Sebastián Valdomir: “Para la derecha la seguridad social es un gasto y no una inversión para que la población tenga mayores niveles de bienestar”

A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, en la cámara baja intentan darle una discusión más “cualitativa” a la reforma jubilatoria más allá de que desde el oficialismo se espera que no pase más de marzo para así cumplir una promesa de campaña.

Dicho documento se encuentra a estudio de la comisión especial, que integra el diputado por el Frente Amplio (FA) Sebastián Valdomir, quien especificó los sectores de mayores ingresos que podrían aportar más a la seguridad social, donde para lograr eso se debería repensar una reforma tributaria “del siglo XXI”. Además, admite que el FA debería haber hecho un especial foco en una reforma de gran magnitud, algo que quedó en el debe, según sus palabras, en el último gobierno de Tabaré Vázquez.

En paralelo a la discusión de uno de los grandes buques insignia del gobierno, se suma el caso Astesiano y los cambios en la cúpula policial, con respecto a lo que Valdomir sostiene en entrevista con la diaria que el Ministerio del Interior hace una salida a la “desesperada” y agrega que el presidente debe “bajar la pelota al piso” y asumir la “gravedad” de la causa.

¿En qué se diferencia la discusión actual de la reforma jubilatoria en Diputados con la del Senado?

Queremos que sea cualitativamente diferente de la que se vivió en el Senado. Para empezar, que se prioricen más temas, que se jerarquicen determinados temas con más tiempo de tratamiento y que además se generen las instancias de interlocución entre los diferentes partidos políticos y los colectivos que vienen de la sociedad civil y del gobierno, [para que haya] una discusión mucho más profunda. Nosotros entendemos que [el tratamiento] en el Senado se dio en un momento particular porque fue en diciembre, en el marco también del debate de las interpelaciones por el caso Astesiano. Era difícil darle mayor trascendencia y mayor tiempo político a la reforma de la seguridad social, pero pensamos que ahora es la oportunidad de darle la verdadera profundidad que el tema tiene, porque la seguridad social es todo. Desde los derechos no sólo de los años para jubilarse, para adquirir una pensión, sino también un montón de otras circunstancias que hacen al día a día de la vida de una persona. Entonces pensamos que el debate tiene que tener mucha más seriedad y tomarnos el tiempo que sea necesario. Esto se contrapone un poco con lo que quiere el gobierno, que es tratar de sacarlo lo más rápido posible.

En algo están de acuerdo, y es que se debe aumentar la edad jubilatoria.

Evidentemente, hay que acompañar las tendencias demográficas del país, pero a ese debate también hay que darle mucha más integralidad, porque no es lo mismo la expectativa de vida al norte del río Negro que al sur; no es lo mismo la expectativa de una empleada doméstica o un trabajador de la construcción que la de un trabajador bancario o un trabajador de industria y comercio. En los promedios es una manera muy efectiva de dar determinadas discusiones, pero no vas a la complejidad del tema. Ese tema de que aumentó la expectativa de vida para todos, en definitiva, también tiene que ser problematizado.

Habías planteado que los sectores de mayores ingresos puedan aportar más a la seguridad social. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo?

Cuando se introdujo la última reforma, en 1996, y cuando se hace la reforma tributaria por parte del FA estábamos en otro mundo. Si bien Uruguay sigue siendo un país agroexportador y productor de commodities, hay algunas dinámicas a nivel del sistema productivo nacional que se han modificado en los últimos diez o 15 años. Hay que incorporar un debate sobre la seguridad social, que es central para nuestra sociedad por más que sea un país con una población reducida y con determinados condicionantes estructurales. Ese debate se tiene que dar en su integralidad, sobre cuánto aporta cada sector económico y cuánto pone cada sector económico al bienestar social. Con la visualización de la pandemia, en un período en el que hubo un parate económico muy importante en determinadas áreas, hay sectores que no sólo mantuvieron su ganancia, sino que la aumentaron: lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria frigorífica, las industrias vinculadas al gran agronegocio, las plataformas logísticas que operan acá...

