En el marco del inicio de la votación general del proyecto de reforma de la seguridad social en el plenario de la Cámara de Diputados, el director del Banco de Previsión Social en representación de los empresarios, José Pereyra -que se opone a la reforma-, publicó en Twitter que la iniciativa se promovió “pidiendo el esfuerzo de los uruguayos, sin analizar la gestión”.

Pereyra acompañó el tuit con información sobre qué porcentaje de las erogaciones que tiene que realizar el Banco de Previsión Social (BPS) representa el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los datos fueron otorgados por el propio organismo a través de un pedido de acceso a la información pública que realizó el director.

En el extracto de documento publicado se explica que se consideran erogaciones a “todos los egresos efectuados en el año, los que incluyen aquellos derivados de las prestaciones a activos y pasivos, los gastos de gestión e inversiones, egresos genuinos del BPS, así como también aquellas partidas en las que el organismo oficia como agente de recaudación, y/o gestiona su cobro o pago: las prestaciones y transferencias a terceros, las que no corresponden a conceptos propios del sistema de Seguridad Social administrado por el BPS”.

De acuerdo al texto, el total de erogaciones para el año 2020 ascendió a 466.735.987.965 pesos. Del total, los egresos correspondientes a jubilaciones fueron 145.643.507.615 pesos, lo que representa un “31,20%”. En tanto, las pensiones clasificadas como contributivas representaron un 8,7% de las erogaciones totales. Dentro de las no contributivas, tanto la pensión por vejez como la otorgada a víctimas de delitos violentos implicaron un 2,56% y 0,01% respectivamente.

Por su parte, las pensiones reparatorias, pensiones graciables y por violencia doméstica, que son de cargo de Rentas Generales, representaron un 0,43%, 0,01% y 0,004%, en ese orden.

Por último, en relación a las asignaciones familiares que surgen a partir de la Ley 15.084, promulgada en 1980, el porcentaje fue de 0,16% del total de los egresos en 2020. Y en el caso de las que emanan de la Ley 18.227, del nuevo sistema de asignaciones familiares a “menores en situación de vulnerabilidad” promulgada en 2007, y que también se incluyen en el presupuesto pero son cargo del Ministerio de Desarrollo Social, representaron 1,83%. Así, en total, los gastos por pensiones y jubilaciones y otras prestaciones ascenderían a casi 45% de los gastos totales del organismo.

De todas formas, esta cuenta difundida por el jerarca no incluye el gasto en subsidios de maternidad, por enfermedad y de desempleo, que particularmente en 2020, debido a la pandemia, aumentó considerablemente, lo que hace descender el peso relativo del gasto en jubilaciones y pensiones.