta de respuestas del gobierno, la bancada de la oposición evaluará la semana que viene los pasos a seguir. Viera adelantó que existen un “montón de recursos” parlamentarios, por ejemplo, “llamar al ministro a la Comisión de Asuntos Internacionales, hacer un llamado en régimen de comisión general a la cámara, hacer una interpelación nuevamente, crear una comisión investigadora”.

Opinó que “el único paso firme que podría haber dado el gobierno uruguayo por sola voluntad del Poder Ejecutivo es la de pedirles la renuncia a los tres delegados de Uruguay ante la CTM, cosa que no hizo porque no quiso”. A su entender, el presidente Luis Lacalle Pou, junto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sigue protegiendo “a su amigo Albisu” y, por lo tanto, “blindan a Burutarán, que es persona de confianza de Albisu, al frente de la delegación de Uruguay”.

Asimismo, se refirió al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado este jueves para modificar el régimen de contrataciones directas en las comisiones binacionales y opinó que se trata de un “saludo a la bandera en este contexto”.

El malestar en la oposición sobre el accionar del gobierno respecto de los cambios en la CTM de Salto Grande es compartido en CA. Los diputados Álvaro Perrone y Rodrigo Albernaz manifestaron este viernes en diálogo con El País sus reparos y adelantaron que si no se cumple con lo dispuesto por el Parlamento, también evalúan una nueva interpelación.

El senador cabildante Guillermo Domenech respaldó la postura de sus correligionarios y dijo a la diaria que “no puede descartarse nada”, en referencia a una eventual interpelación. Sostuvo que “evidentemente el gobierno debe tener alguna dificultad para hacer renunciar a los ediles, pero creo que se trata de un tema político que, en aras del prestigio del propio gobierno, es imprescindible que esos ediles renuncien”.

Por otra parte, sostuvo que la delegación uruguaya “tiene que ser removida” y se debe elegir “una nueva integración”. “En las delegaciones técnico-mixtas tiene que haber gente con capacidad, con formación muy particular, que asegure una buena gestión y, por otro lado, no podemos dar la sensación de que entramos en un reparto de cargos”.

“Obviamente que si no se toman estas acciones, se está desconociendo lo que dispuso el Parlamento”, valoró Domenech, y agregó que evaluarán cómo se desarrollan los hechos y “qué esfuerzo” hace el Poder Ejecutivo “para cumplir con lo que aprobó el Parlamento”.

Viera, por su parte, resaltó que el FA ya ha coincidido con CA en muchas instancias y sostuvo “que está bueno pensar” en que pueden “llegar a un acuerdo” en lo que refiere a nuevas acciones parlamentarias. De todas formas, también marcó un matiz y sostuvo que “es bueno saber que a la hora de respaldar a los ministros en una interpelación, CA votó por el gobierno”.