A las plantas de celulosa se les dio facilidades para que se instalaran en nuestro territorio. ¿No hay posibilidad de generar un debate en el cual cada sector económico se mida y pueda aportar un poco más? Esto tiende a invisibilizar o a generar un debate medio cerrado, confuso, cuando se dice que el sector rural tiene que aportar más. No, no es todo el sector rural el que tiene que aportar más, porque al chacrero o al pequeño productor ganadero que está peleando con la seca y tratando de mantener a los bichos vivos, no hay que hacerle aportar más. De repente, hay que pensar un régimen distinto de beneficiar, por ejemplo, al productor y a la agricultura familiar. Hay sectores de alta rentabilidad, que aparte para el lado que va el mundo, va a seguir teniendo alta rentabilidad. Ese es un sector que nosotros deberíamos convocar para decirles: ‘¿Ustedes no piensan que podrían aportar un poco más?’. En cuanto al hecho de que haya una pobreza infantil importante, ¿no es posible direccionar recursos de estos sectores económicos para que se beneficie a esos desafíos que tiene la sociedad uruguaya? Ese es el debate que nosotros queremos dar con el financiamiento.

Con eso se debería repensar una reforma tributaria.

Sí. A medida que han cambiado las perspectivas de trabajo, el funcionamiento de determinados sistemas económicos y productivos, el FA hizo una reforma tributaria en su momento, pero ahora tenemos que pensar una tributación del siglo XXI. Cuando el FA hizo la reforma tributaria reformó el esquema de tributación heredado de la década de 1990, propio de los últimos gobiernos del siglo XX y el primer gobierno del siglo XXI, entonces lo que hace es tratar de homogeneizar y darles seriedad y racionalidad a los tributos. Ahora es necesaria una reforma del siglo XXI o pensar los tributos del siglo XXI, por ejemplo, cuánto aporta el trabajo, cuánto aporta el capital.

La diferencia de lo que entiende el FA, que es la seguridad social con relación a lo que entiende la derecha o el bloque de poder actual, es que para ellos es un gasto y por eso lo resumen a contener el gasto y no a una inversión para que la población uruguaya tenga niveles de bienestar y de protección mayor a los que tenía antes. Más protección no es más gasto, es mayor bienestar.

Desde el oficialismo se retruca al FA que no propone una alternativa a este proyecto. ¿No debería haber hecho hincapié en una reforma mucho más profunda durante sus tres gobiernos?

Avanzamos todo lo que pudimos. En el contexto histórico y político el FA hizo muchas innovaciones en materia de seguridad social que le cambiaron para bien la vida a la población uruguaya. No hizo todo lo que era necesario y no hizo todo lo que es necesario hoy.

A mí me causa gracia cuando preguntan cuál es la propuesta del FA. El gobierno es el que tiene que hacer una propuesta, el FA no está en el gobierno. Nosotros fuimos a la comisión de expertos y aportamos no sólo con tres compañeros, sino con todo un aparataje de aportes técnicos y políticos donde se evidenciaban las diferentes visiones de la seguridad social que tenemos entre la izquierda y la derecha. Evidentemente, nosotros no podemos hacer una propuesta integral para reformar el sistema previsional porque no estamos en el gobierno, lo que queremos es que no se reduzcan los niveles de cobertura que hoy tiene la población uruguaya, que no se entienda como gasto lo que es una inversión y que no se entienda que es un costo el bienestar de la población. 

Ahora, puertas adentro, ¿no creen que es un debe de la izquierda no haber hecho una reforma de este tipo?

Sí, es un debe que nosotros deberíamos haber encarado en el último período de gobierno y sobre todo en la presentación y en la elaboración programática que presentamos en 2019. Tendría que haber sido mucho más potente. Deberíamos haber planteado mayor energía utópica, mayor osadía a la hora de decirle a la población que entendemos que es necesaria una reforma de la seguridad social para el siglo XXI con nuevas características, y de repente ahí fuimos presa de las contradicciones que el FA tiene a la interna entre los diferentes modelos de seguridad social.

Nosotros a la interna discutimos, analizamos; lo que no hay es una visión unidireccional ni obcecada, entonces podríamos haber dado esa discusión de otra manera y presentado a la sociedad una propuesta un poco más realista y desde una perspectiva más nítida de izquierda.

