Para el mediano plazo, desde 2033, la reforma jubilatoria –Ley 20.130– establece un período de transición de las cajas paraestatales hacia un “sistema previsional común”, con una edad mínima de retiro de 65 años y la obligación de aportar al régimen de ahorro individual (AFAP). Sin embargo, en el caso de la Caja Bancaria, por su acuciante situación financiera, con un déficit estimado de 900 millones de dólares durante 13 años, se impondrá un adelanto de la reforma.

En febrero, el gobierno conformó un equipo de trabajo con representantes de los distintos órdenes de la Caja Bancaria con el propósito de elaborar un proyecto de ley para resolver el problema. Por disposición constitucional, el plazo máximo para legislar es el 27 de octubre, un año antes de las elecciones. Durante la negociación, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) se declaró en conflicto y se movilizó varias veces, pero, finalmente, hay acuerdo.

El Consejo Central de AEBU divulgó este domingo un informe con las bases de la propuesta, documento que será analizado en una asamblea general del sindicato, el martes a las 11.00 en el Antel Arena. En diálogo con la diaria, el presidente del Consejo Central, Elbio Monegal, destacó que, a diferencia de la reforma jubilatoria, esta vez se acordó que “haya una contribución pareja de las partes”, tanto de los trabajadores como de las empresas.

La solución

El informe del Consejo Central sostiene que la propuesta, que tiene el visto bueno de la Asociación de Bancos Privados y el Poder Ejecutivo, “cumple con el objetivo de salvar la Caja Bancaria”.

Aquellos trabajadores afiliados a la Caja Bancaria que generen causal jubilatoria antes del 31 de diciembre de 2024 “mantendrán totalmente sus derechos jubilatorios actuales”. En cambio, a partir del 1º de enero de 2025 “se adelanta dos años la aplicación de la reforma general”, señala el informe, que asegura que “la propuesta original del Poder Ejecutivo implicaba un incremento a partir de los nacidos en 1964 hasta llegar a 65 años de edad en los nacidos en 1971”.

En general, la reforma jubilatoria establece un aumento progresivo de la edad jubilatoria: la generación de 1973 trabajará hasta los 61 años; la de 1974 hasta los 62 años y así sucesivamente hasta los 65 años.

Asimismo, el informe admite que aquellos trabajadores que se jubilen con la edad mínima tendrán un salario básico jubilatorio y una tasa de reemplazo “que llevan a una jubilación entre 8% y 15% menor, según el caso individual”. Además, “los alcanzados por el máximo jubilatorio tendrán una rebaja que puede llegar hasta el 20%”. Y también se informa que habrá un impuesto a las jubilaciones; “hoy estamos acordando un impuesto del 4%”.

En tanto, según el informe del Consejo Central, los bancos aportarán por medio de “dos ajustes” de la Prestación Complementaria Patronal (PCP), que “serán materia de discusión parlamentaria e implican exonerar los seguros de renta vitalicia y de accidentes de trabajo”, con “un máximo legal del orden del 3%”. La PCP es un aporte patronal que depende de la actividad de la empresa.

“Las patronales deberán comprometer un tercio de los recursos requeridos. Ese aporte, aún en discusión tanto en su composición como en sus plazos, alcanzará otros 400 millones de dólares. Existe el compromiso del gobierno de que esa contribución representará ingresos genuinos para la caja y que podrá incluir la PCP”, agrega el informe.

Semanas atrás, la Asociación de Bancos Privados afirmó que el déficit de la caja “no se subsanaría”, aunque la PCP se aumente “al máximo permitido legalmente”. El año pasado los bancos privados tuvieron 245 millones de dólares de ganancias, una cifra próxima a sus récords históricos.

Por último, el Estado hará su contribución mediante la emisión de una “garantía soberana” para que la Caja Bancaria “pueda acceder al financiamiento de hasta 400 millones de dólares”. Monegal aclaró que “el Estado no pone directamente”, porque no se trata de una transferencia desde Rentas Generales a la Caja Bancaria.

La última reforma de la caja fue en 2008. En aquel entonces, consigna el informe, se proyectaron tres etapas: una primera de equilibrio financiero, que “se cumplió exitosamente”, una segunda de “déficits operativos”, que empezó en 2018 debido al aumento de los pasivos con respecto a los activos, y una tercera y última etapa de “sustentabilidad a muy largo plazo”, que no fue posible.

Según AEBU, la proyección falló por la pandemia, la aceleración de la sustitución de puestos de trabajo por avances tecnológicos y “la decisión del gobierno de eliminar vacantes en el sector público”. Por estos tres factores “se incrementó rápida e intensamente la reducción de aportantes prevista”.

El martes, en el Antel Arena, la asamblea general de AEBU considerará la propuesta presentada por el Consejo Central. Si se rechaza, “no la podremos firmar y el gobierno tomará las medidas que tenga que tomar”, una alternativa “muy negativa”, advirtió Monegal, quien estimó que asistirán “más de 5.000 personas”.