La Asociación Rural del Uruguay (ARU) reiteró en un comunicado, este jueves, su “preocupación” por “las consecuencias negativas que tiene en el sector agropecuario la baja del tipo de cambio”, que se suma, señaló, “a la sequía histórica que enfrenta el país”, la cual “impacta negativamente en las empresas del rubro, lo que terminará redundando en una menor rentabilidad, pérdida de empleo y disminución de la inversión, que afectará el crecimiento económico del país”, advirtió.
Para la ARU, frente a este panorama, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. Recordó que mantuvo contactos con las autoridades, junto a otras organizaciones, para “buscar medidas que ayuden a paliar esta situación”, y “la única solución que mencionaron las autoridades fue la participación más activa de las empresas públicas en el mercado de cambios”.
“Sin embargo, el 19 de mayo el Banco Central del Uruguay (BCU), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió un comunicado que cambió las condiciones para el pago de algunas Notas del Tesoro en UI (unidades indexadas) y UP (unidades previsionales) con vencimiento en mayo y junio”, que tienen como pago natural el peso uruguayo, pero el MEF “otorgó a las instituciones financieras la opción de elegir la moneda en la cual se efectuara el pago, pudiendo este realizarse en moneda nacional o dólares estadounidenses”, sin tener que pasar por el mercado de cambios y demandar dólares.
Si estos vencimientos se cobran en pesos, los actores pueden querer comprar dólares y, así, presionar al aumento del tipo de cambio, algo que reclaman los exportadores. Al habilitar el cobro directamente en la moneda estadounidense, se elimina esta posibilidad.
La ARU indicó que con esa medida del BCU “se evita que quienes cobren estos vencimientos participen en el mercado de cambios y se pierde la oportunidad de generar un aumento de la demanda de dólares y una presión al alza, necesaria para mejorar la competitividad del país”. A su entender, con esta decisión “el gobierno demuestra una clara incoherencia en su proceder y desconoce las consecuencias negativas que esta medida tendrá para la economía del país, cuyo principal motor es el agroexportador”.