¿Cómo ha visto la discusión díscola de Cabildo Abierto (CA) en estos últimos días? Se ha planteado, por ejemplo, votar el proyecto en un próximo gobierno.

Yo creo que CA lo que le está aportando es una mirada a la discusión dentro del oficialismo, que no está logrando ubicar con facilidad. Para una parte del herrerismo y para el PN sacar este proyecto es casi reafirmar el compromiso que asumió el presidente de la República, que es integrante del PN. Ellos tienen que sacar esto a como dé lugar y poco importan los costos que van a dejar por el costado, que toda reforma de las jubilaciones y pensiones tiene, acá y en todo el mundo. Entonces CA lo que les está proporcionando es alerta. “Si nosotros sacamos esto a marcha camión, a como dé lugar, se van a generar costos políticos que no estamos dispuestos a cruzar”. Entonces, es el impulso y su freno dentro de la coalición.

Creo que hay algunas cosas que está planteando CA que son de recibo. Darles el poder a determinados actores económicos para que los jubilados hipotequen su casa para aumentar unos pesos más su jubilación es una manera de darles un poder terrible a los actores del sistema financiero para que de alguna manera se hagan de inmuebles que son una parte muy importante de la estructura económica del país. Otro ejemplo tiene que ver con que las AFAP puedan invertir en el exterior. Con eso ya entramos a ser una timba financiera con los ahorros de los uruguayos y las uruguayas.

Hablando de costos políticos, ¿cree que el gobierno está asumiendo la responsabilidad en lo que refiere al caso Astesiano?

Las últimas salidas del presidente de la República marcan que entre lo que pasó en noviembre y lo que estamos viendo ahora, en febrero, el gobierno y, particularmente, Presidencia todavía no tomó real dimensión del impacto que esto tiene para la credibilidad de gobierno.

No asumió la gravedad que esto tiene, pero sobre todo la gravedad política que tiene el hecho de que el responsable del cuidado de la institución presidente no asume en definitiva la gravedad de lo que se sabe. Y el primero que no toma dimensión real de esto es el propio presidente, porque dice que a él no lo “involucra”. A él le involucra 100% porque era su custodio, era su persona de confianza. Entonces, el presidente en vez de disparar para adelante lo que debería hacer es asumir que se generó un problema enorme en Presidencia a partir de la acción de Astesiano, y no echarle la culpa a los medios, no echarle la culpa a Astesiano.

El principal enemigo del presidente Luis Lacalle Pou es el ciudadano Luis Lacalle Pou. Está, de alguna manera, perdiendo de vista que él debería ayudar a recuperar la credibilidad de la institución presidencial y no polarizar. Llegó a decir que hay dos medios vinculados a la izquierda que son los que sacan la información. Eso es gravísimo.

El presidente tiene que darse cuenta de que no puede polarizar más, que debería tratar de bajar la pelota al piso, pero sus salidas a la prensa no son de bajar la pelota al piso, sino que se lo nota fuera de tono y está sumamente agresivo con los trabajadores de la prensa, con determinadas posiciones de la central sindical o del FA que no le vienen bien al estado del debate que está teniendo este tema hoy.

Se destituyó a la cúpula policial, pero no por el caso Astesiano sino para “consolidar el éxito”, según el ministro Luis Alberto Heber. ¿Está perdiendo credibilidad por los mandos políticos y de confianza?

Es una salida a la desesperada que hace el Ministerio del Interior al destituir a los jerarcas policiales que el propio gobierno colocó ahí. Si hay un fracaso en la política de seguridad, la responsabilidad tiene que ser de los mandos policiales, pero también de la orientación de la política que marca el ministro, el subsecretario y los diferentes responsables civiles de la política de seguridad. Creo que cortan por el lado más fino, porque en definitiva sacar al jefe de Policía que ellos mismos colocaron es una manera de decir que la situación de seguridad actual solamente se resuelve con un cambio de mando policial y no con un cambio de política de seguridad y convivencia. Lo que tiene que haber es un cambio de orientación de la política de seguridad.