Tras tres años de espera a causa de la pandemia, en agosto un grupo de 12 personas se presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicado en Ginebra, con el propósito de exponer la situación de la población afrodescendiente, indígena y migrante en Uruguay. Este jueves fueron publicadas las conclusiones del organismo al respecto, entre las que se destacó la “preocupación” por “la exclusión educativa y la pobreza infantil que afectan a los afrodescendientes”.
Asimismo, el CERD señaló “la baja representación” de esta población “en puestos de toma de decisiones y gestión en el sector privado”, con especial atención en las mujeres, quienes son las menos involucradas, según lo expresado en la página web de la oficina regional de la ONU. En ese sentido, se le solicitó al Estado que profundice los trabajos que garanticen “una coordinación efectiva entre los diversos mecanismos de equidad racial”, además de aquellos que fortalezcan “el marco institucional contra el racismo y la discriminación”.
También se observó que Uruguay no cuenta con registros sobre casos de discriminación por parte de la Policía, “a pesar de los informes que indican la persistencia de malos tratos, discriminación racial, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza contra personas y grupos protegidos”. En ese sentido, provocó una alerta que la Dirección Nacional del Interior del Ministerio del Interior no tenga independencia para investigar.
Otro de los motivos que preocupó al CERD fue el aumento “del discurso y de delitos de odio de carácter racista”. Lo expuesto aseguró que a la vez existe una “diseminación de estereotipos negativos”, que se manifiestan particularmente en “el ámbito deportivo, los medios de comunicación, e incluso en internet y plataformas de redes sociales”. En la misma línea mencionaron “casos de intolerancia religiosa”. Ante todo, se lamentó “la ausencia de normativa específica que prohíba y asigne sanciones”, así como de “un sistema oficial que releve datos” sobre cada hecho.
El informe también apuntó al Estado por su “persistente discriminación estructural contra la población afrodescendiente”, que se explicita en “el incumplimiento de la cuota del 8% establecida en la Ley 19.122”, así como a la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la que el procedimiento de selección y nombramiento de cargos directivos “no es suficientemente claro, transparente y participativo”.
Por otro lado, se resaltaron las carencias en materia de acceso a la salud, a la seguridad social y a la vivienda digna, y la “exclusión educativa” y la “pobreza” que afecta a los niños y niñas de esta población.
Indígenas y migrantes
Además de lo planteado respecto de la comunidad afrodescendiente, el CERD hizo referencia a “la persistente invisibilización y discriminación racial contra los pueblos indígenas”, expresadas por medio de “estereotipos y prejuicios”. El organismo se manifestó en contra de la calificación establecida por el Estado, que describe a este sector como una “minoría no visible”, pues “no contribuye a su reconocimiento” y no responde a la Convención y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se establece “su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia de acuerdo con sus costumbres y tradiciones”.
Mientras tanto, con relación a las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, se subrayó que estas usualmente son objeto de “xenofobia y dicriminación racial”. Aunque el comité valoró los esfuerzos realizados por el gobierno “en materia de integración social y regularización de estatus migratorio” -como el Plan Nacional de Integración para Migrantes-, observó que hay “una falta de estadísticas sobre el impacto y los resultados de las medidas implementadas para regularizar el estatus migratorio”.