El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se presentó este viernes desde las 12.40 ante los legisladores de la Comisión Permanente. Al iniciar su alocución, Martinelli pidió que fuera un debate “por lo alto” y con “respeto” porque es un tema que preocupa mucho “a toda la ciudadanía y se merece de los gobernantes un debate con altura”. Adelantó que pedirá una sesión secreta para hablar sobre el “desmantelamiento” de las bandas criminales en distintos puntos del país.

Apuntó que la seguridad es una política de Estado. “Esto no son sólo palabras, no es una expresión de deseo, son hechos concretos. Por eso, hace poco más de un año, en diciembre de 2022 este gobierno y el Ministerio del Interior decidieron convocar a todos los partidos políticos para trabajar en un acuerdo multipartidario sobre todo lo vinculado a la prevención y sus causas”, expresó Martinelli con relación a la mesa interpartidaria.

Según el jerarca, fue un “trabajo arduo e intenso” de seis meses, en el que participaron organizaciones públicas, privadas, académicos, como también organizaciones civiles de derechos humanos y el comisionado parlamentario para las cárceles. “Todos aportaron su visión y propuestas”, dijo. De esas más de 70 propuestas, se hizo una sistematización y así se llegó a las 16 medidas que están en la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva (ESIP).

Para Martinelli, esos consensos con esa “mirada de política de Estado se lograron y hoy estamos llevando adelante la mayoría de esas medidas”. “La vocación de acuerdo por parte de este gobierno está; lamentablemente algunos, por razones político-electorales, decidieron no acompañar estas medidas”, señaló tanto en alusión al Frente Amplio como a Cabildo Abierto, que no acompañó buena parte de esas propuestas.

Enfoque dual

Martinelli se explayó sobre la estrategia del Ministerio del Interior basada en “un enfoque dual”, que incluye la represión pero también el abordaje de las causas de los delitos. Dijo que no llegaron “por casualidad ni por capricho a esta estrategia”. “Esta estrategia recoge 20 años de fracasos en políticas de seguridad, recoge también los éxitos que han pasado en otros países, la experiencia a nivel nacional, y también recoge, por supuesto, todo el trabajo de la academia”, afirmó.

Con la academia, dijo, en el último año afianzaron los vínculos y han recibido muchos aportes “sumamente” necesarios para el debate y para la planificación de políticas públicas en materia de seguridad. En ese marco, se refirió al estudio sobre crimen organizado y homicidios En las grietas del Estado, gobernanza criminal en Montevideo, que llega a algunas “conclusiones bien interesantes y que también reafirman que esta estrategia de enfoque dual es la estrategia que debe seguir cualquier gobierno, más allá de a quién le toque gobernar en el próximo período”.

“Esta tiene que ser la base de una política de Estado. Después podemos tener matices, obviamente, en cómo abordar el trabajo de las causas, en cómo abordar el despliegue policial en territorio, pero la estrategia de enfoque dual es la que tiene que perdurar y este es uno de los grandes aportes que va a dejar este gobierno en materia de seguridad pública como política de Estado”, señaló.

El aumento de la denuncia de delitos

Martinelli analizó el aumento de las denuncias de delitos desde 1985 hasta 2004 y luego hizo lo mismo desde 2005 a 2019, en los gobiernos del Frente Amplio. “Del 85 hasta el 2005 vemos claramente un trabajo más focalizado en la represión policial y muy tímidamente un abordaje en materia de las causas. Hay un crecimiento moderado pero sostenido de los delitos durante esos años. ¿Por qué? Porque la política de represión ayuda a contener el delito pero no ayuda a bajarlo. Por eso en esos períodos hay algunos años de bajada pero la suba del delito es en forma sostenida”, analizó.

En tanto, dijo que durante la administración del FA, “bien intencionada”, decidió “trabajar en una política más focalizada en el tema del abordaje de las causas o de prevención, pero como para los gobernantes de aquel momento la palabra represión era mala palabra, entonces dejaron de lado este otro pilar bien importante”.

En ese sentido, dijo que “claramente se ve cuál es la consecuencia de no haber trabajado también con políticas de represión”. “En la gráfica de los homicidios y de los delitos y de las rapiñas, aproximadamente por el año 2010-2011 hubo una disparada importante de este tipo de delitos. Naturalmente que fue una política bien intencionada, creo que mal ejecutada, en algunos casos el abordaje vinculado a las causas, con un Ministerio de Desarrollo Social que tenía muchos programas y muchas políticas dispersas, que no focalizaban, que no llegaban a la población a la que tenían que llegar”, expuso.

Agregó que a eso se suman “decisiones vinculadas a la Policía Nacional que creo que fueron desacertadas, como el desmantelamiento de la Brigada de Drogas de Montevideo y Canelones para trabajar en el microtráfico, [ya] que eso dio lugar a un crecimiento exponencial de las bandas criminales y bandas familiares en determinados barrios de Montevideo y que culmina con un período que tiene una tasa de crecimiento de homicidios del 108%, una tasa de crecimiento de las rapiñas del 240% y una tasa de crecimiento de los hurtos del 29% durante este período del 2005 al 2019”, indicó.

Por eso, expresó, la estrategia debe tener un enfoque dual: “Es el aprendizaje de estos dos grandes períodos que hemos señalado hoy, en donde en ninguno de los casos se pararon sobre un enfoque de mirada dual, siempre fue en uno o en otro de los pilares”.

Las compras de equipos

Martinelli remarcó las compras de equipos para los efectivos policiales. Según dijo en la sesión, hubo un “un récord de inversiones y, ni que hablar, si le sumamos el funcionamiento”. “2023 fue un 39% más que en 2022 en materia de inversiones, un 146% más que en 2020, y un 200% más que en 2019. Esto habla a las claras del compromiso de este gobierno en materia de seguridad pública y naturalmente de un entendimiento del Ministerio de Economía en prestarle a este ministerio los recursos necesarios para llevar adelante la estrategia y la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia”, valoró Martinelli.

