El Frente Amplio (FA) presentó el viernes una “acción de nulidad” ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la resolución, aprobada por el directorio de Ancap en setiembre del año pasado, “que abre el camino a la privatización del pórtland”, anunció este domingo en Twitter el senador de la oposición José Nunes. El proceso de asociación privada en curso, sostuvo, “viola” la Constitución, “es contrario al interés nacional” y afectará “muy negativamente” a los departamentos de Lavalleja y Paysandú, donde hay instalaciones de la empresa estatal.
Recientemente, los representantes del oficialismo en el directorio de Ancap –con la excepción de Cabildo Abierto– aprobaron el pliego de licitación pública para continuar con el proceso de asociación privada en el sector del pórtland, deficitario desde hace años. Hay tres esquemas de asociación posibles: uno integral y dos parciales. Pero en cualquier caso se disponen contratos de comodato por 30 años y una participación minoritaria de Ancap dentro de la sociedad. Se prevé que la licitación culmine en el segundo trimestre del año y que la asociación comience a funcionar en 2024.
En el recurso presentado por el FA ante el TCA, al que tuvo acceso la diaria, se sostiene que la actuación del directorio de Ancap es “contraria a la regla de derecho”, resulta improcedente en cuanto al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) y, sobre todo, vulnera el artículo 188 de la Constitución, que establece que “para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos”, como Ancap, “se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada cámara” del Parlamento.
Por estos motivos, el FA sostiene que la actuación del directorio de Ancap constituye una “vulneración de la buena administración” y pide al TCA la nulidad de la resolución que avala la asociación privada.
La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, una de las firmantes del petitorio, señaló a la diaria que ahora “se inicia un proceso y el tribunal verá si amerita –o no– esa nulidad que pedimos nosotros”. Advirtió que este tipo de instancia judicial conlleva “procesos largos”.
“Lo hacemos amparándonos en la tarea nuestra, que es controlar y legislar. Más que nada nos amparamos en el artículo 188, [por el cual] esto tiene que tener el visto bueno de las cámaras, acá de alguna forma se le pasa por arriba a lo que mandata la Constitución. Debería haber pasado por el Parlamento y no pasó”, sostuvo Della Ventura.
El escrito elaborado por el FA sostiene que la resolución de asociación privada aprobada por el directorio de Ancap “dispone un procedimiento competitivo que se encuadra” en lo previsto por el artículo 188; por lo tanto, se requiere la habilitación mediante una ley “específica y no genérica” para disponer el vínculo entre empresa pública y empresa privada. Esto “no se configura y por tanto impide el cumplimiento de las funciones de contralor y legislativa atribuidas al Poder Legislativo por mandato constitucional”.
Vicepresidente de Ancap: “No tienen interés directo, personal y legítimo para el reclamo”
Consultado al respecto, el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, señaló a la diaria que en el pórtland, a diferencia de otros sectores, la empresa estatal “está en competencia” y afirmó que “desde el punto de vista de una asociación [con capitales privados] el artículo 188 no cuestiona que una empresa pública disponga como ente autónomo, porque como ente autónomo tiene autonomía para disponer de sus recursos”.
Según Durand, el actual proceso de asociación con un socio privado “no tiene que ser validado en forma absoluta por ningún Parlamento”. “En todo caso, debiera existir una ley que impidiera la asociación”, agregó.
Aunque aclaró que el directorio todavía no ha sido notificado sobre el recurso presentado por el FA, el vicepresidente de Ancap dijo que “la legitimación de la demanda no es de recibo jurídico”, porque tanto Della Ventura como la diputada Cecilia Bottino –la otra firmante del documento– “no tienen interés directo, personal y legítimo para el reclamo”. A título personal, afirmó que la oposición pretende “desalentar los procesos competitivos presentes”, aunque aseguró que el recurso no tiene efecto suspensivo y el fallo del TCA puede demorar entre dos y tres años.
En tanto, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, afirmó días atrás en entrevista con MVD noticias que el gobierno está actuando “sobre un negocio que da pérdidas hace demasiado tiempo”, frente a competidores con “plantas mucho más eficientes y más grandes que las nuestras”. “Yo conocí un Ancap con una participación de mercado del orden del 60%, hoy estamos en el 32%”, indicó. Aparte de Cementos del Plata, la marca comercial de Ancap, en el mercado local están Cementos Artigas, Cielo Azul y Ciemsa.
Stipanicic explicó que una vez completado el proceso de asociación privada, Ancap seguirá controlando los yacimientos de piedra caliza, mientras que “un tercero” operará sus tres plantas industriales y hará “las inversiones necesarias” para mitigar el déficit en el sector. “Ancap se mantiene en el negocio”, subrayó.