La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) está trabajando para declarar “vulnerable” el complejo habitacional Jardines de Viale, ubicado al norte de La Paz, en el departamento de Canelones, comentó a la diaria Gustavo Borsari, vicepresidente de la ANV. La declaración de situación habitacional vulnerable ayudaría a “arreglar con más facilidad cada situación”, con menos requisitos y “menos ingresos por parte de las familias”, señaló en referencia a situaciones irregulares que ya exceden los 30 años y que en los últimos días tuvieron la suspensión de un remate y dos desalojos.

En 1982, con un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay, la Edificadora Sociedad Anónima empezó a construir 67 casas en el padrón 927 de La Paz. Pero la obra quedó a medio hacer y en 1992 algunas de las viviendas –adjudicadas o no– comenzaron a ocuparse de manera irregular. Como las casas no estaban terminadas, la instalación de las familias incluyó un proceso de mejoramiento de las viviendas, como, por ejemplo, conexiones a los servicios básicos.

Actualmente se han identificado tres situaciones a nivel jurídico: casas que nunca fueron adjudicadas y que se han ido regularizando mediante contratos de arrendamiento; casas que, con informes sociales de la ANV, también fueron regularizadas por contratos de arrendamiento; y casas con hipoteca. En este último escenario, que comprende a nueve unidades habitacionales, la regularización es por remate.

A mediados de marzo, un grupo de vecinos de Jardines de Viale alertó a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado sobre un remate programado para el 30 de marzo y dos desalojos para el 28 de abril. En nombre del grupo, Maira Lamadrid pidió que “se pare todo y no quede más gente en la calle”, además de que “se cumpla con la ley que rige el derecho a la vivienda”. Aclaró que la intención de las familias que ocupan es encontrar alguna forma para “poder comprar la vivienda”.

Los desalojos que estaban previstos correspondían a dos espacios que en el proyecto original del complejo habitacional no eran casas sino locales comerciales, pero que luego de un período de abandono fueron ocupados y acondicionados por familias.

Lamadrid contó que anteriormente ya hubo remates de casas: “Dos de ellas las pudieron comprar las personas que vivían ahí; [pero] a otras dos les llegó el papel de remate y desalojo a las familias, por lo que tuvieron que abandonar la casa y solucionar su situación actual de vivienda por su cuenta, como en este caso, porque no tuvieron ningún tipo de respuesta, solamente el desalojo. La casa fue a remate y la compró un tercero”.

Todo esto quedó en suspenso en los últimos días. En el caso del remate, la persona ocupante interpuso un recurso de amparo que detuvo el proceso por 90 días. En cuanto a los desalojos, la ANV concretó un acuerdo de arrendamiento con las familias y resolvió suspender el lanzamiento.

“Prácticamente no existe la posibilidad de que queden afuera”

Borsari aseguró a la diaria que no se trató de una marcha atrás de la ANV y negó que la comparecencia de los vecinos ante la comisión haya influido en las resoluciones del organismo. “Nosotros suspendimos un remate que venía vía judicial antes de lo del Parlamento”, afirmó.

Señaló que actualmente la ANV está “elaborando posibles soluciones” y convocando a los vecinos de Jardines de Viale “en forma individual” para regularizar las situaciones y alcanzar acuerdos, algunos de los cuales “ya se han firmado”. Consultado sobre el recurso de amparo interpuesto en el caso del remate y su plazo de 90 días, manifestó: “Supongo que vamos a alcanzar un acuerdo antes con la familia”.

Ante la Comisión de Vivienda del Senado, el presidente de la ANV, Klaus Mill von Metzen, manifestó que en Jardines de Viale “existe un reconocimiento de una ocupación irregular por más de 30 años sin contraprestación alguna”. No obstante, apuntó que en el último tiempo “muchas familias accedieron a los procesos de regularización que lleva adelante la ANV y, actualmente, más de 50% de las unidades se encuentran al día con sus obligaciones”, lo cual “demuestra el buen resultado de las gestiones que se están aplicando”.

Borsari indicó que el objetivo del remate era la regularización de la titularidad del inmueble hipotecado. Definió el remate de la casa como una “fórmula” para “defender el precio” y “quedarnos con el bien” desde la ANV. “Las familias que están ocupando no son propietarias de los bienes; en general, son ocupantes, y el titular es otra persona que por determinadas circunstancias no está. Entonces, con el remate nos hacemos del bien, llamamos a las personas que están ocupando y regularizamos”, señaló. Aclaró, no obstante, que en este momento se pretende acordar alguna solución con las familias y evitar la opción del remate.

“Sea por A o por B, es decir, por el remate y luego la adjudicación o por la solución administrativa que varias familias ya han usado, prácticamente no existe la posibilidad de que queden afuera”, aseguró.