El jerarca dijo que eso “se traduce en el terreno, en el campo, en un mayor incremento de patrullaje, en un incremento de los controles, en más intervenciones”. En ese sentido, se refirió a los puntos de control desplegados en todo el territorio nacional en operativos de “alto” y “bajo” impacto.

“Han sido más de 191.000 puntos de control, en los cuales hemos registrado más de 1.200.000 personas. Eso quiere decir que prácticamente un tercio de la población uruguaya pasó en algún momento por alguno de estos controles. Son controles que hay que reconocer que dan buenos resultados. Hay 1.228 personas que estaban requeridas y que fueron puestas a disposición de la Justicia gracias a estos controles”, resaltó.

Actuación en cuatro barrios de Montevideo

Martinelli hizo foco en cuatro barrios de Montevideo (Villa Española, Boix y Merino, Marconi y La Cruz de Carrasco) que están intervenidos, donde hay un alto índice de delitos. Según el jerarca, fue “un enorme trabajo de la Policía Nacional, en su conjunto, en equipo con diferentes unidades, entre ellas Inteligencia, Investigaciones, Guardia Republicana y tantas otras unidades que apoyan a diario el trabajo que se hace en las calles”, valoró.

El secretario de Estado reveló que en esos cuatro barrios hubo 267 allanamientos, 140 vehículos incautados, 69 armas fuera de circulación, 301 detenidos, 28 formalizados y 101 condenados.

Abdala: la violencia se incrementa y “no es un problema exclusivamente de los uruguayos”

A su turno, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, dijo que se vive en una sociedad donde los niveles de violencia “se incrementan”. “Eso acontece en el Uruguay y en la sociedad moderna. No es un problema exclusivamente de los uruguayos. Está claro que la explicación, el origen, el motivo, la circunstancia de la violencia que se ejerce en la sociedad y que está asociada particularmente al delito de homicidio, que es la situación de violencia extrema, para tomar un ejemplo que nos puede servir para hacer clínica, notoriamente es una violencia que tiende a diversificarse, que tiende a tener las más diversas causas y que no podemos cometer el reduccionismo o la simplificación de entender, de sostener o de postular que está asociada sólo al tema del narcotráfico, a la circunstancia del enfrentamiento de bandas o a los ajustes criminales que se dan con frecuencia con relación a ellas. Creo que hemos caído muchas veces en el reduccionismo en el sentido de tratar de encontrarle rápidamente eso a nivel de la población en general y a nivel de la convivencia social que todos componemos y conformamos”, reflexionó.

Dijo que lo que “está pasando” es de una “profundidad bastante mayor”. “Tenemos más violencia doméstica, más violencia de género, más violencia hacia las niñas, los niños y los adolescentes, tenemos más violencia verbal, más intolerancia en la sociedad a la hora de la integración y la convivencia entre todos nosotros. Esto se traduce en algo que no puede faltar en el análisis a la hora de abordar estos temas porque sino estaríamos fuera de la realidad”, consideró.

Por otra parte, aludió a las tobilleras que tienen “doble utilización”: las que se asocian a la violencia doméstica y sirven por lo tanto como una medida cautelar o como una herramienta para el cumplimiento de la medida cautelar en el caso de la violencia de género, o para el cumplimiento de las medidas de arresto domiciliario. En lo que respecta a la violencia doméstica, constataron un uso que “no es del todo óptimo” en cuanto a la administración de las tobilleras y así se lo hicieron saber a la Suprema Corte de Justicia.

“Lo único que nos preocupa es que cuando no hay tobilleras disponibles tenemos que disponer policías para que cuiden a las víctimas o a las presuntas víctimas, y eso de la verdad también es una parte. Por supuesto que eso es real, en este momento en Montevideo tenemos 40 situaciones aproximadamente que demandan en el entorno de 250 policías diarios afectados a la custodia y a la vigilancia de presuntas víctimas de violencia doméstica y eso desde el punto de vista de la gestión policial preocupa”, expresó.

Las cárceles

El MI informó que se lleva adelante un programa piloto que “resulta bien interesante”, donde participa la academia, “que tiene que ver con la posibilidad de que 500 personas privadas de libertad reciban una tarjeta social específica, con un dinero para aseo personal o para alimentación, así como también una tarjeta para el transporte”. “En el transcurso de los seis meses, en los cuales se les va a ir renovando ese monto mes a mes, van a estar asistidos, y hay un seguimiento por parte de los equipos multidisciplinarios del Mides y del Ministerio del Interior, que busca precisamente cortar el círculo vicioso de la reincidencia”, indicó.

“Si funciona y si logramos obtener buenos resultados, sin lugar a dudas podemos transformar esta herramienta en una mucho más masiva y seguramente en la próxima ley de presupuesto podamos pedir más recursos para aumentar la cantidad de cupos de personas privadas de libertad que tengan la oportunidad de recibir esta prestación”, indicó Martinelli.

Luis Mendoza, director del Instituto de Rehabilitación, señaló en sesión que desde el inicio del gobierno se generaron 1.335 plazas para los privados de libertad. En ese sentido, dijo que hay 569 plazas en construcción y que se proyectan otras 2.120. “Las plazas hoy son 13.071 plazas. El total de internos son 15.431. Nos faltan 2.360 plazas. Cuando terminemos el período vamos a tener 2.689 plazas habitadas o en construcción, lo que significa que al día de los internos que tenemos hoy queda un superávit de 329 internos”, expresó.