15 días después de la interpelación al canciller, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por las designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) solicitó a la Comisión de Asuntos Internacionales de esa cámara que se vuelva a citar a Bustillo por entender “que no hay una devolución oficial por parte del Ministerio de Relaciones Internacionales” a la resolución que adoptó la cámara luego de la interpelación, según explicó el diputado frenteamplista Nicolás Viera a la diaria.

“Necesitamos tener una opinión formal y una devolución referida a lo que la cámara votó”, agregó Viera, que implicaba “que renunciaran los directores políticos”, que quedaran sin efecto “los contratos de los 36 cargos por designación directa” y que se realice “una auditoría interna”, recordó el legislador. “De esas tres cosas no tenemos, a 15 días de la interpelación, ninguna respuesta”. Está previsto que este miércoles ingrese la nota formal y que el presidente de la comisión, el diputado Marne Osorio, defina con el canciller la fecha de la comparecencia.

Bustillo “no nos va a dar la solución”

Este martes, el mismo día en que se dio a conocer el pedido del FA, la cámara discutió el proyecto de ley del senador Jorge Gandini que busca inhibir a quienes tengan cargos en las comisiones binacionales de hacer política, tal como sucede con los directores de los entes. Con media sanción en el Senado, se esperaba una votación rápida; sin embargo, la bancada del Partido Colorado y algunos diputados nacionalistas no acompañaron y no se llegó a los dos tercios necesarios para su aprobación.

Además, hay “otro proyecto enviado desde el gobierno en la Cámara de Senadores”, señaló a la diaria el diputado del PN Javier Radiccioni. Por eso, consideró “que no tiene mucho sentido” llamar a Bustillo porque “la interpelación ya se hizo” y “se tiene que generar un proyecto como el que quisimos votar”, que, si bien no alcanzó los votos, “sí tuvo una mayoría absoluta de quienes buscamos una fórmula que genere transparencia y que impida hacer política a través de este tipo de cargos”.

Para Radiccioni “hay que encontrar soluciones desde el punto de vista legislativo”, y “llamar a Bustillo” sería “para que diga otra vez lo mismo”. “No veo qué elementos nuevos pueden haber surgido para traerlo a la comisión”, y se debería “generar ciertas limitaciones o formas de control desde el Ejecutivo sobre este tipo de designaciones y de instituciones que tienen un poder económico importante y manejan dineros públicos”, planteó.

“Lo que tenemos que buscar es afinar desde el punto de vista legislativo y no seguir llamando a Bustillo, que no nos va a dar la solución”, sentenció Radiccioni.