Entre las 10.00 y las 13.00 del miércoles, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) comparecieron ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, luego de hacerlo ante la Cámara de Senadores el día anterior. Además de abordar el Plan Avanzar y la iniciativa Madera -un programa que incentiva la construcción de viviendas sociales de ese material-, sobre el final del encuentro se plantearon cuestionamientos en relación a la adjudicación discrecional de un apartamento que provocó la renuncia de la exministra de Vivienda, Irene Moreira.

“Explicaciones no dio ninguna porque dijo que está en la investigación administrativa”, contó a la diaria la diputada cabildante Elsa Capillera, con referencia al actual ministro, Raúl Lozano. Lo que sí expresó fue que existían 14 solicitudes de excepción, cifra que el MVOT hizo pública apenas dos días atrás. De ellas, hay “cuatro que se entregaron, una que no, dos que renunciaron y siete que están en una lista pero no fueron entregadas”, mencionó Capillera.

A la vez, Lozano aseguró no tener conocimiento sobre lo expuesto luego de la comisión del martes por el senador frenteamplista Sebastián Sabini, quien anunció que “hay 47 casos por lo menos”. Según Capillera, el ministro se enteró ayer “por la prensa” y sólo planteó que la información surgirá una vez finalizada la investigación. La diputada agregó que Lozano habló de procedimientos similares llevados a cabo en 2009, pero no pudo terminar “porque Cecilia Cairo dijo que ellos ya sabían todo eso”. Aunque la representante de Cabildo Abierto le pidió al mandatario que le “pasara la información”, también decidió hacer un pedido de informes. La idea es averiguar “cuántas casas se entregaron bajo la misma normativa” entre 2009 y 2020, porque “si ya existía y se hacía de la misma forma, no entiendo cuál fue el tema con la exministra”, declaró.

Por su parte, otro de los integrantes de la comisión, el colorado Walter Cervini, relató, en diálogo con la diaria, que “las diputadas integrantes del FA manifestaron que no era el mismo procedimiento”. Además, mencionó que “las viviendas que todavía estaban sin otorgar por ese método quedaron en stand by” hasta que culmine la investigación.

“La situación es más compleja”

“Quedamos muy preocupados”, dijo la presidenta de la comisión, Cecilia Cairo, en rueda de prensa luego de la reunión. La diputada frenteamplista se refirió a “un problema bastante grave” vinculado a “dos circulares firmadas por el mismo director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, que decían dos cosas distintas con respecto a la adjudicación de las viviendas”. Una “era con entrevista” e implicaba “en 15 días ir a ver a la familia y hacer un informe social”. La otra “hablaba solamente de que la ministra demandaría un informe ampliado” y “definiría quién es el adjudicatario”.

Ante el cuestionamiento de la oposición, Ceretta respondió que se trataba de diferentes programas. En consecuencia, acordaron “abrirlos” para “ver cuáles son las adjudicaciones que realmente dio el ministerio”, argumentó Cairo. “El director nacional de Vivienda sigue manifestando que esta adjudicación no es irregular, porque está en el marco del convenio de 2009”, pero “nosotros seguimos insistiendo” en que sí lo es, agregó. La parlamentaria, que opinó que “Ceretta debería irse” por su accionar, mencionó además lo informado sobre el Plan Avanzar. Según expresó, los 240 millones de pesos de inversión corresponden a “lo que ya tenía el ministerio con el préstamo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” y, por lo tanto, desde el MVOT “vienen arrastrando” obras que “ya existían”.

Por último, otra diputada que habló al respecto de las circulares fue la frenteamplista Lucía Etcheverry. En conversación con la diaria, planteó que “la situación es más compleja” de lo que se suponía, porque “pueden ser muchos más casos de los que se han dado a conocer”.

En definitiva, “quedó claro que no hay ninguna posibilidad de interpretar distinto la resolución vinculada al viejo programa de ONU Mujeres y que acá hubo una práctica que fue discriminatoria y absolutamente discrecional de la ministra”, concluyó.