En febrero, la familia Morató anunció que las excavaciones realizadas por UTE en Paysandú para construir torres de alta tensión dañaron muros jesuitas de 400 años de antigüedad. Luego de advertir que la empresa violaba la normativa y avanzaba sin permisos, sus abogados presentaron una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y solicitaron una audiencia ante el Parlamento y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Ahora la familia comenzó un proceso judicial y citó a UTE a conciliación, con el objetivo de iniciar un juicio de reparación, además de comunicar que denunciará a los directores que se presentaron ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados por brindar información “falsa” en sus declaraciones.

Daniel Ochs, uno de los dos abogados de la familia Morató, señaló en conversación con la diaria que exponer y debatir sobre lo sucedido es pertinente, sobre todo “en tiempos en que se está hablando de dónde tiene que estar el Estado”. La preservación del patrimonio “es un cometido estatal en cualquier país del mundo, sea liberal, de derecha o de centroizquierda”, afirmó.

Más allá de los cuidados materiales, también existieron faltas a nivel laboral. Desde el comienzo de las obras, la empresa estatal no llevó adelante ningún tipo de control y “la prueba está en que en abril UTE le dijo al Parlamento que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no había encontrado ninguna irregularidad”, expresó el abogado. Según Ochs, tres meses antes, en enero, el MTSS había registrado –en documentos que fueron entregados a la Justicia– “una enorme cantidad de irregularidades gravísimas” vinculadas a la protección de los trabajadores involucrados en la construcción de las torres.

Por otro lado, con referencia a la dimensión ambiental, el abogado señaló que una arqueóloga realizó un informe en el que dio cuenta de que las estructuras deberían instalarse a, por lo menos, 500 metros de distancia de los muros perjudicados. Las torres “son monstruos equivalentes a un edificio de 20 pisos” y, por lo tanto, “hay que hacer una excavación profunda” para edificarlos, ilustró. En ese sentido, era considerable que sucediera lo acontecido pues las obras se instalaron “a 150 metros” de los bienes jesuitas.

“Más que para Morató, acá se está tratando de salvar un patrimonio que es de la nación”, subrayó el abogado. “De acuerdo a lo que dice la ley, es una cosa valiosa, que deberíamos cuidar más” y, por eso, “no estamos pidiendo un trato preferencial, sino que se apliquen los protocolos” establecidos, añadió.