Pese a que en los últimos días comenzaron a regir nuevas medidas en el litoral para contrarrestar la diferencia de precios surgida principalmente de la brecha cambiaria existente entre Uruguay y Argentina, como las reducciones impositivas anunciadas días atrás por el gobierno, los comerciantes locales siguen denunciando una situación de alarma que golpea los niveles de empleo.

En este marco, una comisión del Centro Comercial e Industrial de Salto concurrió este jueves a la comisión de Hacienda del Senado. En esa oportunidad, plantearon que comiencen a tratarse los proyectos de ley que sobre este tema se han planteado en los últimos meses. Sin embargo, la respuesta que recibieron de los senadores es que, al implicar modificaciones impositivas, estos proyectos deben llegar desde el Poder Ejecutivo, lo que no ha sucedido.

Guillermo Luzardo, tesorero de la gremial, declaró a la diaria que la intención fue “plantear la realidad del departamento y la frontera con Argentina”, porque allí tienen, como un círculo vicioso, “el índice de desempleo más alto del país” y “muchos consumidores optan por hacer compras del lado argentino”. “Es mucha plata la que se va para afuera de la economía local que no vuelve y genera consecuencias”, expresó y agregó que por día cruzan unos 1.500 autos.

En este sentido, explicó que el proyecto que presentaron hace más de un año los senadores Sergio Botana, del Partido Nacional, y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, tras unificar los que habían presentado por separado, permitiría a los negocios locales “ser mucho más competitivos que hoy”. Pero como la iniciativa implica reducir el pago del Impuesto Específico Interno (IMESI) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de facilidades para importar productos desde Argentina para vender en Uruguay, es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Y si bien reconoció que “siempre va a existir una diferencia” de precios, es posible llevarla al “20% o 30%”, lo que, “acompañado de una campaña de concientización” para incentivar el comercio local, podría ayudar a solucionar el problema. Hasta ahora, las medidas “ayudan pero son insuficientes”, dijo Luzardo.

En este contexto es que el senador Botana propuso un posible incentivo al comercio local. En diálogo con la diaria comentó que ante el Centro Comercial e Industrial de Salto en el Parlamento planteó “la posibilidad de proponer en la Rendición de Cuentas que las compras públicas del Estado se desarrollen en las zonas afectadas por la pérdida de competitividad”. “El Estado hoy para la gran mayoría de sus compras se provee en la capital y zonas cercanas, la idea es que se pase a proveer en las zonas afectadas por desastres económicos que no son responsabilidad de la gente sino de las rigideces del propio Estado”, expresó.

“La idea es que si el país es responsable de la caída de actividad en una región, que el país se haga cargo con todas sus herramientas de compensación”, explicó el senador blanco, quien deseó que “si no se atiende este pedido por lo menos se cree conciencia” de la diferencia por regiones que hay en las compras estatales.

Luzardo dijo que la propuesta de Botana “sería de gran ayuda” porque “el gasto del Estado es muy grande y poder focalizar las compras en los departamentos más afectados sería una muy buena medida”.

Por su parte, el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, ha criticado al gobierno en más de una ocasión por la situación económica que se vive en el litoral. Recientemente, en una actividad organizada por un comité de base, dijo que “la propia realidad económica de Uruguay lleva a que muchos compatriotas vean como una oportunidad de llegar a fin de mes cruzar y hacer un surtido, y eso es responsabilidad de este gobierno”. Pero, además, cuestionó que las autoridades no habiliten la llamada microimportación de los propios comerciantes. “Capaz que lo que prioriza en la frontera con Argentina son cuatro o cinco grandes importadores que seguramente serán parte de esos malla oro que este gobierno hoy prioriza”, apuntó.

En diálogo con la diaria, Lima dijo que este “ya es un tema nacional” y que no sólo afecta al litoral porque, según expresó, en el segundo semestre de 2022 “se fueron 300 millones de dólares”, pero además “empieza a afectar al turismo”, ya que al argentino le sale caro vacacionar en Uruguay y al uruguayo le resulta barato hacerlo en Argentina. Pero, además, dijo que “el alivio fiscal” anunciado por el gobierno en la frontera no se ha trasladado a los precios, entre otras cosas porque “la caída en las ventas supera los beneficios tributarios”.

Mahía: “Estamos ante ficción”

El senador del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía, integrante de la comisión de Hacienda, dijo a la diaria que “la mayoría de los proyectos que propone la coalición en realidad son mucho más para hacerle un guiño a la gente” del litoral “que para hacer cosas concretas”, porque las propuestas planteadas “requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, si no, no salen”.

Por tanto, consideró que “estamos ante ficción más que otra cosa” por parte de la coalición oficialista, aunque aclaró que “el FA en comisión ya dijo” que los votos de su bancada estarían para aprobar las iniciativas sugeridas, “pero si el gobierno no se pone de acuerdo es imposible sacar algo adelante porque todo depende del Poder Ejecutivo”.